Reformas a ley de compras públicas impiden vigilar uso de $1,579 millones en gobierno de Bukele

Fusades pide al presidente Bukele que derogue las modificaciones que hizo al reglamento de la LACAP, ya que debe haber transparencia en el manejo de los fondos públicos.

descripción de la imagen
Fachada de Casa Presidencial. Foto EDH / Archivo

Por Katlen Urquilla

2020-10-06 9:22:19

Que el presidente Nayib Bukele deje sin efecto las reformas al reglamento de la ley de compras estatales, ya que impiden vigilar el uso de más de $1,500 millones en compras públicas, es lo que pide Fusades, luego de un análisis legal de las disposiciones vigentes desde el pasado 27 de agosto.

“Es importante que el Presidente de la República derogue las reformas al Reglamento de la LACAP y se hagan siguiendo el proceso que establece la Constitución para modificar una ley, y es por medio de la Asamblea Legislativa”, indica la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en su documento.

El pasado 10 de agosto Bukele y el nuevo Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, firmaron el decreto 30 de la Presidencia de la República que contiene reformas a los artículos 44, 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). La primera permite que las ofertas de contratistas en los procesos de libre gestión y compras directas se puedan enviar por correo electrónico, lo cual no está permitido en la LACAP.

Al margen de ley, Bukele hace reformas al reglamento de la ley de adquisiciones y compras

Otro de los cambios eliminó los requisitos para llevar un registro de los que retiran bases de licitación para participar en un proceso de contratación de un bien o servicio con el Estado. Y la tercera reforma es para que las convocatorias de licitaciones públicas sean también en medios digitales, lo cual no está contemplado en la ley de compras estatales.

Por ello, Fusades señala que las reformas son “un exceso de la facultad reglamentaria que tiene el Órgano Ejecutivo y son por ello inconstitucionales” y se hicieron de forma inconsulta y repentina, por lo que constituyen una vulneración al derecho fundamental de acceso a la información de la ciudadanía y son un retroceso al principio de transparencia y publicidad, apunta.

Millones están en juego
Los argumentos de Fusades y la petición para que se deroguen esas reformas es porque se convierten en una traba para la fiscalización de los fondos públicos.

“Para comprender mejor la importancia de las compras públicas y su relación directa con la situación fiscal del país es importante señalar que para el cierre del año 2020 se tiene una proyección que el monto ejecutado en bienes y servicios será de $1,579.25 millones, lo que representa aproximadamente el 6.41% del PIB”, señala en su análisis.

Este señalamiento cobra relevancia luego que el expresidente del BCR, Nicolás Martínez, confirmara que el Ejecutivo ha contado con más de $3,000 millones para atender la emergencia sanitaria, además del dinero del presupuesto general, lo que hacen más de $6,000 millones. Sin embargo, funcionarios de Bukele como el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya y el de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, entre otros, se han negado a rendir cuentas de los fondos públicos que han tenido asignados.

Lacap garantiza transparencia y descentralización en las compras del Estado

Fusades destaca que las compras públicas, justamente por constituir una parte medular en las finanzas del Estado, “deben ser totalmente transparentes y garantizar que están siendo usadas de forma correcta para atender la pandemia”.

Añade que si bien la digitalización del Estado y la eficiencia en las compras es fundamental, se debe hacer de manera legal y respetando la Constitución. “No se puede pretender digitalizar el sistema de compras públicas vía reforma reglamentaria”, remarca.

Fusades considera que toda reforma que se haga al sistema de compras públicas debe estar orientada hacia la consolidación de los principios de transparencia, publicidad, competencia y rendición de cuentas. “Y más en el marco de una emergencia en la que debe asegurarse que los fondos extraordinarios sean utilizados para atender la pandemia”, concluye.