Tras cinco meses de que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció oficialmente el 4 de marzo que el país negociaba un acuerdo con el fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,300 millones, el Gobierno aún no amarra el salvavidas financiero que le permitirá cumplir los compromisos fiscales y el déficit presupuestario de 2021.
Pero desde que se confirmó la negociación, el oficialismo ha impulsado medidas que han tenido en la cuerda floja el acuerdo, como la destitución de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General el 1 de mayo, y luego la aprobación de la Ley Bitcoin en junio.
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De hecho, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió el 10 de junio que la toma de decisiones como la Ley Bitcoin ponían en riesgo el acuerdo entre el Fondo y el Gobierno salvadoreño.
También el portavoz del FMI, Gerry Rice, afirmó en esa ocasión que “adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”.
Rice había dicho el 20 de mayo que el organismo mantenía las discusiones sobre un acuerdo fiscal con El Salvador, pero que estaban relacionadas con el manejo de las finanzas públicas, la transparencia presupuestaria y la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, algunos economistas, como Tatiana Marroquín, aún creen que hay una pizca de esperanza de salvar el acuerdo.
“Yo no creo que se hayan cerrado todas las posibilidades, pero sí lo veo poco probable porque no veo luces en el Gobierno de cambiar la forma de manejar las finanzas públicas y eso podría imposibilitar un acuerdo con el FMI”, dijo Marroquín.
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Pero considera que medidas como la Ley Bitcoin, que entrará en vigencia en septiembre, no da buena señal para alcanzarlo.
“Los endeudamientos sucesivos que se dan en el país dan una muestra de que no hay un plan de ordenamiento de las finanzas públicas y mucho menos uno que se acerque a la Ley de Reponsabilidad Fiscal que han dejado tirada totalmente”, agregó.
También señaló el crecimiento en adquisición de bienes y servicios por parte del Gobierno, el pago de salarios, la poca transparencia del uso de los fondos públicos, entre otras acciones que podría tomar en cuenta el Fondo.
Mientras que el economista Claudio de Rosa opinó que el hecho de que el organismo destine billones de dólares para la reactivación económica mundial significa que los fondos para un acuerdo con el FMI “están seguros”.
“Las negociaciones con el fondo no son negociaciones tradicionales, son negociaciones bajo condiciones especiales porque el FMI y los grandes países están tratando de ayudar, bajo una condicionalidad”, indicó.