“Hay que ser bobos para salir a buscar deuda al mercado internacional”, dijo a principios de 2022 el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en una clara aceptación sobre la delicada situación que tiene el país a nivel de calificación de riesgo, algo que ya han señalado varias agencias calificadoras.
De hecho, un reciente análisis realizado por The Economist Intelligence Unit (EIU), sostiene que el perfil de riesgo del país está tan delicado que imaginar un escenario en el que El Salvador cae en impago no es imposible.
En este sentido, entran en juego muchos factores que ya son conocidos en este contexto, como lo es el tema de las políticas económicas que ha adoptado el gobierno de Nayib Bukele, algo que se refiere específicamente a la Ley Bitcoin, una medida que ha sido señalada como riesgosa para las finanzas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el EIU, es precisamente ese punto el que también agrega más presión a la ya delicada situación económica del país en los mercados internacionales, pues El Salvador necesita lograr un acuerdo con el FMI para que el organismo le brinde asistencia financiera por hasta $1,300 millones.
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De acuerdo con el informe “la falta de un acuerdo con el FMI, así como los indicadores fiscales y de deuda pública deficientes, además de las políticas económicas como la Ley Bitcoin, aumentan el riesgo de caer en impago”.
Lo anterior, según el EIU suma a la creciente deuda pública que tiene el país, misma que podría alcanzar niveles bastante altos con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años, tal como lo sugiere el mismo FMI al afirmar que podría llegar al 96% en 2026, mientras que el análisis del EIU advierte que para el 2023 podría golpear la cifra del 90% del PIB.
“Este alto endeudamiento también está pesando sobre la calificación de riesgo”, señala el informe.
La situación actual
En este panorama de endeudamiento y de falta de acuerdo con el Fondo, el EIU coloca el riesgo soberano de El Salvador en 63 puntos de una escala de 0 a 100, misma que sirve para medir el riesgo de todos los países.
En este sentido, los países que están más cerca del 0 son aquellos con una mejor calificación de riesgo, es decir, que pueden acceder de forma más fácil a distintas fuentes de financiamiento gracias a su buena calificación, misma que surge a partir de las probabilidades que tienen para pagar sus deudas.
La escala se representa también con letras, es decir, los mejores evaluados están en el segmento AAA, mientras que los peor evaluados pueden estar en el segmento de las letras C y D. El Salvador, actualmente, se encuentra con una calificación de CCC.
De hecho, el análisis del EIU sitúa la situación del país por encima del promedio de toda la región latinoamericana, donde el riesgo se coloca entre los 55 y los 60 de la misma escala de calificación.
Por otro lado, y siempre con respecto a esa probabilidad que tiene el país de honrar sus deudas, el Emerging Markets Bonds Index (EMBI), calculado por la agencia calificadora J.P. Morgan Chase, de El Salvador, al menos hasta el 26 de enero se encontraba en 15.43 puntos.
Esta escala es diferente a la utilizada por el EIU, sin embargo, en términos generales refleja la misma condición para el país, es decir, un riesgo soberano muy alto que preocupa a los inversionistas en los mercados internacionales.
Precisamente es esa preocupación la que provoca que el país no pueda acceder a fuentes de financiamiento con bajas tasas de interés, pues con la actual calificación, el país se enfrenta a tasas de hasta el 19% de interés, tal como advirtió en las primeras semanas de enero el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda.
En esa ocasión, el economista comparó la situación financiera del país con tener “topada” una tarjeta de crédito, en el sentido de que ya no puede seguir prestando dinero en las condiciones actuales, a menos que lo haga en condiciones de alto interés.
Según Castaneda, en abril de 2021 el país podía acceder a deuda con una tasa de entre el 8 y 9%, es decir, un 10% menos de lo que cuesta hoy, y es precisamente a ese alto costo al que se refería el ministro Zelaya cuando afirmó que no es un buen momento para salir a los mercados de deuda.
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Sin embargo, el país necesita sellar la brecha presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022, misma que el gobierno ha fijado en $498 millones. No obstante, agencias como Fitch Ratings, calculan que esa brecha podría estar más cerca de los $1,700 millones.
En este panorama, el gobierno necesitará sí o sí acceder a fuentes de financiamiento, en primer lugar para superar la brecha y, en segundo, para asumir responsabilidades de pago de, por ejemplo, los $800 millones del bono soberano 2023, mismo que, aunque su fecha de vencimiento es hasta en enero de próximo año, el país debería contar con el financiamiento de pago, por lo menos, en septiembre.
Así lo afirma el economista del Icefi, quien agrega que si para esa fecha el país no cuenta todavía con una fuente que le garantice asumir el pago de esos bonos, el país caerá en impago, es decir, el mismo riesgo que el EIU ya advierte.
En términos numéricos, el informe de The Economist también agrega que solo entre 2022 y 2023, el país necesitaría un equivalente de hasta el 14.2% del PIB solo en financiamiento, mismo que traducido en dólares alcanza la suma de hasta $4,200 millones, una cifra muy fuerte para la economía salvadoreña.
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Un horizonte sombrío sin el FMI
El informe del EIU es bastante reiterativo con respecto a la importancia que tiene para el país el cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tanto así a que hace especial énfasis en los riesgos que conlleva insistir en mantener el Bitcoin como moneda de curso legal en el país, algo que se agrava más con el anuncio que hizo Bukele en noviembre, cuando dio a conocer las intenciones de emitir bonos respaldados con esa criptomoneda y con un valor de hasta $1,000 millones.
De mantenerse estos planes, “El Salvador estará bajo presión para sellar un acuerdo con el FMI o enfrentará un rápido agotamiento de las reservas y un riesgo de incumplimiento en espiral”, advierte el análisis.
Por ello, el EIU muestra, hasta cierto punto, pesimismo con respecto al escenario que le espera al país en este contexto, y señala que “no esperamos que el cuerdo sea aprobado en el corto plazo, debido a las altas tensiones entre El Salvador y Estados Unidos”.
Esto último se refiere al otro aspecto que afecta la calificación del país a nivel internacional, es decir, el factor político, algo que desde Washington ha sido cuestionado debido a las acciones autoritarias que ha cometido el presidente Bukele, especialmente desde el 1 de mayo de 2021, y que han sido vistas con malos ojos por el FMI, sobre todo, porque su principal socio es, precisamente, Estados Unidos.