Más de 3.5 millones de salvadoreños afiliados a las AFP desde 1998 han acumulado hasta la fecha un saldo total de $12,349.3 millones que están registrados en cuentas individuales y por tanto son propiedad de cada trabajador.
Pese a que el país vive hoy una crisis económica agravada por la pandemia del covid-19, el fondo ha crecido a través de las aportaciones de los trabajadores y los empleadores.
Según cifras de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) actualizadas a agosto 2021, el fondo ha crecido 8.7 % en un año ($992.3 millones), al compararlo con agosto 2020.
En los 23 años de existencia que tiene el sistema privado se han afiliado un total de 3,536,330 salvadoreños, pero no todos son cotizantes activos, es decir, que aportan activamente cada mes.
La cifra de 3.5 millones se reduce luego a 763,214, es decir, que solo el 21 % de los trabajadores afiliados cotiza mes a mes para su jubilación.
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El dinero se registra en cuentas individuales a nombre de cada ahorrante, que es responsable de que su dinero se multiplique con más aportaciones y con la rentabilidad que le ofrezca la empresa con la que se ha afiliado pues su pensión será alta o baja dependiendo de sus aportes mensuales.
“El aporte lo han hecho los trabajadores y sus empleadores, pero el monto total está a nombre de cada persona y es de su propiedad. El Estado nunca ha aportado un tan solo centavo a los ahorros de cada persona”, escribió recientemente en su columna de opinión el economista Luis Membreño, quien deja claro que el dinero de los ahorrantes es privado.
Las AFP, por su parte, son las responsables de invertir ese dinero en instrumentos financieros que le permitan aumentar el fondo para garantizar a sus clientes una mejor pensión al final de su vida productiva.
Desde 1998 hasta 2006, estos fondos fueron invertidos en diferentes instrumentos como titularizaciones, en bancos o fondos de inversión, pero fue a partir de 2006 se aprobó un Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) con el que las AFP fueron obligadas por ley a prestarle al Gobierno una parte de los fondos, pues este se quedó sin dinero para financiar las pensiones de lo que se jubilan a través del INPEP y el ISSS, los dos sistemas de pensiones públicos, que fueron derogados en 1998.
Tras esa modificación, de los $12,349.3 millones ahorrados, $7,105.1, es decir, el 59.0 % del fondo, se le ha prestado al Gobierno para que este pague pensiones a los del sector público.
“Este sistema (público o de reparto) existió en El Salvador y quebraron los tres, tanto el sistema de pensiones del ISSS, el INPEP y el IPSFA. Hoy en día se puede pagar pensiones de parte del ISSS y el INPEP porque los jóvenes que cotizan en las AFP le prestan al gobierno para que pueda cubrir el déficit mensual que tiene”, explica el economista.
Y la cifra invertida en instrumentos del Gobierno se vuelve mayor, ($9,459.7 millones) si se consideran otras inversiones que se han hecho en instrumentos de instituciones públicas como el Banco Central de Reserva, el Fondo Social para la Vivienda y la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Toda esa inversión solo ha representado ganancias de entre el 1% y el 3 % mientras que el gobierno paga a otros inversionistas tasas de interés de más del 7 % en el exterior.
Esa ha sido una de las principales razones por las que el fondo ha visto limitado su crecimiento.
El último reporte de la Superintendencia indica que la rentabilidad promedio nominal en el fondo conservador (inversión de menor riesgo) fue de 5.33 % mientras que la rentabilidad de fondo especial de retiro fue de 4.07 %.
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Gobierno presentará reforma
El ahorro de los trabajadores es clave en estos momentos debido a que el presidente Nayib Bukele anunció el 15 de septiembre que en los próximos días presentará una “reforma integral” que le garantizará mejores pensiones a los salvadoreños, sin que hasta hoy haya definido cómo se financiaría esa mejora económica.
El último incremento a la pensión mínima que elevó a $304 el monto mensual a partir de enero de este año, por ejemplo, se ha financiado a través de préstamos.
Economistas y abogados temen que lo que el Gobierno pretenda sea una estatización de los fondos de pensiones, que sería una alternativa de financiamiento ante un escenario cada vez más limitado por la caída en el precio de los bonos a nivel internacional, la deuda local en Letes y Cetes al límite y un nulo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para prestarle más dinero.
Las alertas se han encendido, además, porque la nueva Constitución de la República que ha redactado Félix Ulloa y otros abogados y que ya está en manos del presidente Bukele para darle iniciativa de ley, deja toda la responsabilidad de la seguridad social al Estado.
Pero la experiencia le dice a los economistas que la estatización de los fondos de pensiones no es la mejor solución ni para el Gobierno ni mucho menos para los trabajadores.
En su artículo Membreño afirma que “los sistemas de reparto quiebran por al menos dos razones: la primera es que los gobiernos que administran el dinero lo utilizan para financiar el déficit del Ministerio de Hacienda, en lugar de guardarlo para pagar las pensiones; la otra razón es porque cada vez hay menos jóvenes que cotizan al sistema de pensiones, hay más adultos mayores que se retiran y además viven más años. Es decir que cada vez se recibe menos dinero de las cotizaciones de los trabajadores activos y se tiene que pagar un mayor monto en pensiones, por un período más largo de tiempo.
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