Los cuestionamientos hacia la empresa Chivo, S.A. de C.V., encargada de administrar la billetera virtual del mismo nombre, continúan a casi cuatro meses de haber entrado en funcionamiento junto a la denominada Ley Bitcoin, el pasado 7 de septiembre.
De hecho, solo en las primeras horas de hoy, 30 de diciembre, son muchos los mensajes en redes sociales con quejas hacia el mal funcionamiento de la plataforma, misma a la que se le cuestiona la desaparición de fondos o la imposibilidad de sacar el dinero de los propios usuarios.
Por ejemplo, una usuaria llamada Amanda Méndez relata a través de un tuit que ya tiene más de un mes de no recibir ningún tipo de solución de parte de la empresa, pues su cuenta se encuentra bloqueada y con cerca de $600 en fondos.
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Este tipo de quejas son constantes en redes sociales, sin embargo, ni la cuenta oficial de Chivo, ni el mismo presidente Nayib Bukele, quien desde que propuso la Ley Bitcoin ha sido de las personas que más tuitean al respecto, se han pronunciado sobre los miles de casos de irregularidades con los fondos de los usuarios de la billetera estatal.
Ante esto, economistas como Carlos Acevedo, quien es expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), cuestionan la poca acción que han tomado las instituciones del gobierno entorno a las denuncias públicas, algunas de las cuales se han convertido en denuncias formales ante la Fiscalía General.
"Si esa empresa fuera una empresa común y corriente, ya hace rato le habría caído encima la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Defensoría del Consumidor, como mínimo", añade el especialista en temas económicos acerca de la pasividad que han tenido estas instituciones de control sobre las operaciones de Chivo.
Esta inacción de esa empresa ya había sido criticada desde haces meses por figuras como Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), y por el abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien en el mes de octubre puso un aviso ante la FGR por la suplantación de identidad que sufrió al comprobar que su número de DUI había sido usurpado para crear una cuenta en la plataforma.
En ese contexto, cuando la usurpación de números de DUI se multiplicó, pudo constatarse que la Defensoría del Consumidor no ofrecía soluciones claras ante las consultas de los afectados, y se limitaban solo tomar los datos de los usuarios para luego remitirlos al soporte técnico de Chivo.
“La inacción del Estado sobre los fraudes en Chivo Wallet es lo que más preocupa”, habría dicho en esa ocasión la representante de la ANEP.
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Más recientemente, la asociación Cristosal, por su parte, cuestionó también el poco interés que ha mostrado el fiscal general electo por el oficialismo, Rodolfo Delgado, en las irregularidades con Chivo Wallet.
“Consideramos que es una situación sumamente grave, presentamos las primeras denuncias hace casi dos meses y hasta estas alturas todavía no se ha resuelto la situación de la mayoría de las personas por las que denunciamos originalmente”, dijo Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, antes de presentar otra denuncia de 131 afectados por el uso ilegal de sus documentos de identidad el pasado 8 de diciembre.