Cecilia Chávez tiene 10 años de trabajar en servicios domésticos en una vivienda en San Salvador, pero desde que inició la cuarentena en marzo ya no pudo ir a su trabajo y todo este tiempo ha estado sin ingresos y sobreviviendo gracias a la solidaridad de familiares y amistades. Han sido días difíciles y ahora lo que la tiene acongojada es si podrá retornar a su empleo pronto.
“Mi hijo me ha dado para sobrevivir”, cuenta Cecilia y explica que tiene varias amigas que también han perdido su empleo, porque las personas con las que trabajaban ya no pudieron mantenerles el salario debido a la crisis económica por el cierre económico ante la pandemia.
La mayor preocupación en estos momentos de miles de empleadas domésticas es si podrán retornar a sus trabajos, luego del largo confinamiento en el que ha estado el país.
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Pese a que ya inició la reapertura económica, las trabajadoras no pueden retornar a sus empleos, el problema que enfrentan es que no está autorizado el transporte público, sino hasta la segunda fase de reactivación que inicia el 7 de julio.
Y aunque desde este 16 de junio están autorizados los taxis y Uber, significaría un costo alto para trasladarse desde el interior del país hasta San Salvador hasta donde trabajan.
Ese es el caso de Anabel, una joven que trabaja al sur de San Salvador como doméstica, quien no ha podido viajar a su casa en los últimos días a ver a sus hijos, debido a que le cobran $25 por llevarla desde la Terminal del Sur hasta el cantón donde vive en el departamento de La Paz y otros $25 de regreso a la terminal. La joven prefiere esperar a que haya transporte público para poder viajar, porque quiere conservar su trabajo.
55 millones de trabajadores domésticos podrían perder sus empleos
Como el caso de Cecilia y las otras trabajadoras que conoce, hay 55 millones de personas, de las cuales 37 millones son mujeres, que corren un importante riesgo de perder su trabajo y sus ingresos debido al confinamiento y a la falta de cobertura efectiva de seguridad social, indican las nuevas estimaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre el impacto de la pandemia del COVID-19.
La información fue dada a conocer en el noveno aniversario de la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que indican que casi las tres cuartas partes de los trabajadores y las trabajadoras domésticas del mundo están en jaque para llevar el sustento a sus hogares.
Los datos de junio indican que en América el 74% de las personas que trabajan en labores domésticas están en situación de riesgo. Pero también la pandemia ha golpeado a empleados en Asia Sudoriental y el Pacífico (76%), África (72%) y Europa (45%).
La OIT indica que en este sector, la crisis ha afectado tanto a personas cuyo empleo es formal, como a quienes trabajan de modo informal, pero estos últimos representan el 76 por ciento de quienes pueden perder su trabajo u horas de trabajo.
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“En países con medidas de confinamiento más estrictas, quien realizaba trabajo doméstico, estuviera empleado formalmente o no, no podía ir a trabajar. Así, algunas de las personas que tenían un empleo formal han tenido derecho al seguro de desempleo, pero no ha sido el caso de quienes trabajaban un situación informal, para quienes la inmovilización ha supuesto la pérdida de los medios de vida, no contar con una red de seguridad de respaldo, y verse en aprietos a la hora de poner alimentos sobre la mesa”, dice la organización internacional en un reciente reporte.
Cecilia Chávez, quien también forma parte del Sindicato de Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas (Simuthres), el cual aglutina a 300 domésticas, dice que la movilización ha sido una de las dificultades que han experimentado, por lo que la mayoría de agremiadas permanecen en sus casas sin salario.
Además, solo 3 de las 300 recibieron el bono de $300 que entregó el gobierno, tampoco han recibido las bolsas de alimentos que han repartido.
Muchas han tenido que buscar ayuda de las alcaldías en los municipios donde residen o han recibido donaciones de oenegés, porque también resultaron afectadas por las lluvias que azotaron el país, debido a que viven en condiciones de vulnerabilidad a orillas de ríos.
La OIT añade que solo el 10 por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico están al amparo de la seguridad social, lo que equivale a que los demás no tienen derecho a ausencias por enfermedad pagadas, acceso garantizado a la atención de salud, prestaciones por lesiones profesionales, o seguro de desempleo.
“Muchas de estas personas perciben una paga de no más del 25 por ciento del salario medio, por lo que carecen de ahorros con los que afrontar una emergencia financiera”, dice la entidad.
De acuerdo a los datos del sindicato, la mayoría de empleadas agremiadas tienen salarios que oscilan entre los $150 y $200 al mes. Sus edades están entre los 30 y 45 años, pero también hay trabajadoras que pasan de los 60 años.
“La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad particular de los trabajadores y las trabajadoras domésticas informales, y la necesidad acuciante de que se les incluya efectivamente en el ámbito de protección laboral y social”, dijo Claire Hobden, Oficial Técnica de la OIT en trabajadores vulnerables.
Agregó que “la cantidad de mujeres afectadas es desproporcionada, pues son la amplia mayoría de quienes realizan esta actividad en el mundo.”
En El Salvador, el trabajo doméstico encierra una población de unas 125,000 personas (a 2017, el dato más actualizado), de las cuales el 89.7% son mujeres y representan el 10% de la Población Económicamente Activa femenina y el 4.5% de la PEA total.
La OIT también menciona que quienes vivían en el lugar de trabajo en general han seguido trabajando en confinamiento con sus empleadores, lo cual ha provocado que trabajen más horas a causa del cierre de las escuelas (cuando hay menores en casa) y han estado realizando tareas de limpieza más exigentes para evitar los contagios.
En otros casos, los propios empleadores se han visto en dificultades económicas y han dejado de pagar a quienes tienen trabajando en su domicilio, apunta la organización.
Y esa es precisamente la razón que han dado a las amigas de Cecilia que ya fueron despedidas de sus trabajos.
Trabajadoras inmigrantes en riesgo de hambre
En algunas regiones, las trabajadoras domésticas son predominantemente inmigrantes que cuentan con su paga para mantener a la familia en el país de origen. Tanto el impago de los salarios como el cierre de los servicios del envío de remesas han puesto en situación de riesgo de hambre y de pobreza a las familias de estas mujeres, indica la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en un reciente reporte sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en este sector.
“En algunos países, se ha dado el caso de inmigrantes que ejercían el trabajo doméstico y vivían en casa del empleador, y que se han encontrado en la calle después de que el empleador se deshiciera de ellos por temor a contraer el virus, dejándolos expuestos a la trata de personas”, indica la organización.
La OIT está trabajando con organizaciones de trabajadoras y trabajadores domésticos y organizaciones de empleadores para que se garantice la salud y el sustento de estas personas. Además está realizando evaluaciones rápidas del nivel y tipo de riesgos que afrontan, para que los gobiernos puedan formular políticas que garanticen al menos una cobertura de seguridad social básica, y para que dispongan de acceso a una atención de salud esencial y una seguridad básica de los ingresos.