Salas cunas, más estabilidad laboral para mujeres embarazadas y nuevas licencias de permisos para empleados víctimas de violencia, son tres de las reformas laborales trascendentales que fueron aprobadas este año y que deben cumplir todos los empleadores en El Salvador.
El asesor laboral de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Agustín Rodríguez, explicó que además de un marco regulatorio que a partir de 2020 obliga a las empresas a abrir espacios para el cuidado de los bebés de los trabajadores; este año se incorporó a la regulación la ampliación de la “garantía de estabilidad laboral para mujeres embarazadas” que asegura que cuando éstas regresen de su descanso post natal – de las 16 semanas – tiene 6 meses de cobertura en los que no pueden ser despedidas.
Además, se aprobaron nuevas licencias para que los patronos otorguen permisos de ausencia a los trabajadores víctimas de violencia intrafamiliar, se les aplique la Ley especial para una vida libre de violencia contra la mujer o porque requieran ausentarse de la jornada laboral para atender audiencias u otros procesos administrativos relacionados con temas de violencia.
Asimismo, los términos acoso laboral, sexual y discriminación se incorporaron expresamente al Código de Trabajo; ya habían logrado publicarse los cambios por licencias por paternidad, reformas de incremento de aguinaldo, reformas por licencias especiales, asuetos por Día del Padre y Día de la Madre, y aún quedan otros pendientes como la Ley de renuncia voluntaria y la propuesta de Contrato de Aprendizaje, que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa.
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Según Rodríguez, si bien todas las reformas laborales tienen beneficios para los trabajadores, es menester que el gobierno, las empresas y hasta los mismos empleados, busquen priorizar la discusión y aprobación de aquellas regulaciones que incentiven la generación de empleo formal y la contratación.
“Se han estado generando normativas para cumplir obligaciones constitucionales que tenemos desde 1950 (…) Un punto en que podemos enfocar esfuerzos, todos los sectores de la nación, es en normativas que tengan que ver con la generación de empleo y accesibilidad y formalización al mercado laboral; y esa creo que no es la prioridad de las reformas que hemos estado viendo”, dijo Rodríguez.
La gerente de Inteligencia Industrial de la ASI, Karla Domínguez, aseguró que todas las normativas requieren revisión, sobre todo la industrial.
A esta fecha, el sector aún no cuenta con una ruta de trabajo particular para el sector que ayude a potenciar los negocios y alcanzar mercados internacionales que ahora son más exigentes.
“Sin políticas públicas y leyes orientadas al futuro, es difícil que se generen empleos y condiciones que abran más oportunidades laborales”, puntualizó Domínguez.
En ese sentido, la gremial ya pidió a los cuatro candidatos presidenciales una una política industrial que incluya aspectos como la tecnología, innovación y los emprendimientos.
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Año difícil
La gerente señaló que 2018 ha sido un año difícil para el sector industrial nacional.
Algunas empresas tuvieron que cerrar líneas de producción en el país y trasladarlas a otros países; la crisis en Nicaragua también causó problemas logísticos en el comercio con la región; y a eso se sumó la ambigüedad en el rompimiento de los lazos diplomáticos con la República de China (Taiwán).
Aunque los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) detallen que a septiembre 2018, la industria registró 1,941 cotizantes efectivos más que al mismo mes del año pasado, este crecimiento solo representa un 1 % de los 191,006 trabajadores en total.
Los atrasos en la devolución del IVA exportador, una nueva plataforma aduanera que aún genera dudas entre los empresarios, la volatilidad en los precios de bienes y servicios y hasta el poco apoyo gubernamental para otorgar permisos y certificaciones ,y agilizar los procesos logísticos de importaciones y exportaciones, se han convertido en algunos factores que lastraron el crecimiento de la industria.
Normativas razonables
De acuerdo con el asesor laboral de la ASI, el sector privado no está en contra de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero pide que cualquier cambio en la regulación, sobre todo la que se debe implementar de manera inmediata, se caracterice por ser justo, equilibrado, y razonable y proporcional a la realidad que vive el país.
Medidas consultas
Por otro lado , el sector privado también insiste en que está en total disposición de colaborar en la discusión constructiva de nuevas leyes y normativas laborales, por lo que se ofreció, de nuevo, a compartir su postura técnica y de empleador a los diputados de la Asamblea Legislativa que tratan los temas en las respectivas Comisiones.