Una situación complicada y aún con incertidumbre es lo que le espera a la economía salvadoreña para el año 2022, según apuntó el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, durante la entrevista matutina en el programa Frente a Frente.
Para el experto en temas económicos, aspectos como la brecha presupuestaria, que de por sí ya significa una necesidad de financiamiento, y las altas cifras en pagos de deudas para 2022 y principios de 2023, son dos de los puntos más preocupantes.
A propósito de esa brecha presupuestaria, que el gobierno ha informado que es de $498 millones, Castaneda reitera lo que ya han dicho otros economistas y agencias calificadoras como Fitch Ratings, en el sentido de que ha sido subestimada, pues el Presupuesto 2022 necesita mucho más para financiarse, es decir, más de $1,200 millones, de los cuales gran parte son préstamos que ya se suscribieron en 2021.
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Por ello, el economista sugiere que la diferencia entre los ingresos que obtendrá el país versus la necesidad de financiamiento sigue siendo alta y el panorama se ve más complicado cuando hay otros factores que podrían afectar la economía nacional, como lo es la falta de un acuerdo de servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Dicho acuerdo, que le daría al país hasta $1,300 millones para solventar gran parte de las necesidades fiscales, no solo le daría liquidez al gobierno, sino, serviría para recuperar el perfil de riesgo del país que, desde mediados de 2021, ha venido cayendo de forma estrepitosa.
Por ejemplo, Castaneda señala que emitir bonos en el mercado internacional, hasta abril de 2021, le significaba al país una tasa de interés de entre 8% y 9%, sin embargo, al día de hoy, la baja calificación que ha tenido el país por diferentes factores, como el deterioro democrático o la adopción del Bitcoin, no le permite al país buscar financiamiento por esa vía por las tasas que no son menores del 19%. "Salir al mercado internacional con esas tasas sería un suicidio financiero"; advierte el economista.
Ante esto, Castaneda agrega que "El Salvador tiene topadas sus tarjetas de crédito", por lo que también advierte que esto hace que tenga poco margen de maniobra pues, al no lograr un acuerdo con el FMI, otros organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, difícilmente le otorgarán financiamientos.
Además, afirma que solo en 2022 y a principios de 2023 (en enero se vence el Eurobono de ese año), el país tendrá que realizar pagos de deuda pública, entre interna y externa, por hasta $3,000 millones, y agrega que si no atravesara la situación política actual, no sería un problema solicitar financiamientos para pagar esas obligaciones.
De hecho, también destaca que solo durante el primer trimestre de 2022 el gobierno debe pagar hasta $800 millones en Certificados y Letras del Tesoro (CETES, LETES), algo que no ha sido incorporado en el Presupuesto 2022, por lo que sospecha que el Ejecutivo buscará otras fuentes de financiamiento para esos fines, por ejemplo, la emisión de bonos en Bitcoin.
Con respecto a las otras obligaciones, como el pago del Bono 2023, Castaneda asegura que, si para el mes de septiembre, el gobierno no ha encontrado esos otros $800 millones, existe el riesgo de que el país caiga en impago, una situación que afectaría a todos los niveles económicos del país por su efecto cascada.
Castaneda también añade que el gobierno aún está a tiempo de evitar esa situación si realiza ajustes como solucionar la crisis democrática e institucional, liquidar el fideicomiso para respaldar el Bitcoin, que equivale a $150 millones, o si abandona prácticas como las plazas Ad Honorem que significan una fuerte carga financiera para el país por los altos salarios que ganan los funcionarios bajo ese mecanismo.