La división de sindicatos o creación de nuevos y afines al grupo en el poder fue un recurso que utilizó el régimen democristiano desde 1980 para crear la ilusión de una base laboral que no tenía.
Hasta entonces las organizaciones sindicales estaban aglutinadas en las federaciones sindicales de izquierda socialdemócrata y comunistas oxigenadas, toleradas y a veces reprimidas por los sucesivos gobiernos militares populistas, entre ellas la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS), afín al partido comunista. El dictador Martínez llegó hasta a prohibir la palabra “sindicato” y uno de sus sucesores, Osmín Aguirre, llegó a suspender los existentes a mediados de los años 40.
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Durante el gobierno del general Fidel Sánchez Hernández, ANDES 21 de Junio protagonizó una huelga magisterial en 1968 bajo la dirección de Mélida Anaya Montes, mientras que los panaderos hicieron otro tanto, con la participación de Salvador Cayetano Carpio. Estas organizaciones formaron una base sindical para la incipiente guerrilla, las más importantes concentradas desde 1976 en el Bloque Popular Revolucionario (BPR), brazo de masas y sindicatos de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL).
En octubre de 1979, los militares derrocaron al gobierno del general Carlos Humberto Romero y miembros de las organizaciones sindicales y de masas se integraron al gobierno cívico militar que se instaló con una visión “progresista”, pero con el contragolpe que se consolidó en los meses siguientes la izquierda salió del gobierno y en enero de 1980 los democristianos hicieron alianza con los militares y lanzaron reformas económicas que resultaron un fracaso y generaron más oposición y posteriormente se desencadenó una guerra interna que duró 12 años.
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La incendiaria izquierda militante llevó a sus sindicatos, como FENASTRAS y STCEL, a extremos como parar por 24 horas servicios clave como la electricidad, o las escuelas con la magisterial ANDES 21 de Junio, por semanas enteras. Cuando los miembros de estas organizaciones se fueron a la clandestinidad para lanzar la ofensiva del 10 de enero de 1981, el movimiento sindical quedó disperso y el gobierno de facto sustentado por los militares y los democristianos comenzó a atraer a los sindicatos que quedaron. Se formó una coalición de sindicatos sobrevivientes en la Unidad Popular Democrática (UPD), que se plegó al régimen y no creció más.
Surgió entonces como respuesta al plan contrainsurgente la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS), afín a la guerrilla del FMLN, que buscó revivir de hecho al BPR, rescató a las organizaciones de izquierda y ejerció una posición militante frente al gobierno de Napoleón Duarte instalado en 1984.
Con el financiamiento de la federación sindical estadounidense AFL-CIO, el gobierno inició un agresivo plan para dividir a las organizaciones existentes, sobre todo a las pertenecientes a la UNTS, llegando al punto de crear en 1986 una gran confederación paralela: la Unión Nacional Obrero-Campesina (UNOC), que no era más que un gran esfuerzo gubernamental por debilitar y acabar con los apoyos de la UNTS y darse baños de multitudes. Por cada sindicato histórico, la UNOC generaba uno equivalente, el cual era reconocido legalmente, mientras que el original era proscrito y destruido. Era clara la sumisión de las organizaciones al gobierno y el soporte para repeler las denuncias de galopante corrupción y profundización de la guerra que caracterizaron a ese régimen. Cada marcha de protesta de la UNTS era contrarrestada o seguida por una de apoyo al régimen.
Las organizaciones paralelas o fachadas se arrogaban derechos y siglas, en tanto que las independientes y opositoras se identificaban con la etiqueta “no gubernamental”. Había entonces dos UPD: una gubernamental y una “no gubernamental”; dos comisiones de Derechos Humanos, divididas de la misma manera. Y así sucesivamente.
La división de sindicatos tuvo el mismo objetivo del golpe de octubre de 1979: robarle banderas a la izquierda revolucionaria para que no pudiera seducir masas y establecer un régimen marxista como había sucedido en Nicaragua ese mismo año. Sin embargo, el proyecto se prestó también para oxigenar e intentar legitimar la corrupción rebalsante que imperó en el régimen y el establecimiento de cargas tributarias, como el impuesto de guerra y el paquetazo de 1988 que llevó a un paro general de un día.
Con la salida del gobierno de Duarte en 1989, las organizaciones sindicales gubernamentales se fueron evaporando como sopa de letras, llevando el lastre de haber apoyado el militarismo, la guerra y la corrupción del régimen. Las de la UNTS pervivieron hasta la firma de los acuerdos de paz. Comenzó otro periodo en el que los sindicatos de izquierda no escondieron su vínculo con el ya partido FMLN, sobre todo para presionar al gobierno de ARENA, lo cual también los politizó, los desacreditó y les causó más mal que bien.
La lección es que el apoyo sindical, obtenido de diversas maneras, ha sido un espejismo detrás del cual se han escondido diversos intereses y se ha podido engañar vilmente a las masas.