La creciente y acelerada deuda adquirida por el gobierno a través de Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes) con los bancos locales aumenta la exposición de los fondos de los ahorrantes ante el deterioro de las finanzas públicas y limita los recursos para dar créditos a empresas y personas, señala el último informe de coyuntura económica de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
“Nuestro llamado es que honre esa parte de los Letes y Cetes y que los bancos puedan disponer de más recursos para poder prestar y también aumentar sus reservas bancarias con respecto a los créditos que han ido cayendo en mora por el efecto COVID-19”, destacó el analista económico de Fusades Pedro Argumedo.
Según el análisis, la importancia de que el Gobierno pague su deuda con la banca es para fortalecer la estabilidad macrofinanciera de uno de los sectores que jugó un rol importante ante la crisis generada por la pandemia.
“El sector bancario tiene los ahorros de los salvadoreños, entonces los salvadoreños también hemos aumentado nuestra exposición al deterioro de las finanzas públicas”, apuntó Argumedo.
A marzo de 2021, la reserva de liquidez de los bancos era de 15.1%, es decir 3.1% mayor al requerido por ley que es de 12 %; la cartera de mora es de 1.8 % y los préstamos vencidos han crecido en 8. 4 %, dice el informe de Fusades con base en datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.
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“Esto nos dice que aún el COVID-19 sigue afectando a muchas empresas y familias porque sigue creciendo la velocidad de los préstamos vencidos”, mencionó.
Los bancos cerraron 2020 con $19,592 millones y a marzo 2021 poseían $19,585 en activos totales. De esa cantidad, el fondo destinado para inversiones financieras, que incluye lo que pueden prestar por colocación de Letes y Cetes, ha pasado de $1,284 millones en 2019 a $3,173 millones a marzo 2021, es decir $1,889 millones más que han ido a las manos del gobierno como préstamos de corto plazo.
Pero de continuar el sistema financiero aumentando la posesión de títulos valores del Gobierno, se reduce la disponibilidad de fondos de los bancos para otorgar créditos personales, productivos e hipotecarios a los ciudadanos o a las empresas.
En 2019, la banca privada tenía $4,396 millones en fondos disponibles, pero este año han bajado a $3,391 millones, es decir $1,006 millones menos de disponibilidad para dar créditos.
Los recursos de los bancos se han ido más a adquisiciones de Letes y Cetes del Gobierno que a otros préstamos, pues entre 2019 y 2021 aumentaron únicamente en $101 millones, detalla el informe de Fusades.
El análisis indica que en 2019 la exposición de los bancos a la compra de Letes y Cetes ya era significativa, pero en medio de la crisis sanitaria se redujo la reserva de liquidez de la banca para que tuviera más recursos para financiar la deuda de corto plazo del Gobierno.
La reserva de liquidez es el porcentaje del dinero que los bancos tienen guardado en el Banco Central de Reserva (BCR) como garantía, pero al disminuirla tenían más margen para prestarle fondos al Ejecutivo.
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En un principio el Gobierno dijo que era una medida para que los bancos otorgaran más créditos productivos, sin embargo la mayor parte fue para colocar deuda gubernamental.
“Eso se financió con la capacidad que tenía el sistema bancario para poder apoyar al sector público, pero esto incrementó la exposición del sano y solvente sistema bancario a las debilidades e inestabilidades que experimentan las finanzas públicas”, explicó Argumedo.
La ruta del financiamiento para el Gobierno a través de los fondos de la banca ha seguido entre 2020 y 2021 y alcanzó los $1,424 millones de saldo en Letes y $1,014.9 millones en Cetes.
“Si bien es cierto la banca se mantiene sólida, solvente y con baja mora, nos preocupa la enorme cantidad de títulos valores que ha incrementado a partir de enero en Letes y Cetes”, apuntó el economista.
El analista de Fusades Andrés Oliva agregó que se debe mantener la fortaleza del sistema financiero que permitió responder antes la necesidad de recursos en medio de la crisis.
Es el quinto país más endeudado de Latinoamérica
El alto endeudamiento y gasto del gobierno ha hecho que busque un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,300 millones para cubrir compromisos fiscales.
El análisis de Fusades señala que las finanzas públicas continúan con una ruta de insostenibilidad de la deuda, por lo que se necesita un acuerdo con el FMI.
Datos del Fondo apuntan que El Salvador ocupa el quinto lugar, a nivel de Latinoamérica con la deuda más alta de la región al alcanzar el 88.2% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir un crecimiento del 17.2% por año.
“Vemos que es importante tener finanzas públicas estables y déficit fiscales manejables, porque eso es lo mejor para una macroeconomía estable y que no presente problemas de pago”, destacó Andrés Oliva.
Los especialistas de Fusades sostienen que para la sanidad financiera del país es viable que se alcance un acuerdo financiero con el organismo internacional.
“Es fundamental porque introduce nuevas metas, un calendario en esas metas, facilidad de que haya cooperación técnica entre el FMI y El Salvador”, indicó.
Agregó que eso establece un horizonte en materia de finanzas públicas, mismo que se perdió luego de que a raíz de la emergencia del COVID-19 se dejara sin efecto la Ley de Responsabilidad Fiscal.