El Estado de El Salvador reporta el saldo de deuda más alto de su historia. Solo este año tiene que pagar $1,724.5 millones en concepto de Letras del Tesoro (LETES) Y Certificados del Tesoro (CETES).
El monto más próximo que debe cancelar el gobierno es por $328 millones, que se vencen el 27 de marzo de este año.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) advierte que la situación de las finanzas públicas ha empeorado debido al agresivo incremento del gasto público financiado con mayor endeudamiento
“La apuesta de política pública del Gobierno para hacer frente al COVID-19 fue la de un agresivo incremento del gasto público financiado con mayor endeudamiento. La deuda/PIB en 2020 subió de 71.3% en 2019 a 89.9%, y el gasto del sector público no financiero (SPNF) pasó de 25.2% del PIB en 2019 a 32.7% en 2020”, detalla Fusades en su informe “La solución del alto saldo y riesgo financiero en LETES requiere reformas previo a una reestructuración a largo plazo”. Para Fusades Tomar dinero prestado para un año, para pagar cosas que se requiere cada mes, es una práctica financiera nociva.
“En términos del endeudamiento de corto plazo del sector público, lo anterior tiene consecuencias para la gestión de las finanzas públicas y para los ciudadanos: i) eleva la presión sobre la disponibilidad de liquidez del Gobierno a corto plazo, la necesidad de recursos líquidos se hace más urgente para pagar los vencimientos de deuda; ii) deteriora el riesgo país; y iii) eleva las tasas de interés”, explica Fusades.
Por otro lado, en su más reciente informe, Moody’s (que mantiene una calificación soberana de B3 con perspectiva negativa para el país) señaló como factor de riesgo, que la capacidad de absorción de la banca local o de compra de más LETES se encuentra al límite, lo que implica que se reduce al mínimo la capacidad del fisco de contar con fondeo “interno” por medio de esta herramienta.
Para salir de la crisis de la deuda, Fusades recomienda un Presupuesto General de la Nación equilibrado (ingresos y gastos; disminuir el monto permitido de emisión del 25% al 5% de los ingresos corrientes; incluir en el proyecto del presupuesto los pagos de LETES que venzan en el ejercicio fiscal posterior al que fueron emitidos.
Además, adicionar un inciso al art. 72 de la ley AFI, para que la Dirección General de Tesorería declare la fuente de los recursos para los pagos de las LETES que vencen en el año fiscal. Ya que en el presupuesto de 2021, es que no contempla los CETES, y el monto de la partida de intereses, para su cancelación no es suficiente.
