La agencia estadounidense Moody’s Investor Service informó este viernes que mantiene la calificación crediticia de El Salvador en B3, pero redujo su perspectiva a negativa, lo que lo coloca a un paso de caer en la categoría Caa1, es decir, con “riesgo sustancial”, de su deuda soberana ante sus acreedores.
El 16 de noviembre de 2020 la calificadora ya había advertido que iniciaría con una revisión de la degradación de la calificación del país, luego que la deuda nacional se elevara rápidamente por las medidas implementadas ante la crisis del COVID-19.
Según el resumen, la perspectiva negativa otorgada este viernes “captura los riesgos crediticios asociados con los riesgos de implementación de sus próximos esfuerzos de ajuste fiscal, los altos riesgos de liquidez impulsados ??por las grandes necesidades brutas de financiamiento en 2021-23 y las preocupaciones persistentes sobre la sostenibilidad de la deuda a pesar de un ajuste fiscal esperado”.
“Aunque Moody’s cree que el gobierno comenzará a consolidar sus finanzas este año y hasta 2022, es poco probable que la deuda se estabilice, superando el 90% del PIB, y se necesitará acceso al mercado en 2022, ya que un bono de $ 800 millones vence en enero de 2023”, agrega el documento.
Al Presupuesto 2021 le falta financiamiento de $3,386.9 millones, señala Fusades
La agencia calificadora añade que “Si bien las condiciones de financiamiento seguirán siendo muy estrictas tanto en el mercado interno como en el externo este año y el próximo, Moody’s espera que el gobierno comience a consolidar sus finanzas en la segunda mitad de este año”.
Agrega que esta consolidación lograría catalizaría el acceso al financiamiento de deuda multilateral para cubrir la mayor parte de su financiamiento y necesidades este año, reduciendo la probabilidad de un evento crediticio en los próximos dos años”.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró hace unos días que mantiene una negociación con el FMI sobre la evolución de las finanzas públicas, pero no confirma si esto se traducirá posteriormente en un acuerdo stand-by, como el que el país tuvo en 2009, durante la gestión de Mauricio Funes.
Esta semana un nuevo informe de Fusades muestra su preocupación por el desfinanciamiento que tiene el presupuesto 2021 y que asciende a más de $3,000 millones. El informe de esta institución destaca que hay un elevado gasto del gobierno con fines incluso electoreros para los cuales no hay fuente de financiamiento.