El gobierno de El Salvador tiene que pagar en los próximos cinco meses al menos $1,246.1 millones de deuda en concepto de Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes), en medio de un escenario fiscal cada vez más complicado.
Esta deuda de corto plazo por lo general se paga a un año y en su mayoría es comprada por los bancos e inversionistas en el mercado local.
El primer vencimiento de Letes es por $32.6 millones y debe hacerse este próximo 9 de agosto. El otro vence el 21 de este mismo mes y debe pagar $63.5 millones, según un resumen de vencimientos de deuda con datos oficiales.
Sin embargo, el monto más grande de deuda para este año corresponde a Cetes pues debe cancelar $645.8 millones que vencen el 23 de septiembre.
Según economistas y agencias calificadoras internacionales, el panorama para el gobierno no es nada fácil ya que este último pago de deuda ni siquiera estaba contemplado en el Presupuesto General de la Nación 2021 y el gobierno ha reducido su nivel de liquidez para amortizar esa cantidad, lo que le hace pensar a los economistas en alternativas extremas como renegociar la deuda con sus acreedores.
“Una de las posibilidades que se pueden dar es que logre un acuerdo con los compradores de la deuda, que sobre todo son instituciones financieras de El Salvador para resciliar (anular) y que les den un año más. Ahí tiene que negociar si sería la misma tasa de interés o le pedirían una tasa de interés más alta, que anda entre 7 % y 9 % de promedio y recordemos que solo de intereses entre Letes y Cetes son como $150 millones y esto no estaba incluido en el Presupuesto General de la Nación”, explicó la economista y analista Tatiana Marroquín.
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Según explicó la economista, el gobierno tiene que buscar una negociación con sus acreedores para que le concedan plazos más largos para su deuda. Sin embargo dada toda la coyuntura económica y política en la que se ha ubicado el país, las tasas de interés que le impongan podrían ser muy altas.
Según Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) será decisión de los inversionistas si deciden utilizar el mecanismo de “rollover” (refinanciamiento de deuda) y dar más plazo bajo ciertas condiciones.
“Ya dependen de los inversionistas si quieren continuar con esa dinámica, de lo contrario si no tiene financiamiento deberá hacer ajustes en algunos gastos, para pagar la deuda de corto plazo, y también se debe tomar en cuenta el impacto de los intereses”, señaló.
Ambos economistas coinciden en que la última calificación crediticia de Caa1 con perspectiva negativa que dio la agencia Moody’s a El Salvador la semana pasada genera más desconfianza en la calidad de pago que pueda tener el país, por lo que si lograra colocar más deuda, hay una gran probabilidad de que esta sea a una tasa de interés bastante alta.
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El año pasado El Salvador colocó $1,000 millones a una tasa de interés de 9.5 %, la más alta en casi dos décadas. En ese entonces la calificación de Moody’s para el país era de B3. Ahora el riesgo que ven los inversionistas es mayor pues el nivel ha llegado a un grado especulativo.
Otro de las dificultades que enfrenta el gobierno es que aún no logra un acuerdo de $1,300 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que resta aún más a su credibilidad sobre su capacidad de pago.
“Para el gobierno le será más caro conseguir financiamiento y un acuerdo con el FMI cada vez se ve menos probable, por las opiniones del Fondo sobre el Bitcoin, y además por las decisiones que ha venido tomando el Legislativo con el Ejecutivo. Si no muestran cambios en la forma que han actuado en los últimos tres meses no creo que logren ningún acuerdo con una institución seria”, aseveró Marroquín.
Alta incertidumbre
La agencia de análisis financiero Stifel señaló recientemente en un informe que hay mucha incertidumbre para el país generada por las políticas del gobierno, la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal y además la falta de liquidez. También ve poco probable un acuerdo con el FMI.
“Es poco probable que el FMI dé un programa tan amistoso como en abril, dada la reciente imprevisibilidad de formulación de políticas. No estamos convencidos de que las medidas de evasión fiscal sean suficientes para el FMI, que históricamente prefiere la combinación de medidas de ingresos y gastos”, señala Stifel en su análisis.
También agrega que “el equipo del FMI esperaría coherencia y previsibilidad en todos los niveles del gobierno con respecto a los puntos de referencia que se implementarán. Han pasado varios meses desde que comenzó la misión el 6 de abril de 2021 sin una declaración oficial. Además el director de comunicaciones del FMI, Gerry Rice, reitera casi semanalmente que el FMI está siguiendo de cerca los acontecimientos en El Salvador.
Según el economista Rodríguez, el gobierno debería de tomar decisiones y cambios importantes para dar más confianza y obtener el pacto financiero con el FMI y una de las salidas sería derogar la Ley Bitcoin, que está próxima a entrar en vigor.
“El gobierno tiene que atender su crisis de liquidez y uno de los primeros pasos positivos sería alcanzar el acuerdo con el FMI y eventualmente ir derogando el tema del Bitcoin”, señaló.
La agencia Stifel advierte que la aprobación del Bitcoin no tuvo un mecanismo adecuado, lo que es “muy desconcertante”.
Cita un artículo llamado ‘¿Criptoactivos como moneda nacional? Un paso demasiado lejos’, que se sintió como un golpe directo a El Salvador ya que más allá de las advertencias habituales contra la volatilidad y los temores de lavado de dinero, “el Fondo duda de la viabilidad de las criptomonedas como depósito de valor que obliga a los hogares y las empresas a desperdiciar recursos en elegir qué dinero retener en lugar de dedicarse a actividades productivas.