El Ministerio de Salud emitió este martes una resolución ministerial en la que autoriza a los contadores públicos a seguir brindando sus servicios profesionales a las empresas que requieran cumplir con sus obligaciones mercantiles y tributarias en tiempo. Esto luego que muchas empresas se mostraran preocupadas por la obligación de hacer declaraciones tributarias que ya vencieron o que están por vencer.
“Podrá circular toda persona que brinde servicios de contaduría pública con este único fin, para lo cual deberá portar su carné que lo acredite como tal y carta que exprese el nombre de la empresa que requiere tales servicios, el cargo, horarios y contacto del empleador, entre otros detalles”, señala el documento oficial publicado esta tarde.
Por la mañana el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, anunció que este jueves presentará en la Asamblea Legislativa un nuevo decreto para que las empresas puedan pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) hasta el próximo 30 de junio.
“Ya se le incorporaron unos párrafos donde se incluye el período de insolvencia que se generó para los contribuyentes”, explicó el funcionario este martes en una entrevista televisiva.
La iniciativa de facilitación de incumplimiento (del pago) cubrirá desde el 30 de abril hasta la fecha que se apruebe el nuevo decreto, añadió Fuentes.
El nuevo decreto llegará a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, la que deberá evaluar la posibilidad de ratificar la normativa de tal manera que los contribuyentes tengan como plazo el 30 de junio para presentar declaración de renta y pago del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Don Eduardo Leiva es uno de los tantos empresarios salvadoreños que por el momento aparece en situación de mora en Hacienda, y que por lo tanto espera que se haga realidad el beneficio anunciado el mes pasado por el gobierno.
“Yo tengo que pagar unos 16,000 dólares de renta, pero como no tenía esa cantidad esperaba ampararme al decreto, pues mi negocio está cerrado desde marzo pasado, y no he logrado pagar ni las cuotas del préstamos que hice para poder levantar mi negocio. La situación económica que estamos pasando es tremenda”, dijo el empresario, que el año pasado abrió una pequeña plaza comercial, pero que a los pocos meses tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia.
El decreto que nació muerto
Cabe recordar que a finales de abril, el pleno legislativo aprobó que los medianos contribuyentes podrían solicitar pagos a plazos hasta por un máximo de siete cuotas, las cuales estarían exentas del pago de intereses, recargos y multas. Mientras que los pagos de los grandes contribuyentes se podrían hacer hasta en cuatro cuotas bajo las mismas condiciones. La primera cuota debería efectuarse en junio.
Según ese decreto, el plazo adicional permitiría que los salvadoreños contarán con más tiempo para efectuar el pago de tributos sin recargos, multas o mora. La medida buscaba apoyar a todos los contribuyentes, personas naturales o jurídicas afectadas por la pandemia.
Tales disposiciones estaban establecidas en el Decreto Legislativo 635, emitido el 30 de abril de 2020 y que contiene la “Ley Especial Transitoria para Facilitar la Presentación y Pago del Impuesto sobre la Renta, el Anticipo a Cuenta del Impuesto sobre la Renta y otras obligaciones formales”, pero fue vetado por el presidente de la República, Nayib Bukele por razones técnicas.
En esa ocasión, las gremiales de profesionales de la contaduría pública, auditoría e impuestos de El Salvador expresaron su preocupación por la incertidumbre que el veto provocaba en los contribuyentes de diversos sectores económicos del país, a quienes les prestan servicios.
Y además, debido a los miles de profesionales asociados en las gremiales, quienes apoyan de manera directa e indirecta a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
“El decreto fue vetado exponiendo argumentos técnicos; sin embargo, se ha creado confusión e inseguridad jurídica para todos los contribuyentes que previamente habíamos escuchado a funcionarios de primera línea decir de manera esperanzadora las ventajas en plazos y formas de pagos que se darían para atenuar el impacto que está causando en las finanzas de la comunidad empresarial el COVID-19”, reza una carta emitida en conjunto por las gremiales.
Sin embargo, para las gremiales el anuncio que hizo el ministro de Hacienda este jueves de que se presentará un nuevo decreto y que los contadores podrán movilizarse para trabajar, es una buena señal.
Carlos Fernández, presidente del. Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP), considera que es una muy buena decisión porque los profesionales de la contaduría pública son clave en las finanzas de las empresas, y del mismo gobierno, pues ellos tienen en sus manos las declaraciones de IVA y renta y las planillas de AFP’s, entre otras tareas.
En su opinión es una buena decisión porque los profesionales de la contaduría pública son clave en las finanzas de las empresas, y del mismo gobierno, pues ellos tienen en sus manos las declaraciones de IVA y renta y las planillas de AFP’s, entre otras tareas.
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