Contadores piden amnistía de multas por tardía declaración de renta ante veto presidencial

Los profesionales expresan preocupación por la “confusión e inseguridad jurídica” en la que están los contribuyentes que sintieron alivio con la prórroga para pagar hasta el 30 de junio.

Gremiales de contadores esperan que esta semana se apruebe un nuevo decreto para presentar y pagar la declaración de la renta. Foto EDH / Archivo

Por Katlen Urquilla

May 13, 2020- 21:10

Cuando la Asamblea Legislativa aprobó el 30 de abril un decreto en el que se permitiría pagar la declaración de la renta hasta el 30 de junio, los contribuyentes sintieron un alivio en medio de las peripecias económicas que están atravesando.

Pero la alegría duró poco porque días después el presidente Nayib Bukele vetó el decreto 635 que daba la prórroga y a partir de allí las empresas, sobre todo las mipymes, enfrentan angustia porque además de no tener para pagar la declaración de renta han caído en mora.

Ante este panorama, siete asociaciones de contadores y auditores han unido sus voces para pedir ayuda a la Asamblea.

La Corporación de Contadores de El Salvador (CCS), el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP), la Red de Contadores de El Salvador (REDCOES), el Instituto de Auditores Internos de El Salvador (IAI), Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES), el Instituto Salvadoreño de Derecho Tributario (ISDT) y la Asociación de Profesionales en Contaduría Pública de Oriente (ASPECPO) han enviado dos propuestas de decretos para aliviar a los contribuyentes.

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“Hemos observado preocupación e incertidumbre en los contribuyentes de diversos sectores económicos del país a quienes les prestamos nuestros servicios y en los miles de profesionales asociados en las gremiales, quienes apoyan de manera directa e indirecta a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (…)”, dice parte de la carta que enviaron el lunes las gremiales a la Comisión de Hacienda de la Asamblea.

Los contadores y auditores externan también que debido a las medidas de cuarentena no pueden realizar sus labores profesionales y eso les ha hecho incurrir en atrasos en la presentación y pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el plan de Seguridad Ciudadana, además de que tendrán un retraso en la presentación del dictamen e informe fiscal que hacen los auditores nombrados para dicho efecto y de otras obligaciones tributarias, generándoles riesgos de multas e intereses.

El gobierno emitió el martes un decreto en el que les autoriza la circulación para cumplir su labor.

Las dos propuestas

Tras el veto presidencial, las gremiales indican que hicieron un análisis técnico y profesional y proponen dos opciones transitorias ante la Comisión de Hacienda: una ley especial para “facilitar la presentación de la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta y otros”; y la otra, para “facilitar el cumplimiento de obligaciones formales y aliviar el flujo de efectivo de los contribuyentes mediante la exoneración del pago a cuenta del Impuesto Sobre la Renta” de abril, mayo y junio.

La primera propuesta pide retomar el contenido del Decreto Legislativo 635 y añadirle el siguiente texto: “Art. 15: El presente decreto, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución, es de orden público”.

En el documento plantean, entre otros puntos, que tanto a los medianos y grandes contribuyentes, así como a las personas naturales no inscritas como contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, se les conceda un plazo hasta el 30 de junio 2020 para que puedan presentar la declaración de la renta sin que les cobren multas.

Y piden que la prórroga también aplique para pagar la declaración en el caso de los contribuyentes que la presentaron previamente o que la presenten en el período de gracia (de ser aprobada la propuesta).

“Cuando los citados contribuyentes soliciten autorización de pago a plazos ante la Dirección General de Tesorería, deberá otorgárseles mediante la resolución respectiva hasta un máximo de siete cuotas mensuales y sucesivas, debiendo cancelarse en el mes de junio de dos mil veinte la primera cuota del diez por ciento del impuesto liquidado. Los pagos de cada una de las cuotas otorgadas con base al presente decreto estarán exentos del pago de intereses, recargos y multas”, solicitan, según dice en el documento.

La otra propuesta de ley es para una amnistía de intereses y multas a quienes el plazo de pago ya venció y una prórroga para los que tienen obligaciones por vencer.

Esta incluye la solicitud de prórroga hasta el 30 de junio para presentar el balance general del cierre del ejercicio fiscal 2019, el estado de resultados, las conciliaciones fiscales o justificaciones de los rubros consignados en la declaración y en el balance general, así como el Estado de Ingresos y Gastos, para los medianos u otros contribuyentes sin que les cause multas o recargos.

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