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Gobierno improvisa más gastos millonarios, pese a crisis financiera

Los subsidios no focalizados en poblaciones vulnerables o la construcción de la nueva cárcel son algunas de las erogaciones de fondos que no están contemplados en el Presupuesto General de 2022, al cual le hace falta financiamiento.

Por Karla Arévalo | Jun 23, 2022- 06:00

Ahora mismo no hay país en el mundo que no resienta la crisis económica y El Salvador, que ya tenía su propia crisis fiscal y se le ha sumado el encarecimiento de los bienes y servicios debido a factores como la pandemia, la guerra en Ucrania, entre otras causas, ahora está enfocado en hacer más gastos millonarios.

El Presupuesto General con el que el gobierno planea operar este año es de $7,967.7 millones, pero no todo está cubierto. El déficit fiscal de ese presupuesto ronda los $714 millones, es decir que hace falta ese dinero para cumplir todo lo proyectado, según las cifras oficiales.

Pero en el camino, ya sea por la crisis económica o por decisiones políticas, el gobierno de Nayib Bukele ha ido sumando más y más gastos, pese a que le falta dinero para cumplir con lo presupuestado.

Ante ello, la pregunta que se hacen economistas como Luis Membreño es: ¿Si al gobierno le hace falta dinero para cumplir con lo planeado en su presupuesto, cómo pagará entonces los improvisados compromisos que ha adquirido en los últimos meses?.

El gobierno no solo tiene que cumplir con el Presupuesto General, sino también debe pagar deuda que se vence en los próximos meses. Por ejemplo, en enero de 2023 debe pagar un vencimiento de bonos por $800 millones.

Mas no es todo lo que debe. De acuerdo a la cifra más reciente del Banco Central de Reserva (BCR), el gobierno tiene una deuda total de $17,129.46 millones hasta marzo. El plazo de vencimiento varía por deuda adquirida.

Pero, pese a que tiene encima que completar el dinero que le falta para el presupuesto y pagar los vencimientos de deuda, el gobierno, como una medida de último momento, decidió absorber el incremento en los precios de la gasolina y el diésel, subsidiando así a toda la población que utiliza este recurso, lo cual aprieta más las finanzas.

También está subsidiando el gas propano, la energía y agua potable.

A eso se suma que esta se semana se conoció que ha comenzado la construcción de una nueva cárcel en San Vicente y este martes en la Asamblea Legislativa aprobaron la reorientación de $12 millones para la primera etapa del Aeropuerto del Pacífico en La Unión.

A principios de mayo, el presidente Nayib Bukele publicó la
fotografía de la maqueta del que será el Aeropuerto del
Pacífico. Foto Archivo

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Membreño considera que no es la decisión más acertada, pues ante una crisis económica como la actual, el gobierno debe evaluar qué se debe hacer y qué no.

Y en el caso de El Salvador, lo ideal, a su criterio, hubiese sido focalizar los subsidios a quienes realmente lo necesiten y el resto de dinero ahorrarlo. También opina que el gobierno debió haber puesto esmero en las cosechas y en la entrega de los paquetes agrícolas a tiempo, pues plantea que Rusia y Ucrania prohibirán las exportaciones de trigo y eso se prevé que descompense el suministro mundial de ese producto.

“Cuando el gobierno se mete a subsidiar todo el combustible, que le cuesta entre $50 y $55 millones mensuales, el déficit que ya tenía de $1,000 millones y todos los subsidios que ha implementado implica que probablemente se va a duplicar el déficit de El Salvador este año”, agregó ayer Membreño en entrevista del canal 21.

Hasta el 31 de agosto, el precio de la gasolina regular se mantendrá en $4.15 por galón en las tres zonas del país. También, el galón de gasolina superior tendrá un precio fijo de $4.31 para la zona occidental y central del país y $4.32 para la zona oriental. Mientras que el diésel contará con un precio fijado en $4.14 por galón. Sin embargo, esos no son los precios reales de los combustibles en el mercado, pues algunos ya sobrepasan los $6.

El aumento en los precios del combustible deriva de la inflación mundial. En el país, la tasa de inflación en enero de 2021 era de apenas el 0.31 %, pero a mayo de este año la tasa es del 7.5 %, la más alta desde 2010.

“Después de la pandemia hubo un resurgimiento del consumo, por todo lo que había estado reprimido durante el encierro. Cuando el mundo abrió, la gente comenzó a consumir y la producción no dio abasto. Eso incrementó los precios”, explicó. También añadió que el incremento de precios como tal se ha dado con más fuerza “desde el semestre anterior”.

Para el economista Rafael Lemus, el déficit no sería al doble sino menor, pues el gobierno ha tenido ingresos extra producto del encarecimiento de los bienes y servicios. Es decir que los ingresos tributarios extra que no estaban contemplados en el Presupuesto pueden rondar los $450 millones, según sus estimaciones.

Pero al calcular los gastos hasta agosto, que es el mes donde acaba la prórroga del subsidio de combustible, por ejemplo, el déficit que calcula Lemus es de $160 millones. Y si el gobierno continúa con los subsidios hasta fin de año, el déficit del presupuesto sería de unos $300 millones.

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Otros proyectos millonarios que ha ofrecido el gobierno

“En los gastos yo estoy poniendo todo. O sea, estoy poniendo subsidios de gasolina, de gas, de agua, de energía. Más los subsidios de agricultura y otros gastos extra que han ejecutado en los últimos meses en el ramo de seguridad, en el aeropuerto, en el By pass”, agregó Lemus.

Hacienda ha recaudado hasta abril $361.3 millones más en ingresos tributarios y contribuciones, respecto al mismo período del año pasado, según dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a inicios de junio.

Zelaya admitió la semana pasada que necesita al menos $2,000 millones los compromisos de este año, pero aseguró que el financiamiento “no es una preocupación” y que no hay riesgo de impago.

El funcionario explicó que la brecha fiscal en el Presupuesto es de $498 millones y a esto se le suman los $800 millones del bono que se debe pagar en enero de 2023, más los pagos de Certificados del Tesoro (Cetes) y Letras del Tesoro (Letes).

“Entre los vencimientos y todo son alrededor de $2,000 millones; el año 2020 yo tuve que conseguir alrededor de $3,500 millones”, afirmó Zelaya el pasado 15 de junio.

Para el economista Ricardo Castaneda, una de las formas de reducir el déficit fiscal sería que el gobierno aumente sus ingresos, reduzca sus gastos y consiga financiamiento. Pero el camino lo tiene cada vez más complejo.

En los últimos meses, las calificadoras de riesgo han bajado la calidad crediticia de El Salvador y señalan la desconfianza de que el país no pueda pagar sus próximas deudas.

Otro camino planteado por economistas es que el gobierno pueda obtener préstamos con organismos multilaterales, pero tampoco lo ha podido lograr debido a que aún no sella un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual sería una luz verde para que otros organismos multilaterales le presten fondos.

Un análisis financiero de la firma inglesa EMFI titulado: “El dinero no crece en los árboles”, con fecha 4 de abril de 2022, plantea que si bien las amortizaciones o pagos de deuda para este año parecen bajas, ya que suman $512 millones, en realidad las necesidades de financiamiento del gobierno salvadoreño ascienden a $2,100 millones.

De esa cantidad, $1,558 millones corresponden al déficit global de este año, pero el gobierno solo presupuestó un déficit de $714 millones, según los datos oficiales que plasma en el documento.

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