La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer que haya tardanza en el proce de amparo que el banco HSBC (ahora Davivienda) presentó en junio de 2019 en un caso judicial contra la empresa con la empresa salvadoreña Ingeniero José Antonio Salaverría y Compañía (IJASAL).
Según el banco, a través de su Holding Latinoamérica, el proceso que inició ante la Sala de lo Constitucional ha tenido una “demora excesivamente inusual e irrazonable”, por lo que, si no reciben una respuesta en tres meses, advirtió con iniciar un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Si esto llegase a ocurrir, el Estado salvadoreño se enfrentaría a una demanda de no menos de $49.3 millones, que es el monto involucrado en la controversia que mantiene con la empresa salvadoreña.
Sin embargo la Corte Suprema señala que el caso no está detenido y mantiene actividad constante.
“La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechaza que en el referido Amparo exista inactividad judicial. Por el contrario, sostiene que dicho proceso se ha mantenido en constante actividad procesal”, señala un comunicado oficial de la institución judicial.
Tal es así que la Corte señala que los últimos movimientos en el proceso de hicieron en noviembre de 2020 cuando se conocieron recusaciones y excusas de magistrados propietarios, lo que ha hecho que la sala que conoce de este caso esté integrada por dos magistrados propietarios y tres magistrados suplentes.
Tardía justicia expone a El Salvador a una demanda internacional de $49 millones
Además la Corte señala que el Tribunal previno a la parte actora que aclarara una serie de deficiencias en la demanda, “por lo que se debe analizar el escrito mediante el cual la demandante pretende subsanarlas. Dicho sea de paso, el expediente del proceso de amparo consta, a la fecha, de más de 15 piezas, es decir, más de 3,000 folios”, alegó la institución.
Leopoldo Ortega, director jurídico de HSBC Latinoamérica, explicó a El Diario de Hoy que a la fecha el amparo presentado por Davivienda (que compró la participación de HSBC El Salvador) ni siquiera ha sido admitido, pese a que ya pasaron más de 17 meses. “Lo que quisiéramos es tener una respuesta para saber cómo proseguir”, dijo el representante.
Ante esta afirmación, la Corte respondió que “la demanda fue presentada en el segundo semestre del año 2019 y que la Sala de lo Constitucional ha redoblado esfuerzos para mantener el flujo constante de los procesos que son sometidos a su conocimiento, sin obviar la situación extraordinaria producida por la pandemia por COVID-19, lo que ha implicado un aumento de los ingresos de demandas de amparo, hábeas corpus, inconstitucionalidades y controversias entre los órganos Ejecutivo y Legislativo durante el año 2020”.
La máxima instancia judicial también agregó que “cada resolución que emite la Sala de lo Constitucional conlleva un trámite administrativo interno que culmina con la ejecución de los actos de comunicación procesal a cada uno de los intervinientes”.
Finalmente la Corte agrega en su comunicado que “el citado proceso actualmente se encuentra en estudio por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar si la demanda cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia establecidos por la jurisprudencia y legislación procesal aplicable; siendo ese el estado jurídico actual del proceso”.
Sobre la carta enviada al presidente, fiscal y presidente de la Corte, HSBC tampoco ha tenido una respuesta.
El caso comenzó en julio de 2007, con la firma de un contrato de préstamo a la empresa Ingeniero José Antonio Salaverría y Compañía, de Capital Variable. El préstamo era de $2.1 millones.
En octubre de 2009 Salaverría demandó a HSBC por daños y perjuicios que luego se dirimió en un Juzgado de lo Mercantil y escaló a una contrademanda de $49.3 millones.