El golpe financiero que han sentido miles de contadores en el país por no poder trabajar durante meses debido a la pandemia ha hecho que busquen medidas que les den un respiro.
Por ello, un grupo de contadores independientes ha recurrido a la Asamblea Legislativa para proponer un pliego de reformas a la ley que regula dicha profesión, entre ellas, que las credenciales que les autorizan ejercer la contaduría pasen de tener una vigencia de 3 años a una de 10 años, y que los cursos educativos que la normativa les exige para renovar sus credenciales sean más accesibles y los puedan recibir en más instituciones.
La Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría fue creada en el 2000 y reformada en 2017.
El diputado Damián Alegría, del FMLN, es quien ha introducido la propuesta que será discutida en el seno de la Comisión de Economía de la Asamblea. El legislador explicó que atendió la solicitud de un grupo de contadores independientes, quienes externan sentirse violentados en sus derechos al trabajo.
“Se les obliga a tener una credencial que vence cada tres años y hay otras profesiones en las que la credencial dura hasta 10 años y si no tienen esa credencial los profesionales en contaduría no pueden ejercer su profesión, no pueden trabajar y no pueden tener ingresos”, externó el diputado al presentar la iniciativa.
Agregó que otra de las peticiones de los profesionales es tener libertad en la formación y en el proceso de especialización para que puedan escoger otras instituciones donde quieran formarse, porque incluso hay casos de contadores que han realizado maestrías y no se las validan como parte de los estudios que deben cumplir para renovar sus credenciales. “Pero no debe ser a través de la imposición del Consejo que les diga con qué instituciones calificarse”, añadió el legislador.
Víctor Sánchez, uno de los contadores que promueve las reformas, indicó que solicitan apoyo del Legislativo y también del Ejecutivo “ya que por años se nos ha impuesto realizar 40 horas anuales de educación continuada, 120 trianuales para poder renovar nuestras credenciales y poder ejercer nuestra profesión cuando sabemos que podemos ejercer por poseer un título universitario que nos avala”.
El profesional dijo que la solicitud que hacen es que les aprueben la extensión de sus credenciales y que se les dé libertad de poder estudiar maestrías, postgrados, cursos libres y aprovechar los cursos que las propias empresas privadas promueven por medio de Insaforp, ya que en muchos casos no son tomados en cuenta como educación continuada.
“Solo aclaro que no estamos en contra de la educación, al contrario, nos queremos especializar más pero no queremos que esto esté ligado a que nos den una credencial para poder ejercer”, apuntó e instó a otros colegas a que se unan a la propuesta ya que son muchos los auditores afectados.
Fermina Cruz, también de las solicitantes, argumentó que “lo que pedimos es equidad respecto a otras profesiones similares, las cuales no tienen obligatoriedad de requisitos que limiten su derecho al trabajo”.
Ella sostuvo que “con los convenios que hacen para educación continua nos limitan a que recibamos capacitaciones en determinadas instituciones, las cuales vienen cobrando costos que muchas veces no están de acuerdo a la realidad laboral y del mercado de servicios”.
Consejo tiene otras propuestas
La ley que buscan reformar es administrada por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, una entidad adscrita al Ministerio de Economía y cuyo presupuesto se nutre en un 80% del cobro de aranceles a contadores y auditores y un 20% del Fondo General de la Nación.
El presidente del Consejo, Carlos Abraham Tejada, explicó en entrevista con El Diario de Hoy que muchos de los puntos que han externado los contadores que solicitan las reformas “no son ciertos”, como el hecho de decir que se atenta contra el derecho al trabajo, porque hasta la fecha no hay ningún contador o auditor al que se le haya cancelado su credencial.
TE PUEDE INTERESAR: Industria del plástico en crisis por fuerte alza en el precio de resina
“La educación no está vinculada a la acreditación. Hasta ahora ninguno ha sido suspendido”, afirmó.
Tejada enfatizó que los requisitos que la ley exige a los profesionales no son antojadizos, sino que emanan de regulaciones internacionales como las que indica la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés), de la cual El Salvador es miembro. Esa instancia es la que establece la obligatoriedad de las credenciales trianuales, por ejemplo, mencionó el funcionario.
Además, señaló que no fueron tomados en cuenta para plantear la propuesta de reformas que han llevado a la Asamblea, la cual consideró que “están al margen de la ley”, porque la normativa ya establece un procedimiento a seguir para plantear cambios en su texto.
Tejada indicó que es el Consejo el que debe elaborar el pliego de reformas, luego presentarlo a las gremiales de contadores y auditores que hay en el país, entre ellas el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, Corporación de Contadores de El Salvador y Red de Contadores de El Salvador, y después de tener el aval de estas instancias es el Ministerio de Economía el que lo presenta ante la Asamblea.
El funcionario criticó que ese proceso no se siguió; no obstante, la Constitución faculta a los legisladores poder presentar iniciativas de ley, que es lo que realizó el diputado Damián Alegría al ingresar la propuesta de los contadores.
El presidente del Consejo también objetó que “se hace ver que es un Consejo mercantilista y este Consejo administra la ley”, ya que no es el encargado de establecer los costos de los cursos que deben recibir los profesionales, sino que eso lo determina cada gremial autorizada para impartirlos.
Tejada aseguró que para aliviar un poco las finanzas de los contadores y auditores durante la pandemia acordaron que se cobraría a $1 cada hora de estudio que debían recibir, es decir que el gasto sería de $40 por las 40 horas de clase que les exige la ley, pero exoneraron de ese requisito a más de 1,000 profesionales que resultaron afectados por la crisis debido a la pandemia; también autorizaron que todos recibieran 12 horas gratuitamente.
De acuerdo a los datos del Consejo, son 10,500 contadores registrados en esa instancia y 6,100 auditores, pero hay muchos que tienen ambas especialidades, lo que hace un global de 15,000 acreditados.
Asimismo, el funcionario rechazó que sea reducida la cantidad de instituciones que imparten los cursos educativos para los contadores y auditores, como señalan los peticionarios de las reformas, y afirmó que durante 2020 hubo al menos 20 oferentes de los cursos.
Por otro lado, el presidente del Consejo adelantó que han preparado un proyecto de ley, el cual tiene de momento 145 artículos, y lo pretenden presentar el otro mes, antes de las elecciones.
Según explicó, una de las medidas que contempla es reducir a 20 horas las clases que deben cumplir los contadores.
Carlos Hipólito López, consultor del Consejo y uno de los que trabaja en la elaboración del proyecto de ley, explicó que también se están definiendo los conceptos de contador y contador público (el que ejerce como auditor) para establecer las facultades y responsabilidades de cada uno. Otro aspecto que contemplan es armonizar la ley con la tecnología; darle al Consejo facultades para evitar discrecionalidad; establecer garantías de defensa para los contadores, entre otras normativas.
El diputado Damián Alegría indicó que ante la propuesta de los contadores independientes consultarán a diversas entidades, entre ellas el Consejo.