El fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo esta mañana en llamada telefónica al set de Frente a Frente, que esperará a que sea la Sala de lo Constitucional la que determine si se ha incumplido la resolución en la se establece que no se le puede impedir el ingreso a salvadoreños si no traen una prueba PCR al momento de ingresar al Aeropuerto.
Según diversos abogados consultados por el diario de hoy, el Gobierno comete al menos cuatro delitos al impedir el ingreso de connacionales y extranjeros residentes en el país, si no traen la prueba PCR, entre ellos el de coacción, por obligar a las aerolíneas a pedirlo para que sus pasajeros aborden el avión.
Confusión y malestar en medio de desacato al exigir la prueba de COVID-19 para entrar a El Salvador, así fue el primer día de apertura del aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
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Según Melara, si a una persona se le impide el ingreso o una aerolínea se siente coaccionada, deben presentar su denuncia ante la Fiscalía o ante la Sala para que ellos inicien la investigación. “Es la única manera en la que nos vamos a dar cuenta”, dijo. Agregó que ve preocupante que se diga que la Fiscalía debe actuar de oficio.
Por su parte el presidente de la Comisión Ejecutiva portuaria Autónoma, Federico Anliker, nadie le está impidiendo el paso a los salvadoreños.
Afirma es lo que se está haciendo es cumpliendo con protocolos para impedir que una persona pueda venir enferma con covid y contagiar a otros.
“Yo considero que no se ha hecho nada ilegal, porque no se le está diciendo a ningún salvadoreño que no puede entrar al Aeropuerto sino la trae”, afirmó.
El Aeropuerto Internacional reinició nuevamente sus operaciones este 19 de septiembre con un 20% de su capacidad. Según Anliker en este primer fin de semana se han movilizado por la terminal un total de 3,072 personas entre ingresos y salidas.
Las personas que han ingresado, todas han traído consigo un comprobante de la prueba PCR que certifica que no está contagiado de COVID19.
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De no presentarlo, se señala de “Inadmisible” a la persona y la aerolínea se arriesga a pagar una multa de $6,000 por pasajero, razón por la cual la Sala de lo Constitucional determinó que esta medida era inconstitucional.
Las disposiciones legales generaron confusión el mismo día se la reapertura del Aeropuerto. Ese sábado se conoció que un vuelo de la aerolínea estadounidense Spirit tuvo que cancelarle el viaje a más de 200 pasajeros ante la amenaza de multa del gobierno.
El piloto capitán de vuelo, a quien han identificado como Tito Ungo, dio a conocer su molestia contra las disposiciones del gobierno a través de un audio en el que se le escucha decir fuertes palabras contra el Gobierno.
Según Anliker, el piloto ofendió al Gobierno por lo que ya habló con las autoridades de la aerolínea para que tomen acciones contra el capitán de vuelo.
Según Anliker, el aeropuerto sólo está cumpliendo con protocolos de bioseguridad para garantizar que no haya un repunte de contagios.
Afirmó que el aeropuerto podría cerrar nuevamente si la curva de contagios se va al alza y se determina que esta está relacionada con el ingreso de personas infectadas a través de la terminal aérea.