El proyecto de reformas a la Constitución que ha preparado el equipo Ad-hoc dirigido por el vicepresidente Félix Ulloa confirma la intención del gobierno de estatizar los fondos de pensiones de los trabajadores.
Según la nueva redacción del artículo 50 de la Constitución, “la seguridad social constituye un servicio de carácter público... y dicho servicio será prestado por una o varias instituciones del Estado...”.
En la redacción de la actual Carta Magna, la palabra “Estado” no aparece en el articulado, lo que permite que hoy día existan empresas privadas que presten el servicio de administradores de los fondos.
Para el abogado constitucionalista Enrique Anaya, esto limita las instituciones al plano público y confirma la confiscación de los fondos. “Con esta reforma se anuncia la confiscación de ahorros de pensiones de los salvadoreños”, señaló el abogado.
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El gobierno, por su parte, ha iniciado una campaña de expectación para anunciar una “verdadera reforma de pensiones”, que saldaría la deuda histórica del país.
Y aunque el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirma que la nacionalización de los fondos es falso, el proyecto muestra que el objetivo será que sea el Estado quien administre los ahorros de los trabajadores.
El sistema de pensiones fue manejado por el Estado hasta 1998, cuando se creó la Ley del Sistema de Ahorro para pensiones conocida como SAP.
Antes, las cotizaciones de los trabajadores ingresaban al fondo general del Estado para que este usara el dinero y su responsabilidad era pagar las pensiones de los jubilados.
Sin embargo la relación de cotizantes por cada jubilado era 2.9, es decir, aproximadamente tres personas cotizando para pagar a un pensionado, según determinó un estudio del economista Carmelo Mesa-Lago en 2011.
Pero a partir de 1998, con el nuevo sistema, cada trabajador comenzó a ahorrar en una cuenta individual que, de acuerdo al objetivo de la reforma, obtendría ganancias de la inversión de su dinero.
Según los más recientes datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a la fecha el fondo de pensiones acumulado desde 1998 suma $12,172 millones que le pertenecen a los trabajadores.
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Sin embargo hay que aclarar que el 59.7 %, es decir, más de $6,000 millones están invertidos en el
Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que es usado por el Gobierno para obtener dinero y pagar a los jubilados del INPEP. En definitiva, es dinero que el Gobierno ya debe a los cotizantes a través de las AFP.
Preocupación por nulo debate
El anuncio de una nueva reforma de pensiones ha puesto en alerta tanto a economistas y políticos como a los mismos salvadoreños, que se muestran expectantes por las decisiones en torno a este tema.
Los economistas y políticos esperan que el gobierno realmente abra el debate sobre el tema y no pretenda imponer las reformas al tener mayoría de votos en la Asamblea Legislativa.
Representantes de los trabajadores también esperan que el gobierno los incluya en las discusiones que se abran para aprobar una reforma.
Mientras tanto, en las AFP, el temor de una estatización se percibe a través de un aumento en el retiro del adelanto de pensiones y en la jubliación por vejez, que en junio aumentó