El reglamento divulgado para consulta por el Banco Central de Reserva (BCR) para regular el uso del Bitcoin en el país obliga a las entidades proveedoras de servicios de la criptomoneda a cumplir con la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, además de llevar un registro de las transacciones de los portadores de la moneda.
El Capítulo VII de la normativa desarrolla la regulación para la gestión de riesgo de lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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“Las entidades deberán aplicar la debida diligencia, lo cual implicará que éstas implementen los procedimientos y controles, de manera electrónica para valorar, identificar y verificar la identidad de sus clientes y beneficiarios finales, monitorear sus operaciones, a efecto de gestionar adecuadamente el riesgo de LDA/FT/PADM (lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva)”, dice el artículo 43 de la normativa.
En el mismo artículo se establece que debe existir una identificación digital que se realizará por medios electrónicos sustitutivos de la presencia física con uso de registro de datos personales, a través de procesos de autenticación, implicación de registros biométricos, escaneos de Documento Único de Identidad, geolocalización, reconocimiento de dirección IP (Protocolo de Internet), entre otras técnicas rigurosas o métodos tecnológicos alternativos de igual rigurosidad, almacenables y no manipulables.
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El artículo 43 del reglamento también establece que se deberá almacenar la informació con constancia de fecha y hora, conservándose en sus sistemas informáticos, tal como lo dispone el artículo 12 de la Ley Contra Lavado de Dinero y de Activos.
Estas son solo algunas de las regulaciones que establece la normativa sobre Bitcoin emitida para consulta por el BCR en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Pero estas obligaciones ya se establecen en la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos , la cual indica que lo sujetos obligados deben mantener por un periodo no menor a 15 años los registros necesarios sobre transacciones realizadas, tanto nacionales como internacionales que permitan responder con prontitud a las solicitudes de información de los organismos de fiscalización y supervisión correspondientes.
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Economistas consultados por El Diario de Hoy coinciden en que la normativa pretende dar al Bitcoin el mismo trato que a un producto o servicio del sistema financiero que debe cumplir con la prevención del lavado de dinero, pero plantean sus dudas de que eso vaya a funcionar.
Para el economista Rafael Lemus, se está forzando todo el esquema del Bitcoin que ya funciona en el mundo a que case con una figura propia de un servicio o producto financiero estándar de la banca tradicional.
“Es básicamente romper con toda la filosofía y la estructura del Bitcoin y llevarlo de manera forzada a la regulación de un producto bancario, cuando en realidad es bien difícil que se puedan dar operaciones internacionales hacia las billeteras locales bajo esa modalidad de un producto bancario normal con toda la rigurosidad de la ley de lavado de activos, es decir las prácticas prudenciales que son las típicas de un servicio financiero tradicional”, opinó Lemus.
Afirmó que el Bitcoin ha sido diseñado y configurado para estar fuera de todo ese ámbito, con plena libertad y fuera del alcance de la supervisión bancaria. “Es como tratar de meter al zoológico los animales que están libres”, ilustró.
Para el economista Romel Rodríguez, cuando dice que los bancos tendrán que aplicar al Bitcoin todas las regulaciones para el lavado de activos y el control de los riesgos es igual que el tratamiento que se le da al dinero en efectivo.
“Operativamente es bien difícil porque por su naturaleza el Bitcoin puede moverse y transarse en operaciones que están fuera del sistema financiero; quieren normalizar el uso del Bitcoin cuando tecnológicamente se pueden hacer operaciones con Bitcoin sin necesidad de pasar por estas formalidades”, advirtió Rodríguez.
Acotó que el articulado pretende respaldar la seguridad de las operaciones con Bitcoin, pero es difícil.
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“No veo cómo se va a manejar el riesgo de lavado de activos y se va a poder hacer con las billeteras que se manejen acá, pero con las billeteras que traigan extranjeros. Si quiero vender un activo o un vehículo y viene alguien de fuera que me lo quiere comprar ¿cómo queda esa transacción?”, ejemplificó Rodríguez.
Agregó que las personas usan seudónimos para abrir cuentas en Bitcoin y aunque las transacciones se pueden ver en la cadena de bloques, en realidad no se sabe quién está detrás de cada operación.
El economista Luis Membreño señaló que el capítulo y los artículos relacionados con el lavado de dinero y la normativa del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) se le quieren aplicar al Bitcoin como que fuera cualquier otra moneda. “Esto lo que hace es que elimina la posibilidad de operar con Bitcoin en El Salvador con este tipo de normativa. La esencia con el Bitcoin es que no se sabe quién es quién y lo que establece la normativa es que tiene que conocerse en detalle el origen de los fondos, el origen de la cuenta, donde está el dinero, a quién se le transfiere y cuánto se le transfiere”, consideró.
Desde junio pasado la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings advirtió que la Ley Bitcoin aumentará los riesgos regulatorios, financieros y operativos de las instituciones financieras, incluido el potencial de violar los estándares internacionales contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) y el financiamiento del terrorismo.
También el reconocido economista estadounidense Steve Hanke destacó en un artículo publicado ayer en Capital Matters que el Gafi, el policía internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, hará cuestionamientos por el funcionamiento del Bitcoin en el país.
“Desde una perspectiva regulatoria del Gafi, El Salvador ha estado tan limpio como los dientes de un sabueso. Eso cambiará si la Ley Bitcoin se implementa el 7 de septiembre”, afirmó.
Dijo además que el Gafi estará más pendiente del país a raíz de la entrada en vigencia de la ley.
“Si se pregunta si el Gafi y otros organismos reguladores pondrán sus ojos en el lado oscuro de El Salvador el 7 de septiembre, la respuesta es un “sí” inequívoco”, apuntó Hanke.