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Rodolfo González: “La ley del Bitcoin es un fraude a la Constitución y repite el caso de SITRAMSS”

Como “los mismos de siempre” con el SITRAMSS, que fue declarado inconstitucional, el gobierno Bukele impone la Ley del Bitcoin y anuncia que erogará cientos de millones de dólares para el proyecto y la operación a cargo de desconocidos.

Por Mario González/ Karen Molina | Jun 30, 2021- 21:30

Rodolfo González, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Rodolfo González es un consumado constitucionalista. Fue secretario de la Sala de lo Constitucional por muchos años, catedrático en la materia hasta llegar a integrar el máximo tribunal en la Sala denominada “de los Cuatro Magníficos”, que estuvo a punto de ser derrocada en 2012 por enfrentarse a los gobiernos efemelenistas chavistas por los abusos y arbitrariedades que cometían y se resistió a la imposición y las violaciones a la Constitución entonces.

González no duda en calificar como un “fraude a la Constitución” y a la buena fe de las personas la ley del Bitcoin y compara su aprobación a la violatoria introducción del SITRAMSS, que fue declarado inconstitucional por la Sala en 2019. De igual manera, cuestiona la obligatoriedad de la ley Bitcoin y subraya que esta no puede desaparecer solo porque el presidente Bukele salga diciéndolo en televisión o en un tuit.

Estas son sus impresiones en entrevista con El Diario de Hoy.

Usted considera que la ley del Bitcoin es inconstitucional. ¿Por qué?

Porque la Constitución dice en el artículo 135 que todo proyecto de ley debe ser discutido antes de ser aprobado. Y en la jurisprudencia constitucional de los últimos 25 años se había venido señalando que no se abusara de la dispensa de trámite, sino dar espacio a los diferentes grupos parlamentarios de expresarse, incluso dar espacio en el seno de la comisión o del pleno de escuchar a especialistas y a los diferentes actores sociales.

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¿Esto no se cumplió ahora?

No se cumplió. Solo por ese motivo una sala de lo Constitucional legítima y que se apegara a los estándares jurisprudenciales del último cuarto de siglo declararía inconstitucional esta ley por falta de discusión en algo tan importante para la vida económica nacional.

¿Hay un vicio de origen que llevaría a…?

Anular la ley completamente si la Sala estuviera funcionando en el país adecuadamente con el sistema de frenos y contrapesos.

¿Cómo afecta esta aprobación de ley a la gente común, al ciudadano de a pie?

Afecta los derechos constitucionales de las personas. La sola imposición afecta la libertad contractual y la seguridad jurídica garantizadas en la Constitución.

¿Qué es la libertad contractual?

Por ejemplo, usted y yo podemos convenir en que usted me da un producto y yo le doy otro, un trueque, y es una decisión libre entre nosotros. Ciertamente no puede ser que en un departamento del país funcione un sistema de trueque, en otro de colones, en otro dólares y en otro euros; es necesario que el Estado ponga orden en la economía, pero en su rol de facilitador a los ciudadanos y actores económicos.

¿Y la seguridad jurídica?

La Constitución señala la necesidad de que el Estado establezca un sistema monetario orientado a garantizar estabilidad en el país, seguridad jurídica. Pero desde la aprobación de esta ley Bitcoin en las últimas semanas se dan versiones contradictorias sobre si es obligatoria o no es obligatoria, sobre quién va a soportar la volatilidad y las pérdidas de valor adquisitivo en salarios o productos si las hay, incluso entre los mismos economistas y financistas no se ponen de acuerdo si es una criptomoneda o un criptoactivo y la misma ciudadanía no sabe a qué atenerse en cuanto a si será obligada y sancionada en caso de que se resista a aceptar bitcoins.

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¿Y el Estado está obligado a garantizar estos derechos?

El Estado debe facilitar, poner orden, no generar incertidumbre, inseguridad jurídica e imposición, pero la imposición afecta estos derechos. Se le obliga a que acepte una forma de pago y de recepción de sus pensiones, de sus salarios, en algo tan volátil, dejando de lado algo que ya bien que mal la ciudadanía ya había adoptado por 20 años que era el dólar.

Cuando hablamos de falta de discusión para aprobar leyes, madrugones e imposición, ¿no era lo que hacían los que el gobierno Bukele llama “los mismos de siempre”?

Estamos repitiendo prácticas del pasado que se supone que estaban superadas, como la cero discusión, los madrugones, leyes aprobadas en cuestión de horas sin que los mismos diputados sepan qué es lo que aprobaron.

De hecho se dice que, además de no cumplir con las formalidades para la aprobación de leyes, establecen un monopolio con una empresa desconocida, lo cual está prohibido por la Constitución…

La Constitución prohíbe los monopolios y además no se conoce de ningún procedimiento de licitación que se haya realizado, como manda la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (LACAP) o que se esté realizando para determinar quién será el operador que va a facilitar supuestamente el uso del Bitcoin. No se supo de la empresa hasta que ella misma anunció el embarque hacia El Salvador de unos cajeros, pero no se sabe de un proceso de licitación como manda la ley y debe ser por transparencia.

¿En qué incurren quienes procedan con todo esto?

Entregar a un particular una tarea que es típicamente estatal y establecer a un monopolio sería una violación a la Constitución y además una violación a la ley LACAP porque debió haber un concurso o licitación.

¿En el pasado en qué otros casos lo hicieron así los que el gobierno llama “los mismos de siempre”?

Sólo recordemos el caso SITRAMSS. Obviando el procedimiento legal y constitucional que obligaba a pasar por la Asamblea Legislativa para que allí se otorgara la concesión para que un particular explotara en régimen de exclusividad un bien público, unos carriles de la calle, las terminales, toda la infraestructura del SITRAMSS y lo relativo a la tarjeta de abordaje que se utilizaría, se le adjudicó a dedo a una empresa.

Como ahora que se dice que el Estado va a erogar unos 270 millones para que opere una empresa privada, en aquel entonces también erogó millones para la empresa que operó el SITRAMSS…

Estamos repitiendo errores que muchos de los que ahora están en el gobierno criticaron al gobierno que recién concluyó hace un par de años. Si se supone que estábamos listos para superar errores del pasado, ¿por qué se están repitiendo ahora? ¿Qué hay detrás de una decisión atropellada, inconsulta, que luego se va intentando corregir en el camino, pero que puede producir graves perjuicios a la economía en general y al bolsillo de los salvadoreños? Simplemente se toma una decisión y la Asamblea se convierte en un pasapapeles, contraviniendo los procedimientos constitucionales.

¿Algo así sucedió con la Lotería más recientemente, en este gobierno?

También se señaló en su momento. Incluso el Fiscal destituido pidió a un juez de lo civil que declarara la nulidad de esa adjudicación por haber violentado la ley. Estamos viendo una práctica…

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¿De “los mismos de siempre”?…

Procedimientos viciados que fueron objeto de crítica por el presidente, por los ministros en su momento, pero que están repitiendo.

¿Estamos ante un fraude a la Constitución?

Hay un fraude a la Constitución y a la ley, una conducta antijurídica.

¿Hay delito?

No es mi especialidad para calificarlo, pero sí puedo señalar que en la Constitución tiene un sentido el que estas decisiones de tanta trascendencia para el país, como pueden ser la decisión sobre el sistema monetario o el sistema de pensiones, financiero y crediticio, o sobre la infraestructura de la energía geotérmica… decisiones de ese nivel, tomadas de manera inconsulta, son un fraude a la Constitución y a la ley desde el momento en que no hay ningún concurso para los que distintos operadores o prestadores del servicio pudieran competir en condiciones de igualdad y adjudicarse a la mejor oferta.

Sabiendo que la Sala está cooptada por el partido en el gobierno y cualquier recurso puede ser resuelto a favor del mismo gobierno, ¿cuál podría ser el canal a través del cual se pudiera dirimir esto, porque el gobierno tiene todos los poderes a su servicio?

En este momento no es creíble que el sistema de frenos y contrapesos normales de un régimen republicano y constitucional pueda funcionar. Ya se presentó una demanda de inconstitucionalidad, pero nadie en su sano juicio espera que esta “Sala” y estos “magistrados” van a actuar con independencia y resolver una cosa distinta que las que le requiera el Ejecutivo.

¿Qué queda?

Dos vías: una interna y otra internacional. A nivel interno ya estamos viendo un rechazo social. Pequeñas encuestas que se están haciendo ya están señalando un alto nivel de rechazo de la población a algo que es desconocido, no se tiene acceso a internet ni todo el mundo tiene un teléfono celular que le permita esta conectividad y la facilidad para hacer estas transacciones y personas conocedoras dicen que 90 días no serían suficientes para divulgar, educar, dar a conocer y facilitar la tecnología a los usuarios. Los organismos financieros internacionales y los encargados de vigilar que los países no se conviertan en paraísos fiscales, en colaboradores del crimen transnacional -el GAFIC, por ejemplo, los tiene en vigilancia desde hace varios años- señalan que esta decisión, en la medida que el Bitcoin y otras llamadas criptomonedas pudieran servir para lavado, financiación del terrorismo, puede hacer que organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario se lo piensen. De hecho ya se han pronunciado. Y esto puede hacer también que el gobierno revierta sus medidas.

La ley expresa claramente obligatoriedad. ¿La sola palabra del presidente cambia esto…?

No lo cambia. Estamos hablando de un presidente muy ignorante que el año pasado pretendía establecer decretos presidenciales por medio de tuits o declaraciones en conferencias de prensa. Está tratando de hacer una interpretación auténtica con sus declaraciones, pero la interpretación auténtica sólo puede hacerla la Asamblea y con un decreto legislativo. Declaraciones del presidente de la República en cadena nacional no tienen la capacidad de aclarar el sentido de la ley.

La ley dice que es obligatorio y el presidente dice en conferencia de prensa que no es obligatorio, eso no vale, porque ya hay un procedimiento establecido para aclarar el sentido de una ley o reformarla.

¿Qué pasará al final?

La realidad siempre desmiente estos mitos y ojalá que no nos encontremos con un colapso económico muy serio por decisiones apresuradas e inconsultas.

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