El Gobierno debe liquidar el fideicomiso del Bitcoin que estableció para darle respaldo a las transacciones con criptomonedas, sugiere también el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) dentro de sus recomendaciones de cara al ejercicio fiscal previsto en el Presupuesto 2022.
Dicho fideicomiso, que de acuerdo con la Ley Bitcoin tendría un monto de hasta $150 millones iniciales, no es necesario para las finanzas públicas, según la institución, por lo que recomienda que debería redirigirse para cerrar la brecha presupuestaria que tendría el presupuesto 2022, el cual necesitará hasta $1,209 millones para poder financiarse.
Sumado al enorme endeudamiento que ha ido acumulando el país, sobre todo a partir del 1 de mayo 2021, los gastos en proyectos como el Bitcoin solo han aumentado los gastos, señala el instituto.
Según el Icefi, la deuda del país podría sobrepasar el 90% del PIB el próximo año si el gobierno no resuelve esas fallas. A esto también se añade el anuncio sobre Bitcoin City.
Ciudad libre de pagar impuestos
Uno de los más recientes anuncios hechos por Bukele sobre el Bitcoin es una ciudad que pretende construir y que funcionará adaptada para esa criptomoneda.
No obstante, el análisis fiscal apunta que un aspecto preocupante para las finanzas públicas es que dentro de la propuesta que ha ofrecido el gobierno en dicha metrópoli, denominada “Bitcoin City”, entre los beneficios para quienes la habiten estarán, por ejemplo, que no pagarán impuestos, a excepción del IVA.
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Sobre este punto, el Icefi señala que el Ejecutivo no debe subestimar los ingresos del próximo año y que debe basarlos en expectativas reales sobre la evasión de impuestos, por lo que añade que el gobierno “no debe aprobar nuevas exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios de dichas medidas son más altos que sus costos, aludiendo especialmente al proyecto de Bitcoin City anunciado por el Ejecutivo”.
Siempre con respecto a la Bitcoin City, el economista sénior del Icefi, Ricardo Castaneda, había dicho anteriormente que ese modelo de ciudad podría convertir al país en una especie de paraíso fiscal y de lavado de dinero.
Hasta el momento, el gobierno ya lleva gastados más de $300 millones de fondos públicos solo en la implementación del Bitcoin.