El BCIE ha dado más de $1,600 millones a El Salvador desde el 1 de mayo

Pese al deterioro institucional y democrático que han señalado organismos como el FMI, el BCIE es el único ente que ha continuado financiando deuda al gobierno de Bukele.

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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) podría aumentar el techo de deuda a la que puede acceder El Salvador. Foto: Archivo

Por Juan Carlos Mejía

2021-12-06 6:00:09

Más de $1,661 millones en préstamos ha otorgado el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a El Salvador, desde el 1 de mayo 2021, fecha en que inició funciones la actual Asamblea Legislativa.

De todos los créditos que ha aprobado la nueva legislatura, que en promedio han sido $877 millones cada mes (al menos hasta agosto), el BCIE es el que más fondos le ha otorgado al país, en relación a otros organismos financieros.

Solo el BCIE ha firmado al menos nueve contratos de créditos con el país desde mayo, mismos que ya fueron aprobados en su mayoría por los diputados cyan y sus aliados, incluso algunos ya están en proceso de ser ratificados y desembolsados.

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Los principales proyectos a los que se pretende destinar esos fondos van desde escenarios deportivos hasta la remodelación de escuelas o de la red vial; no obstante, el gobierno no ha detallado esos proyectos en los cuales se invertirán los préstamos millonarios que ha otorgado organismo regional.

A pesar de que el país se encuentra en una situación crítica con las finanzas, tal como lo han advertido calificadoras de riesgo y firmas de análisis financiero, el BCIE es de los pocos organismos multilaterales que continúa destinándole grandes cantidades en financiamiento, pues solo el 23 de noviembre se aprobó la suscripción de un nuevo contrato de préstamo de hasta $214.7 millones, en un momento en el que el valor de los bonos soberanos del país rozaban los niveles más bajos.

Y contrario a otras entidades financieras que han señalado el evidente deterioro democrático e institucional en el que se encuentra el país, luego de la destitución exprés e ilegítima de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, así como la destitución del Fiscal General, en el seno del BCIE no han influido esas decisiones políticas que a nivel internacional han minado la confianza de inversionistas y otros organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI, incluso, ha señalado en varias ocasiones que ese deterioro democrático es algo que el país debe resolver para poder acceder a un acuerdo de servicio ampliado que le otorgaría a El Salvador hasta $1,300 millones en financiamiento para aliviar la crisis fiscal que atraviesa producto del mismo endeudamiento. El FMI ha advertido que con el endeudamiento que acumula la administración de Nayib Bukele el país podría cerrar el 2021 con una deuda del 85% del PIB, por lo que recomendó un ajuste fiscal del 4%.

Otro punto a destacar es que los préstamos otorgados al país por ese organismo en la presidencia de Bukele han aumentado desde que Luis Rodríguez, excomisionado de Proyectos Estratégicos de la Presidencia, asumiera como director para El Salvador dentro del BCIE.

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Esta no es la primera vez que alguien cercano al presidente de turno tiene un puesto de mucha importancia al interior del BCIE, pues durante los gobiernos del FMLN, quien ocupó ese cargo fue Guillermo Funes Cartagena, hermano del convicto y expresidente salvadoreño Mauricio Funes.

Ante esto, el especialista en relaciones internacionales Napoleón Campos afirmó que hay que estar “atentos a estos extraños préstamos del BCIE para el gobierno de Nayib Bukele. Al no haber institucionalidad, separación de poderes, el pueblo honrado desconoce el uso de esta gigantesca nueva deuda”.

$525 millones solo para deuda

Del total de préstamos que ha otorgado el BCIE hasta el momento destaca uno que asciende a $600 millones, uno de los más altos que ha otorgado la institución en su historia y que fue incorporado para su aprobación en la Asamblea el 20 de julio como un financiamiento en “Apoyo a las medidas de recuperación económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectados por el Covid-19”.

Ese préstamo millonario en realidad sirvió para pagar la deuda que adquirió el Gobierno en 2020 para entregar los bonos de $300 a familias afectadas por la pandemia y para reponer el dinero que usó para crear el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa).

De ese crédito de $600 millones, solo $74.7 millones serían destinados para fines relacionados con la recuperación y dinamización de la economía, según el dictamen 58 aprobado por los diputados oficialistas el 20 de julio pasado.

Antes de la aprobación de ese préstamo, los legisladores oficialistas afirmaron que el dinero serviría para “devolverle liquidez al Estado” luego de las erogaciones durante los primeros meses de la pandemia; sin embargo, en esa ocasión la economista Tatiana Marroquín subrayó que el Firempresa y la entrega de los $300 se financiaron por medio de la colocación de deuda de corto plazo por medio de Certificados del Tesoro (CETES), por lo que ese dinero no quedará líquido en las finanzas estatales.

Los demás préstamos suscritos con el BCIE corresponden a proyectos como la “Operación de Políticas de Desarrollo” ($250 millones); el financiamiento de las fases II y III del Plan Control Territorial ($91 y $109 millones, respectivamente); el Proyecto de construcción del viaducto y ampliación de la carretera de Los Chorros ($245.8 millones); y para el Programa de construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos ($115 millones).

A esos préstamos se suma uno de $200 millones para financiar el programa “Mi nueva escuela” y otro por $50 millones que financiará parcialmente las “medidas económicas compensatorias implementadas por la emergencia de Covid-19 en El Salvador”.


Gobierno sin aclarar destino de deuda

Por otra parte, el tema del capital del que dispone El Salvador de los fondos del BCIE aún no queda claro, pues actualmente el organismo cuenta con un techo de capital autorizado de $7,000 millones para otorgar préstamos en la región, y según la misma institución, entrega un promedio de $3,000 millones anuales en créditos a sus países socios.

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Esto quiere decir que, solo desde el 1 de mayo, cuando inició funciones la Asamblea de corte oficialista, El Salvador ha obtenido más de la mitad de los créditos que el organismo otorga anualmente, pues hasta el momento, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ha suscrito contratos de préstamos por más de $1,600 millones, monto que podría aumentar si los diputados aprueban en próximos días el más reciente contrato de financiamiento por $214.7 millones para un proyecto que busca “cerrar la brecha digital” en las escuelas públicas del país.

A pesar de los múltiples préstamos que ha solicitado el gobierno salvadoreño, poco se sabe sobre la forma en que serán ejecutados estos proyectos, en su mayoría de gran escala, y la única información disponible es la publicada por el mismo BCIE en sus plataformas en las que describe de forma breve la finalidad de algunos de estos créditos que ha otorgado al país.

Por ejemplo, hay un préstamo por $250 millones para la “Operación de Políticas de Desarrollo”, cuyo financiamiento es para “aunar esfuerzos para la atención sanitaria provocada por la COVID-19 y su impacto a grupos vulnerables, así como la estabilidad y reactivación de la economía salvadoreña”, según indica el organismo.

No obstante, la ejecución de estos fondos por parte del gobierno no se conoce, debido a la poca transparencia que maneja en temas de gastos públicos.