Representantes del sector azucarero presentaron este jueves dos instrumentos legales, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la cancelación del Tratado de Libre Comercio con Taiwán efectuada por el gobierno, el año pasado.
Los productores de caña de azúcar presentaron un recurso legal para pedir a la Sala que resuelva inconstitucional la cancelación (o denuncia) del pacto comercial con ese país asiático, argumentando que se efectúo de manera “abrupta e inconsulta”.
“Se pide, por tanto, ordenar que suspenda la vigencia y eficacia de la denuncia al Tratado con la República de China (Taiwán), y del Acuerdo Ejecutivo No.1739, emitido por el Ministerio de Economía, mediante el cual se estableció el Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al año 2019 para el Tratado de Libre Comercio entre Taiwán, la República de El Salvador y la República de Honduras”.
Agrega que se dejó establecido “en su artículo 5 que dicho acuerdo estará en vigencia del 1 de enero de 2019 hasta el 15 de marzo del mismo año, el cual será publicada con fecha 20 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial, que no se presenta por no estar a la venta a la fecha de presentación de esta demanda”, se lee en el documento presentado ante la Sala.
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El otro recurso legal es el amparo que presentaron los productores de azúcar en donde piden como medida la suspensión de la acción tomada por el Ejecutivo.
Julio Arroyo, director ejecutivo de la Asociación Azucarera de El Salvador, explicó que el amparo puede actuar como una medida más rápida, para que luego la Sala declare esa cancelación inconstitucional, junto con el recurso; esto si el Órgano Judicial admite ambos instrumentos.
Javier Argueta, representante legal de los demandantes, explicó en resumen que la cancelación del TLC con Taiwán, realizada por el Ejecutivo no procede, por que no se hizo bajo el debido proceso.
“Al gobierno de El Salvador, al Canciller, a la Secretaría Jurídica se les pasó que Taiwán es sujeto de Derecho Internacional, parte de los 164 países que están en la Organización Mundial del Comercio”, señaló el abogado.
Los afectados esperan que la Sala priorice este tema, ya que el tiempo es corto, y hay compromisos comerciales que los importadores y exportadores deben cumplir.
Argueta dijo que los tratados internacionales tienen un procedimiento de creación, este es negociado por el Presidente de la República, y debe ratificarlo la Asamblea Legislativa, y ese mismo procedimiento debe regir para su cancelación.
El director ejecutivo de la Asociación Azucarera, recalcó “esperamos que la Sala admita los dos recursos; consideramos que han sido bien planteados y que nos asiste la Ley, y que la Sala resuelva favorable en ambos casos”.
Oscar Orellana, presidente de los Productores de Caña de Azúcar de El Salvador (Procaña), señaló que esperan que la Sala resuelva a favor porque “esto no se trata de ideologías, lo que queremos los productores y los industriales es vender nuestro azúcar, generar empleos, exportar. Qué bueno hubiera sido tener ambos mercados, que el gobierno no terminara con el TLC con Taiwán y se abriera mercado con China Popular, pero esta última no es opción.
Orellana se refiere a que el gobierno canceló el TLC con Taiwán, a raíz de que en agosto del año pasado abrió relaciones diplomáticas con China Popular.
El gran problema, señalan, ha sido “la falta de transparencia” ante las dos acciones ejecutadas por el gobierno de El Salvador, ya que de forma inesperada, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, anunció ambas decisiones el mismo día.
Esto de inmediato generó incertidumbre en el sector productivo, con más fuerza en el azucarero, por el monto de azúcar que venden a los taiwaneses.
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El gobierno tampoco emitió un anuncio oficial de los acuerdos que había negociado con China Popular, y tampoco si al terminar las relaciones diplomáticas con Taiwán se cancelaba dicho pacto comercial.
Sin embargo, en eventos oficiales la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, aseguró, de palabra, a los azucareros y a los medios de comunicación que mientras no se tuviera otra opción de mercado para las 80 mil toneladas de azúcar, y los otros productos involucrados, que juntos suman unos $38 millones en exportación, no se cancelaba el Tratado.
Palabras que no fueron ciertas, ya que inesperadamente el 8 de enero pasado, los azucareros se enteraron que Cancillería había terminado con el TLC con Taiwán y las exportaciones y los negocios pactados se quedaban en el aire.
El tiempo se acaba
Si se llega al 15 de marzo próximo, fecha en la que según la denuncia que hizo Cancillería queda sin vigencia el convenio con el país asiático, habrá pérdidas millonarias en costos y empleos, que tanto los productores de caña y los de azúcar han señalado.
“La afectación inmediata, por lo que está contratado y que tiene que embarcarse de aquí a julio, es de unos $3 millones, por las 57 mil toneladas de azúcar que ya están en juego y por eso presentamos estos recursos, para que al menos la Sala resuelva con el amparo”, dijo Arroyo.
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Respecto al riesgo de la pérdida de empleos los productores de caña ha señalado que se pueden perder 10 mil de los 50 mil empleos directos que genera el sector; y perderían 40 mil de los 160 mil puestos indirectos.
Pero si el tiempo se llega, el abogado dijo que los demandantes están preparados para presentar “demandas contenciosas administrativas, para efectos de suspender la prohibición de exportar e importar bajo ese pacto”.
El punto medular
Al consultarle a los representantes del sector azucarero sobre la posibilidad de que China Popular pueda absorber la cuota de azúcar (80 mil toneladas con arancel 0) que exportan a Taiwán, según insinuó el canciller Carlos Castaneda a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea legislativa, los productores señalaron que el funcionario se desvío del punto central.
“Se desvía del punto medular, porque el centro de esto es determinar que el proceso de denuncia es ilegal, porque no se hizo el debido proceso. Reclamamos la legalidad de lo actuado”, dijo Arroyo.
El director ejecutivo de la Azucarera informó que han solicitado por medio de la Ley de Acceso de Información Pública el memorándum de entendimiento que el gobierno firmó con la República de China Popular, y que se haga público.
En segundo lugar han pedido el documento de denuncia del TLC con Taiwán y, tercero, que se resuelva si es legal o no la denuncia.
Orellana dijo que para los productores lo que más les preocupa es la afectación en su bolsillo, ya que la acción del gobierno solo viene a aumentar sus costos y su trabajo. “Los productores de caña venimos trabajando contra el cambio climático, tratando de que la producción de caña sea más rentable, hay inversión en todo esto de dinero y de trabajo y nos salen con esto. Por ello esperamos que la Sala resuelva inconstitucional la cancelación del Tratado”, concluyó Orellana.