Estas son las 6 “prioridades” que Bukele lleva en el presupuesto 2021

Hacienda presenta hoy en la tarde el proyecto de gastos para el otro año ante la Asamblea.

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Plantean que van reforzar el Plan de Control Territorial.

Por Katlen Urquilla

2020-09-30 12:20:08

El ministerio de Hacienda presenta hoy en la tarde ante la Asamblea Legislativa el presupuesto para 2021, el cual contiene más gastos que ingresos y debido a eso necesitará $2,306.7 millones más para cubrir todos los compromisos del próximo año.

De acuerdo a los datos plasmados en la Política Presupuestaria de 2021 que ha divulgado Hacienda, un documento que por ley debe presentar el gobierno junto al presupuesto, el otro año obtendrían $5,983.2 millones en ingresos y donaciones, pero los gastos estimados serían de $7,980.2 millones.

Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele plantea que los fondos se enfocarán en las 6 áreas siguientes:

1. Educación:
En ésta área el gobierno plantea: seguir con la estrategia de transformación digital del Sistema Educativo para asegurar la continuidad educativa ante estados de emergencia nacional con la capacitación a docentes y estudiantes en la plataforma de Google Classroom y facilitar laptops a docentes, tabletas a estudiantes de 1° a 3° grado y ordenadores personales Chromebook a alumnos de bachillerato; fortalecer el desarrollo de la televisión educativa como una herramienta de trabajo y
apoyo para el docente; continuar con la reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de centros educativos.

Sin embargo, el Ministerio de Educación actual consideró que las “Lempitas”, como se llamó a las computadoras de la gestión Sánchez Cerén, están “desfasadas”, según declaró la titular Carla Hananía de Varela en abril de este año. Por lo tanto, no sirven para su planificación, y la solución que plantean es comprar más equipo, una inversión que rondaría los $240 millones.

Según datos de enero 2019 del Ministerio de Educación, casi al final de la administración de Sánchez Cerén, el Gobierno ya había entregado 75,574 computadoras para servir a un total de 865,749 estudiantes y 29,653 docentes, equipo repartido entre 2,983 centros escolares públicos.

Pero todo este equipo no será considerado por la actual administración Bukele, ya que planea entregar una computadora a cada familia que tenga estudiantes en escuelas públicas. Según declaró la ministra Hananía de Varela, no entregarán una laptop a cada uno de los 1.2 millones de alumnos que atienden, sino que lo harán a 800,000 familias, según informó el 13 de agosto pasado.

Por ahora, la compra de laptops y entrega para los alumnos sigue siendo solamente una promesa que ha tenido distintos anuncios que todavía no han sido cumplidos.

El 24 de abril, en medio de una dura etapa de contagios y fallecidos en medio de la pandemia por COVID-19, vinieron promesas desde el Gobierno en cuanto a solucionar la falta de conectividad de los estudiantes, pero pasados ya cinco meses, no se ha concretado nada.

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2. Salud:
En la Política Presupuestaria indican que: fortalecerán el Sistema Nacional de Salud para responder a otros Estados de Emergencia; mantenimiento y equipamiento del Hospital Nacional El Salvador para dar cuidados intermedios e intensivos en casos de COVID-19 u otras especialidades médicas; desarrollar mecanismos de compras conjuntas con otras instancias del sistema de salud de insumos médicos, vacunas y equipos necesarios para la prevención y combate de COVID-19.

Pero gremios de médicos han cuestionado tanto el gasto como la operatividad del Hospital El Salvador.

Rodolfo Canizález, secretario primero de conflictos del Sindicato de Médicos del Hospital Nacional Rosales, señaló que en este centro médico trabajan en la actualidad 2,155 personas; son 12 plazas menos que las dispuestas para el sanatorio instalado en CIFCO, de acuerdo con los datos del documento que revisaron los diputados.
El Rosales es considerado el hospital más completo del país y donde hay más subespecialidades médicas; por ejemplo tiene consultas en 29 especialidades.

También ha señalado la falta de claridad sobre “la orientación real del (nuevo) hospital”, pues el Ministerio de Salud no ha comunicado formalmente cuál será la función del Hospital El Salvador.

“¿Es un hospital para atender pacientes COVID? ¿O es para atender todas las especialidades médico-quirúrgicas, al igual que el Hospital Rosales? ¿O es una mezcla entre atención de segundo nivel, como los hospitales departamentales y atención de primer nivel?”, cuestionó Canizález.

La misma opinión tuvo el médico salubrista Ricardo Lara, quien comentó que “nadie sabe qué pasa ahí adentro. ¿Cuál es el plan de trabajo para cada turno, las funciones de cada médico, su carga laboral?”, y dijo que no puede pasar “de la noche a la mañana” de hospital de emergencia por la pandemia a un centro de segundo nivel, pues el lugar no tiene quirófanos, rayos X ni otros servicios que hacen falta para darle esa categoría de atención.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, estima que la cartera que dirige requerirá $60 millones para el funcionamiento del Hospital El Salvador en 2021.

El Hospital El Salvador comenzó sus operaciones sin tener dentro del complejo varias áreas neurálgicas, como la Central de Equipos de Esterilización, plantas de tratamiento de aguas negras, lavandería y morgue, entre otras.

3. Seguridad:
Plantean que van a reforzar el Plan de Control Territorial disponiendo de nuevas tecnologías para mejorar la vigilancia y capacidad de respuesta; implementar estrategias para erradicar el fenómeno de desplazamientos forzosos por causa de los grupos criminales en zonas de alto riesgo y reinsertar a los afectados dentro de sus entornos originales; construcción y equipamiento básico de las delegaciones policiales, entre otras promesas.

Dicho plan de seguridad inició en 11 municipios, pero luego se amplió a 16 y ahora tiene 22 municipios priorizados.

Los homicidios bajaron un 47.3 % entre junio y marzo de 2020, respecto al mismo periodo del año pasado. El Gobierno atribuye la baja a los primeros resultados de su plan estrella, pero los homicidios bajaron más en los municipios donde no se implementa el Plan, esto hasta noviembre. Luego, la baja ha sido generalizada.

Lo atípico de los datos, documentado por la Unidad de Datos de El Diario de Hoy, encuentra una explicación luego que una investigación periodística, hecha por el medio digital El Faro, mostró cómo el Gobierno ha negociado con la MS-13 para reducir los homicidios estos meses.

4. Infraestructura:
Ofrecen que van a reforzar los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de la red vial del país, donde tiene relevancia la construcción, rehabilitación y el mantenimiento de carreteras, puentes, caminos vecinales, pasos a desnivel y calles, entre otros; construcción de viaducto y ampliación de la carretera tramo Los Chorros; continuar con el proyecto de construcción del Periférico Gerardo Barrios orientado a mejorar el tránsito, el comercio, el desarrollo productivo e incrementar el turismo en la zona oriental; seguir con el proyecto de construcción del Bypass de La Libertad; continuar con obras de mitigación y protección, para eliminar cárcavas que se formaron a raíz de las Tormentas Tropicales.

Pero mientras en redes sociales, el Ministerio de Obras Públicas coloca imágenes con taludes, rellenos, muros de contención, control de descarga de aguas… en las colonias de Ilopango y más comunidades aledañas, lo que han tenido es preocupación y angustia ante cada lluvia que cae.

Ciudadanos de esas localidades piden acción concreta al Ministerio de Obras Públicas ante el riesgo de perder sus casas. Han solicitado la instalación de una mesa técnica conjunta, entre instituciones y miembros de las comunidades afectadas.

La cárcava en la residencial Santa Lucía ha sido la que más ha acaparado la atención “mediática” por su tamaño, pero en realidad en la zona metropolitana afectada hay más de 30 espacios similares que ponen en riesgo a sus habitantes.

5. Agricultura:
Prometen fortalecer la política del sector agropecuario incrementando la entrega de semilla mejorada de granos básicos; incentivar la producción de granos básicos, frutas y hortalizas para el mercado local para satisfacer la demanda nacional y fomentar la inserción de los productos en el mercado internacional; fortalecer y desarrollar a nivel nacional con personal calificado y tecnificado en investigación y producción acuícola y pesca sostenible, realizando alianzas y búsqueda de cooperación externa.

Sin embargo, productores locales se han quejado de que el gobierno ha optado más por la importación de miles de toneladas de granos básicos en vez de promover la producción local.

“El presidente de la República, por medio del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), no puede seguir promoviendo las importaciones de granos básicos. Al contrario, debería estar promoviendo e incentivando la producción nacional para así garantizar la seguridad alimentaria del país”, criticó Luis Treminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) semanas atrás.

En julio el gobierno solicitó importar 10,000 toneladas de grano de frijol rojo y arroz oro para consumo humano, pero el presidente de Campo señaló que la solicitud no tenía sentido, ya que la producción nacional cubre prácticamente lo que consume el país en cuestión de granos básicos.

Sólo el año pasado la producción nacional alcanzó los 24,633 millones quintales entre maíz, frijol y arroz y para este año se tiene proyectada una producción de 27.5 millones de quintales; 21 millones quintales de maíz, 3,000 quintales de sorgo o maicillo, 2.8 millones de quintales de frijol y 799,000 quintales de arroz, por lo que importar granos básicos solo afectaría a los productores locales.

Además de esa importación, el MAG importó en abril 33,000 toneladas de maíz desde Sinaloa, México, argumentando que fue para los paquetes alimenticios entregados durante la pandemia, para lo cual reorientó fondos de varias dependencias del ministerio, incluyendo dinero para pago de salarios. Fueron $23 millones los que utilizó para la compra de los granos básicos, pero el titular del MAG, Pablo Anliker, se ha negado a rendir cuentas del uso de esos fondos, pese a varios llamados de la Asamblea Legislativa.

6. Economía y Política Exterior:
En el documento dicen que van a continuar con el “Plan de Reactivación Económica”; que fortalecerán la administración tributaria y la aplicación de la facturación electrónica; que van seguir con la modernización de aduanas y la ejecución de acciones complementarias de carácter normativo y reglamentario para una adecuada aplicabilidad y cumplimiento de leyes tributarias; que van a promover el desarrollo de las capacidades competitivas para la generación de nuevas iniciativas productivas, especialmente a las mipymes para la comercialización de sus productos en mercados locales y que genere empleo.

Sin embargo, miles de micro, pequeños y medianos empresarios han visto como sus negocios se han ido a pique sin que llegue un alivio financiero, tras el golpe por el cierre económico durante más de cinco meses.

Según cálculos de la ANEP, son alrededor de 3,500 empresas que quebraron porque la ayuda del gobierno nunca llegó. El Ejecutivo los tiene esperando subsidio y créditos de un fideicomiso de $600 millones que la Asamblea aprobó para apoyar en la reactivación económica.

No obstante, economistas advierten que el hecho de que el gobierno disponga de $600 millones del fideicomiso que será administrado por Bandesal y que se entregará a las mipymes cuando se está a las puertas de la campaña electoral, abre el camino a posibles arbitrariedades en la distribución de ese dinero.

“La ley da grandes espacios para que hayan arbitrariedades al momento de la colocación de créditos. Por ejemplo, en la parte de los créditos para empresas formales no le dice cuánto es el máximo que le pueden entregar a una sola empresa o que no sean empresas relacionadas con políticos o relacionadas entre sí, entonces al final sí se presta… para que beneficien a unas personas más que a otras y la ley no dejó muchos candados”, señalaba la economista Tatiana Marroquín.

Bandesal administrará un fideicomiso de $600 millones, de los cuales primero usará $150 millones distribuidos así: $70 millones para el primer mes de subsidio de empleados de empresas afectadas por el confinamiento ante la pandemia; $60 millones para capital de trabajo de las mipymes formales y $20 millones para comercios informales.