Cuando el expresidente Mauricio Funes intentó sacar a la empresa privada de 19 instituciones autónomas y descentralizadas, la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia frenó esa decisión y le pidió al mandatario abstenerse de nombrar a otras personas.
Esta vez, el escenario es distinto pues según la directora ejecutiva de la ANEP, Leonor Selva, ahora no hay confianza de que los magistrados del máximo ente judicial revoquen la decisión de la Asamblea pues ellos fueron impuestos en el cargo por los diputados oficialistas.
“Nosotros logramos frenar que estas acciones porque había una Sala de lo Constitucional independiente que declaró inconstitucional las leyes que se aprobaron. No tenemos la misma confianza por considerar los hechos del 1 de mayo pues no son los magistrados legítimamente electos”, afirmó.
Selva no cree que al interponer una demanda sobre este caso pueda prosperar con rapidez. Sin embargo dejó claro que si se presenta el caso en el que sacan a sus representantes ya nombrados, evaluarán presentar las respectivas demandas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ante instancias como la OIT.
Lo mismo opina el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Federico Hernández.
“La administración Funes intentó hacer lo mismo. No lo logró porque la Sala de lo Constitucional, haciendo gala de su independencia, paró esa arbitrariedad. Ahora el panorama es más desalentador: la actitud es la misma, pero la Sala está desarticulada”, señaló.