Ante los recientes “actos confiscatorios” de las unidades del transporte colectivo de la ruta 42, 152 y 293 propiedad del empresario Catalino Miranda, la suspensión de los permisos de línea y la toma de dichas unidades por parte del gobierno, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se ha pronunciado al respecto con “profunda preocupación”.
“Cuando los servicios que ofrecemos son públicos estos deben otorgarse con responsabilidad, de manera continua, sujetos a diversos mecanismos de regulación”, señaló la asociación a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.
“Violar la propiedad privada no soluciona un mal servicio público”, manifestó la ANEP, y recalcó que “la expropiación no solo viola el derecho a la propiedad privada de una persona o empresa, sino que pone en riesgo el patrimonio que construimos con esfuerzo y nos somete a la discrecionalidad de los mandatarios”.
Luego de que el Gobierno se apoderó de las unidades de transporte, estas fueron manejadas por motoristas de la Fuerza Armada así como conductores particulares contratados este lunes, generando caos y confusión en el servicio brindado a los usuarios.
En el segundo punto la ANEP señaló “La Constitución faculta al Estado para administrar provisional y excepcionalmente los servicios públicos prestados por empresas privadas” pero denunció “en los artículos 106, 110 y 112 es clara al indicar que se prohíbe confiscar y solo puede retomar servicios cuando hay un riesgo en la continuidad”.
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La empresa privada señala el servicio de transporte público es un pilar para el desarrollo económico inclusivo haciendo énfasis que la asociación había buscado una reforma estructural y efectiva del transporte desde 2006.
La ANEP cuestionó a las autoridades pertinentes “¿es la expropiación y confiscación un mensaje que ayude al país a atraer inversión y empleos?”, argumentando que estas prácticas han sido tomadas por otros países latinoamericanos generado “más pobreza y miseria a sus ciudadanos”.
Abogados y analistas han coincidido en que la intervención del gobierno a la empresa de transporte de Catalino Miranda es una “expropiación” por parte del régimen de Bukele.