El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas, aseguró este martes que la licitación para adjudicar el Puerto de La Unión está lista desde diciembre pasado, pero que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) no ha dado su “no objeción”.
JICA ha venido teniendo dudas sobre las bases de licitación que ha elaborado CEPA porque cree que esa terminal marítima pudiera ser utilizado como base militar, y es a lo que se opone principalmente.
“El contrato que se tiene del préstamo con JICA para la construcción del puerto establece que debe haber un término de “no objeción y es lo único que nos ha frenado durante todo este tiempo”, dijo el presidente de la entidad autónoma durante una entrevista televisiva del canal estatal.
Vanegas también afirmó que la JICA solicitó a El Salvador que declarara que el puerto no será utilizado para uso militar, refiriéndose a la solicitud que le hizo Japón al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual le envió una carta a CEPA en la que le exigía dicha garantía.
La carta, firmada por el canciller de la República, Carlos Castaneda, fue enviada al titular de la Comisión Portuaria el pasado 8 de enero, en la que le pide que se formule “una declaración” por parte del gobierno salvadoreño al respecto y que esta se envíe tanto a la embajada de Japón como a la Agencia de la Cooperación Internacional del Japón (JICA), que aún esta revisando las bases de licitación y el modelo para concesionar el puerto”.
La carta expone que “se resalta la solicitud que realizara a este ministerio el gobierno de Japón por medio de su embajada acreditada en nuestro país en el sentido que se formule una declaración, en nombre del gobierno de la República de El Salvador, en la que se garantice que el Puerto de La Unión no será utilizado para fines castrenses, todo en el marco del proceso de revisión que realiza el JICA y CEPA al contrato de concesión del puerto de La Unión Centroamericana”.
Sobre esto Vanegas argumentó en la entrevista que “ya se le contestó, el punto medular era el tema del uso militar y todo ha sido aclarado” a JICA, pero que esta sigue siendo el freno, ya que tanto la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) y la Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), dependencia del Ministerio de Hacienda, han dado su aval.
“Desde diciembre de 2018 se tiene listo por parte de nuestro país el proceso de licitación del Puerto de La Unión, sin embargo se debían aclarar ciertos requerimientos para la cooperación japonesa, como el hecho que no será utilizada como una terminal militar”, manifestó Vanegas.
No hay que olvidar que fue la JICA la que cooperó con un préstamo de $101.3 para la construcción del Puerto, el cual lleva sin operar una década.
La construcción de la terminal marítima se ha calculado entre $180 millones y $200 millones y hasta la fecha no ha dado los frutos que se visualizaron cuando se construyó el proyecto.
Etapa de consultas
La semana pasada, el encargado de la cooperación japonesa, Takumi Kojima, confirmó a El Diario de Hoy que las autoridades niponas todavía están en la etapa de consultas con CEPA.
Sin dar detalle sobre los cuestionamientos ni sus respectivas respuestas, el encargado de la cooperación atinó a declarar que “son preguntas técnicas sobre bases de licitación. Son precisamente sobre el contenido del modelo de contrato entre CEPA y el concesionario”; y ante la insistencia de si se trata de aspectos como los años que va a operar el concesionario, el respaldo que debe mostrar la empresa o, incluso, el país de dónde provenga, el representante se limitó a responder afirmativamente.
“Hicimos el proyecto de préstamos para la construcción del Puerto de La Unión ya hace mucho tiempo y deseando que ese puerto facilite el desarrollo de la región oriental; y como lamentablemente todavía no está utilizado como esperábamos, estamos deseando que pronto se reactive ese proyecto”, aseguró Kojima, señalando que no hay plazo específico para entregar su no objeción.
El representante del JICA destacó que a la fecha El Salvador está al día con el pago del préstamo y, de manera general, el gobierno japonés tiene la esperanza de que el puerto se reactive lo más pronto posible.
Otro de los cuestionamientos que le han hecho al proceso es la transparencia en la elaboración de las bases de licitación, y la falta de estudios técnicos que demuestren que hay una planificación sobre el desarrollo de la terminal marítima.
Al respecto Vanegas argumentó “hemos estado en un proceso de consulta muy amplio, desde agosto del año pasado hasta noviembre… existen diferentes tipos de estudio, de hecho muy pronto, se estará terminando un Plan Maestro de todo el Golfo de Fonseca, que habla de los diferentes usos de productividad que debe tener y este es un esfuerzo de los tres países… se ha valorado el Puerto y sus potencialidades sobre turismo y mercancías”.
“Todavía estamos enviando preguntas a CEPA y recibiendo respuestas de ese proceso. Si todo está claro, JICA va a dar la no objeción”, indicó Kojima.
Según el representante nipón, las consultas han demorado algún tiempo por la complejidad técnica del proceso y porque “algunas cosas no están claras”.
En la misma entrevista televisiva, Vanegas señaló que la CEPA está endeudada con $100 millones, aunque no dio mayores detalles, agregó que este monto es adicional a los “$10 millones que se pagan en concepto de préstamo por el Puerto de la Unión, anualmente”.
La deuda que mencionó el presidente de CEPA obedece al el préstamo que se le hizo al Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), más los cientos de miles de dólares que se han venido gastando en el mantenimiento de la terminal marítima.
Por otro lado, el presidente de la autónoma mencionó que en el Aeropuerto Internacional de El Salvador se han invertido $130 millones, y se espera que en mayo próximo se haya terminado la Fase A de la ampliación.
Lo que significa, mencionó, que tendrá que ser el siguiente gobierno el que continúe con este proyecto.
Vanegas recalcó que al inicio de este período el flujo de visitantes en la terminal aérea era de 2.5 millones de personas, y que al final del 2018 se contabilizaron 3.5 millones, es decir un millón más, lo que da un parámetro de la evolución de este proyecto, concluyó.