Consumidores recibirán sus facturas por correo electrónico

La factura electrónica ya es usada en más de diez países de Latinoamérica, ya sea de forma directa o con empresas intermedias.

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Por ahora todos los consumidores reciben un ticket o una factura en papel. En el futuro solo será electrónico. / Foto Por Archivo

Por Karen Molina

2018-06-25 7:56:11

Una vez que la factura electrónica sea una realidad en El Salvador, los consumidores ya no recibirán un papel sellado con el detalle de sus compras de bienes y servicios.

La factura que recibirán será enviada a un correo electrónico de cada consumidor o a través de un código que se pueda imprimir si el cliente lo desea. Atrás irán quedando las facturas en papel que muchos botan a la basura y que están expuestas a mojarse, quemarse o descolorarse.

El Ministerio de Hacienda pretende implementar en agosto de este año un plan piloto con cinco empresas que emitirán facturas electrónicas, tal como ya lo hacen más de 10 países en Latinoamérica, entre ellos Guatemala y Costa Rica.

De acuerdo con Luis Caballero, director general de Softland Centroamérica, y experto en el uso de estos sistemas de sistematización de la información, en muy poco tiempo será obligatorio que las empresas emitan facturas electrónicas y entreguen a sus clientes un código o un correo electrónico validado.

“Lo único que va a necesitar el cliente son sus datos, su correo electrónico para que durante el día o el mismo momento, le llegue su factura electrónica y ya usted lo pueda archivar en formato digital y a usted, como cliente le da la tranquilidad de que un papel químico no se le va a arruinar y manejar la información de una forma más ordenada”, afirmó Caballero.

ADEMÁS:

El Salvador se prepara para utilizar la factura electrónica

El Ministerio de Hacienda iniciará, este año, un plan para que las empresas emitan sus facturas de una forma totalmente electrónica y se vaya eliminando el uso del papel.

Sin embargo aún no está definido el sistema con el que el Ministerio de Hacienda tendrá que trabajar pues según Caballero, algunos modelos utilizan a empresas intermediarias para manejar todos los datos y en otros casos, es la entidad gubernamental la que asume todo el proceso para emitir una factura.

Según el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el plan piloto se ejecutará en agosto de este año y se irá desarrollando de forma paulatina con el fin de todas las empresas se sumen a una modalidad digital.

El plan piloto se hará con un supermercado, dos aerolíneas, una empresa gasera y un banco y el proyecto será financiado con fondos que forman parte de los $350 millones otorgados por el BID para simplificación tributaria.

Otros trámites digitales

Varios de los trámites que el Ministerio de Hacienda realiza ya tienen un componente tecnológico, como el caso de la declaración de renta, que ahora se hace completamente de forma digital.

Las empresas están entregando con anticipación toda la información a Hacienda para que cuando el contribuyente haga su declaración, tenga a la mano todos los datos y solo llene los campos obligatorios con sus datos personales.

Según Caballero, lo mismo ocurrirá con la factura electrónica: el Ministerio de Hacienda recibirá con anticipación cada transacción fiscal que registre.

Esto permitirá a Hacienda un mayor control de todas las transacciones que realiza la empresas. Los usuarios, a su vez, pueden hacer un archivo digital que no tenga peligro de mancharse o arruinarse.

Además, para que la factura electrónica tenga validez legal, debe estar completada con la firma electrónica, que permite eliminar la factura en papel.

Este aún es un obstáculo pues aunque la ley ya está aprobada desde 2015, sigue sin usarse pues la unidad del Ministerio de Economía que regulará esta firma aún no ha entregado las certificaciones porque también se carece de fondos, que están en gestionamiento.

La firma electrónica tiene que estar agregada en cada factura, con lo cual se certifica que todas las operaciones son legales y supervisadas.

Según Caballero, esta es otra de las ventajas pues las instituciones pueden auditar con mayor transparencia todas y cada una de las operaciones que se registren en los comercios.