La Superintendencia de Competencia (SC) inició un nuevo estudio especializado, esta vez será el sector de la construcción el que será sometido a un análisis para verificar la provisión de bienes y servicios como cemento, asfalto y venta y arrendamiento de maquinaria pesada, anunció este jueves la autoridad supervisora.
La investigación, que estará a cargo de la consultora argentina GRP Economía, con quien la SC ya ha trabajado estudios con anterioridad, desarrollará entrevistas con los agentes económicos participantes de las actividades económicas mencionadas, sus demandantes y entidades gubernamentales.
Carlos Romero, principal responsable de la consultoría, explicó que ya que el sector de la construcción tiene un amplio espacio de análisis, la investigación se delimitará al cemento, insumos asfálticos y venta y arrendamiento de maquinaria pesada por ser los principales bienes y servicios que demanda el rubro.
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Preliminarmente se conoce que en El Salvador existe un casi monopolio en la producción de cemento, dijo Romero; no obstante, esta situación, dijo, “no es extraña y suele pasar porque producir cemento es caro”. “La clave es identificar cómo son las condiciones de comercio exterior y si esta podría generar alguna presión competitiva o disciplinar el precio del producto”, detalló el consultor.
La Superintendencia explicó que entre sus objetivos para desarrollar una investigación como esta se incluye la verificación del grado de rivalidad de los competidores, determinantes técnicos económicos (por qué solo existe un productor en el país y qué elementos han permitido esta situación), el marco normativo vigente (si permite, por ejemplo, la entrada de nuevos competidores o la expansión de los que ya están). El estudio de la SC también pretende ofrecer algunas recomendaciones de áreas de mejoras y políticas públicas o de normativas a los entes reguladores y supervisores de estos mercados.
La intendente Económica de la SC, Marlene Tobar, insistió en que el estudio surge como iniciativa de mejora en la supervisión y no porque se tenga algún indicio de prácticas anticompetitivas en el sector de la construcción.