Fusades: en riesgo $1,550 millones en inversiones si no reforman ley carreteras

Se teme que si no se modifica la Ley de Carreteras no solo se perderían $11 millones de un Asocio Público Privado, sino futuras obras de desarrollo

descripción de la imagen
La carretera al Aeropuerto es uno de los tramos que perdería el beneficio del proyecto. Foto EDH / archivo. Foto/Lissette Monterossa

Por Jessica Guzmán

2018-05-18 8:41:37

El Salvador está en un momento crítico debido a que no ha aprobado la reforma del Art. 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, lo cual demanda el Fondo del Milenio (Fomilenio II) para echar a andar el primer proyecto de Asocio Público Privado (APP), donde intervendría con una inversión de $11 millones.

Pero, lo más grave es que si este proyecto no se ejecuta generaría un antecedente para que ninguna empresa quiera participar en otros APP, y echaría por la borda la inversión de $1,550 millones en proyectos futuros.

Ante el temor de que se pierda el primer proyecto de APP, que consiste en instalar un sistema de video vigilancia y de iluminación en 140 kilómetros de la carretera al Aeropuerto Internacional de El Salvador, varios sectores se han pronunciado, como lo hizo ayer la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, (Fusades), que exhortó a los diputados a “dejar de lado sus intereses particulares y pensar en el desarrollo del país”.

“Es urgente que la Asamblea Legislativa apruebe la reforma del Art. 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales… de no aprobarse esta reforma pone en riesgo en el corto plazo el componente de asocios públicos privados bajo Fomilenio II; pero, en el largo plazo, la pérdida es de mayor magnitud, ya que se cierra la puerta para realizar proyectos de infraestructura que permitirá mejorar … escuelas y hospitales, entre otros”, detalló el director ejecutivo de Fusades, José Ángel Quirós.

Los proyectos que en conjunto suman esos $1,550 millones son: El saneamiento de aguas residuales del Gran San Salvador; la construcción de un sistema moderno de transporte masivo; construcción de 2 tramos del anillo periférico, que descongestionarían el tráfico vehicular; mejoras en infraestructura de los puestos fronterizos de Anguiatú, El Poy, La Hachadura y El Amatillo, agilizando así el tránsito de personas y de mercancías; la construcción de un nuevo centro de gobierno; renovación y edificación de centros escolares y la construcción y equipamiento de centros hospitalarios.

La no aprobación de la reforma, sostuvo Quirós, sentaría un mal precedente en el país por el incumplimiento de un compromiso adquirido con otro país, lo que cerraría las puertas a futuros apoyos en otros proyectos. “El país va perdiendo su competitividad, se reducen las oportunidades de empleo masivo que generan las obras de infraestructura, nos vamos quedando atrás. En 11 años hemos caído 33 posiciones en el índice de infraestructura del Índice Global de Competitividad, y todo indica que cada año la inversión pública es menor, porque mucho del presupuesto se va a gasto corriente, en pago de salarios, y no necesariamente a resolver el problema de infraestructura”, dijo.

Diputados se toman su tiempo

La reforma de Ley tuvo que haber sido aprobada por la Comisión de Obras Públicas a más tardar en abril pasado; sin embargo, no se hizo. Ahora que entra una nueva Asamblea Legislativa, el diputado presidente de esa Comisión, Carlos Reyes, dijo que se tomarán su tiempo para revisar a profundidad la reforma, ya que “afectaría los ingresos de los alcaldes”.

Para Quirós, “los diputados deben dejar los intereses particulares a un lado y pensar en el desarrollo nacional. Me preocupa que haya diputados que son elegidos por el pueblo para representar los intereses del país, no de un sector particular, y cada vez el desencanto de la población es mayor porque hay diputados que no han logrado entender cuál es su rol en la Asamblea Legislativa, y pudiera sentirse que representan más a un sector que al país en general”.

Reyes aseguró también que los diputados esperarán a que se conforme la nueva junta directiva de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures), entidad que ya había mandado una carta a la referida Comisión, solicitando que no se apruebe dicha reforma.

Por su parte, Javier Castro, director de Asuntos Legales de Fusades, especificó que la reforma “no sobrepasa la autonomía de las municipalidades, viene a regular”.

Muchos alcaldes argumentan que con la reforma perderían los ingresos que les generan los impuestos sobre publicidad que ubican las empresas publicitarias dentro del área del derecho de vía.

Reyes dijo que la publicidad que se ubica en las vallas y mupis a lo largo de las carreteras y caminos les genera ingresos a las alcaldías, por lo cual la reforma les afectaría, ya que la empresa que dé el servicio de videovigilancia sería la única que se encargue de la venta de la publicidad dentro del derecho de vía de la red nacional.

El Art. 26 de la Ley de Carreteras y Caminos establece que “no se permitirá la instalación de anuncios o rótulos, dentro del derecho de vía, ni sobre señales de tránsito, postes de servicio público, cordones, puentes, alcantarillados, árboles, rocas, piedras y muros en cuanto estén comprendidos dentro del derecho de vía; ni el pavimento de las vías públicas y en todas las obras auxiliares construidas en ellas”.

En ese sentido, el director ejecutivo de Fusades apuntó que toda esa publicidad vendida dentro del derecho de vía “es ilegal, como lo establece la ley”.

Para Fusades son los diputados los que tienen que “cambiar el chip y pensar en el país porque no se trata de $11 millones, si no de un compromiso de país. Los diputados deben pensar en el desarrollo nacional”, dijo Quirós.

Álvaro Trigueros, director de Estudios Económicos de Fusades, recalcó que no es cierto que la reforma afectaría los ingresos de las alcaldías, se debe tener una visión a largo plazo y pensar en el beneficio que generan las APP para el país”.

Sin embargo , el tiempo va pasando y será hasta la otra semana que se organicen las comisiones legislativas y, luego, quizá hasta la siguiente que se aborde el tema de las APP y cómo impactaría si no se logra reformar la normativa.

Publicistas temen “MOP quiera retirar las vallas”en calle

Varios publicistas se mostraron ayer en la incertidumbre por la temática sobre la reforma a Ley de Carreteras, debido a que en una reunión que sostuvieron en la Fiscalía General, con el apoderado legal del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Marco Iraheta, este les dijo que se les daban cuatro días hábiles a las agencias publicitarias para que retiren las vallas de la red nacional, que se encuentren en los puntos de derecho de vía de las rutas nacionales en todo el país.

Esta disposición generó desconcierto y preocupación entre los representantes de diversas agencias publicitarias.

“Nos sentimos así como un poco asustados porque la posición ha sido se bajan y punto. Nos ha parecido un poco inapropiada la forma en cómo lo están manejando. No nos están dando oportunidad de consensuar nada, de ordenar algo, la imposición es clara”, dijo Amílcar Rivas, de la agencia Vyasal.

Rivas agregó que el MOP les dijo que en cuatro días deben desmontar todas las vallas publicitarias que sean ilegales, pero no les habría detallado a qué ilegalidades se referían ni de qué vallas se trataban.

“No se llegó a ningún acuerdo. Prácticamente lo que ellos quieren es que en cuatro días nosotros le demos vuelta o bajemos todas las vallas que ellos creen que está de manera ilegal”, confirmó Balmore Ramos, de Vallasal.

Para Ramos existe un desorden legal que está muy relacionado con temas políticos. “Cada vez que entra un gobierno estatal o municipal, ellos empiezan a autorizar la instalación de vallas y reciben impuestos, y por esos impuestos uno paga”. Añadió que ellos piden autorización cada vez que van a instalar una valla, además, el hecho de estar pagando impuestos implica que han legalizado la instalación de estas.

Al consultarle al ministro de Obras Públicas, Eliúd Ayala sobre dicha orden, aseguró que no la había dado, y que no es así, que “en la reunión (en la que no estuvo presente) se acordó que los señores publicistas de manera voluntaria fueran retirando estructuras, y en cuatro días ellos presentarían un cronograma y un programa para empezar a abordar este tema”.