Vivimos en una sociedad en constante demanda de datos. Cifras de crecimiento económico, de exportaciones, de población… toda discusión parece estar condicionada a la existencia de números que nos den una guía de cómo estamos y para dónde vamos. En las sociedades más sofisticadas económicamente, los mercados están a la expectativa de los últimos datos de inflación, de desempleo, de comercio, de ventas, de déficit, y un largo etcétera. Hasta cuando nos divertimos mirando fútbol estamos pendientes de las cifras de nuestros equipos deportivos: puntos, goles, posesión, pases, tiros, y varias cosas más. Lo mismo sucede en otros deportes y en las actividades de la vida cotidiana.
¿Qué hay de los gobiernos? Cada vez es más cierto que no se puede diseñar un plan de gobierno, una política o un programa sin contar con medidas cuantitativas. Y esto no es malo: al tener una meta numérica se puede evaluar el progreso hacia esa meta, identificar los tropiezos y cuantificar el esfuerzo necesario para llegar. El problema ocurre cuando en un país como el nuestro, la disponibilidad de datos es todavía limitada y donde, sobre todo, no hay un uso sistemático y transparente de los datos existentes.
Desafortunadamente, en todo el mundo, para calcular variables como la pobreza o la desigualdad se ha trabajado con indicadores enfocados solamente en el crecimiento económico y en los ingresos monetarios. No se quiere decir que el crecimiento y los ingresos no importen, sino que son solamente medios para conseguir el bienestar y la satisfacción de las necesidades de las personas. Las métricas para determinar el progreso social de un país deben estar relacionadas con la calidad de vida, el nivel educativo, el estado de salud, el uso del tiempo, la seguridad y tranquilidad de la población y las libertades y oportunidades que esta posee. Nada de eso está reflejado en el PIB ni en la tasa de pobreza.
Un ejemplo sirve para ilustrar lo paradójico de usar el PIB como indicador central. En países como India o Paquistán, el crecimiento económico ha permitido que esas naciones ya no sean consideradas de “ingreso bajo” y pasen, ahora, a ser calificadas de “ingreso medio” (igual que El Salvador). Y tal como en nuestro país, ese cambio de clasificación significa perder donaciones internacionales y condiciones crediticias más favorables. Desafortunadamente, las carencias de la población no desaparecen automáticamente con esa reclasificación; todo lo contrario: sin el financiamiento internacional favorable para los gobiernos, estas carencias podrían aumentar. Los jóvenes que viven en las comunidades más vulnerables de estos países, y que se han beneficiado de proyectos sociales financiados a través de la cooperación internacional, van a verse afectados negativamente como resultado de esta reclasificación.
Diversos programas enfocados al combate de la desnutrición, el analfabetismo o la criminalidad irán perdiendo, poco a poco, los fondos que los mantienen operando.
En el transcurso de los próximos 12 meses, la cantidad de ayuda destinada a las personas más pobres del mundo se va a reducir, por el simple hecho de que los países en los que viven han cruzado el umbral de “ingresos bajos” para pasar a ser considerados “países de ingreso medio”. Los pobres de Ghana o Vietnam seguirán siendo pobres, pero su pobreza dejará de ser una preocupación prioritaria para la comunidad de ayuda internacional debido a que el país ha cruzado una línea arbitraria, establecida por variables que no terminan de explicar con claridad el bienestar. Necesitamos un mejor sistema para determinar quién merece ayuda: un sistema que capture tanto datos económicos como sociales.
Una alternativa frente al uso del PIB es la que proporciona el Índice de Progreso Social (IPS), una innovadora y complementaria herramienta para la medición del desarrollo y bienestar.
Promovido por la sociedad civil y el sector privado, y ya adoptado por algunos gobiernos, el IPS incluye 54 indicadores sobre calidad de vida enfocados en los logros de la población y no en los medios para conseguirlos. En El Salvador, Fundación Poma es el socio local de esta iniciativa y es quien impulsa el uso del Índice de Progreso Social, el cual aporta una perspectiva amplia e integral que permite orientar los programas de atención a la comunidad, ya sean públicos o privados, al identificar las principales carencias y brechas en las condiciones de vida de la población.
No podemos evitar la dependencia de los números. Para comenzar, queremos medir la gestión de los gobiernos. También queremos saber si mejoramos o empeoramos en muchos aspectos de la calidad de vida a través del tiempo. Y por último, siempre queremos compararnos con otros países. Debemos hacerlo, pero con los datos correctos, que midan lo que importa realmente para nuestra sociedad. En este esfuerzo, el uso del Índice de Progreso Social, como herramienta de diseño, monitoreo y evaluación de políticas y proyectos sociales, es un gran avance.