Los días para 62 personas que han sido albergadas en el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) transcurren entre la rutina, el tedio y la incertidumbre. Llegaron ahí el 1 de junio en la madrugada, luego que la tormenta tropical Amanda dejara caer sobre San Salvador y Santa Tecla tanta agua que el río Arenal de Monserrat, que atraviesa la comunidad Nueva Israel, al oriente de la capital, se convirtió en un feroz caudal que derribó muros de protección que ya habían soportado por años los embates de otras tormentas. Varias casas desaparecieron en la correntada.
Las autoridades y las instituciones de socorro evacuaron a las familias afectadas y las trasladaron al INTI, debido a que las clases presenciales han estado suspendidas por la pandemia.
A la zona de la tragedia llegó, horas después, el presidente Nayib Bukele a prometerles a los afectados que el Gobierno les daría a cada familia una casa digna, valorada en $10,000.
“Vamos a construir las viviendas de la gente que las ha perdido, no importa cuánto cueste. Va a haber dinero para hacerlo, Dios proveerá”, les dijo Bukele frente a un atril en cadena nacional. De telón de fondo y bien iluminadas con potentes reflectores, como parte de la producción del evento, estaban las ruinas de la casa que se derrumbó cuando su propietaria intentaba salvar a su perro, pero el río se la llevó y se ahogó.
Han pasado casi cinco meses desde aquella promesa y las familias siguen esperando su casa.
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A las familias se les dijo que el proyecto habitacional, bautizado como “La Bretaña”, se construirá en el municipio de San Martín, en un terreno estatal donde estaba el Agromercado San Martín, en el kilómetro 17 y medio de la carretera de Oro.
El Diario de Hoy constató que hasta la fecha lo que han hecho es el retiro de unas estructuras metálicas que sostenían los techos que daban sombra a los puestos del mercado, el cual fue hecho con el propósito de dar a los agricultores un lugar donde vender sus productos sin intermediarios, pero indicios de que se hará alguna construcción de viviendas en el terreno aún no hay nada.
En el lugar se ve maquinaria que está perforando un pozo de agua de Anda, el cual, según el Ministerio de Vivienda, dará servicio a varias comunidades aledañas, incluyendo a la urbanización prometida para los damnificados.
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La ministra de Vivienda, Michelle Sol, ha comunicado a los albergados que tendrán que esperar otros 12 meses para recibir sus casas. Esto ha generado preocupación entre ellos, pues el año escolar con clases presenciales comenzaría el otro año, según lo anunció el Ministerio de Educación, y los estudiantes tendrán que recuperar sus aulas, pero a ellos no se les ha dicho dónde serán reubicados.
El Ministerio de Gobernación, la institución a cargo el albergue, no les permite regresar a vivir a la comunidad debido al peligro que representa intentar reconstruir sus casas en el mismo lugar y sin un muro de protección, pero hay algunos residentes que así lo desean por el apego sentimental a sus antiguos hogares.
A falta de certeza de una vivienda, las familias han improvisado las salas y comedores en los pasillos del instituto, los dormitorios están en el auditorio y la cocina en los pasillos; han tratando de recrear para los niños, con los recursos disponibles, el calor del hogar. Se han organizado y se distribuyen tareas: algunos hacen la limpieza, otros lavan los baños y en esa faena se les pasan los días.
Los protocolos contra el coronavirus han funcionado, explican los afectados, ya que solo se ha registrado a una persona sospechosa de haber contraído el COVID-19 y le hicieron pruebas que resultaron negativas.
Josefina de Parada, de 49 años, reconoce que en el lugar se les facilitan algunos insumos para subsistir, pero le preocupa no saber cuánto tiempo seguirán en esa condición. “No sabemos nada de para dónde nos vamos, si regresamos a las viviendas o qué va a pasar. Dicen que el proyecto va en San Martín, pero hablamos de ocho meses más, extraño mi cama. Ahora estoy viendo si acomodo bien las colchonetas, porque con el tiempo ahora ya se sienten los barrotes, no es como un colchón”, dice.
Cada semana, “con lista en mano”, el Gobierno les entrega artículos de higiene personal y la comida, relata Marco Cativo, representante de Gobernación en el albergue. Cativo maneja una tarjeta de crédito “abierta” para comprar víveres en el supermercado, por lo que la comida no les falta.
Impacto en la niñez
Las parejas que tienen hijos en edad escolar dedican varias horas para ayudarles a hacer las tareas. Aunque en el lugar se ha instalado una ludoteca y organizaciones como Glasswing y Save The Children llegan a dar talleres de apoyo, algunos padres como Graciela Mendoza, quien tiene una niña de 10 años, temen que las condiciones en las que habitan fuera de su hogar afecte la salud mental de los pequeños.
Jennifer, mamá de dos niños, agradece tener los servicios básicos en el albergue, pero expresa que necesita vivir en un hogar. Ella, junto a otros vecinos han formado un comité que ha visitado el lugar donde se les ha dicho que les construirán las viviendas.
“Dicen que habrá vivero, una cancha, construirán apartamentos de dos o tres plantas. Nos han dicho dentro de 11 meses pero no dieron fecha exacta. La ministra de Vivienda nos dijo que por pérdida total iban a ser regaladas (las casas). Acá mis hijos duermen tranquilos, hay agua, luz y comida, pero hace falta vivir en familia”, señala Jennifer.
Otros albergados no conocen el terreno ni saben mucho del proyecto, pero confían en que se concretará a corto plazo. “Acá me siento tranquila, porque no estoy con la angustia de las lluvias; primero Dios que me darán una casita, no he ido a conocer, pero mis amigos dicen que es bien bonito. Yo me siento contenta, sin angustia”, expresa María Teresa Peña, de 69 años, quien fue rescatada de entre los escombros de su casa.
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