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Vivanco: “Esta expulsión arbitraria (del editor de El Faro) no se habría dado con una Sala independiente”

El director para las Américas de Human Rights Watch ve una clara relación entre el golpe del 1 de mayo y la vulnerabilidad de cualquier periodista independiente o ciudadano crítico del gobierno.

Por Ricardo Avelar | Jul 09, 2021- 08:44

José Miguel Vivanco es el director para las Américas de Human Rights Watch. Foto EDH / AFP

Hace poco más de dos meses, la mayoría legislativa que sigue fielmente los designios del presidente Nayib Bukele propinó un duro golpe a la institucionalidad democrática, cuando removió de forma ilegal y acelerada a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. A estos los sustituyeron por abogados afines al poder.

En su momento, múltiples voces advirtieron que esto dejaba en estado de indefensión y vulnerabilidad a los salvadoreños ante abusos de poder cometidos por el oficialismo.

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Dos meses después, el gobierno de Nayib Bukele ha recrudecido algunas de sus posturas autoritarias e intolerantes a la crítica. Uno de los ejemplos más claros es la expulsión del editor de El Faro, Daniel Lizárraga, laureado periodista mexicano quien abandonó ayer el país.

Al respecto, el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a El Diario de Hoy que este “es un excelente ejemplo de la importancia que tiene defender la independencia judicial”.

A su juicio, esta expulsión arbitraria no se habría consumado si El Salvador tuviera, como hasta hace muy poco, un Judicial independiente donde poder interponer demandas y recursos contra abusos de autoridad.

“Una Sala de lo Constitucional como la que contaba El Salvador, conociendo su récord de prácticas valientes, consistentes y defensoras de la Constitución, su defensa de libertades públicas y derechos básicos, no lo habría permitido”, aseguró el experto en derechos humanos.

Sala se ganó el repudio del Gobierno de Bukele

Esa Sala que el oficialismo destituyó de forma acelerada el 1 de mayo fue garante de la legalidad durante la primera etapa de la pandemia de covid-19, cuando el Ejecutivo pretendió abusar de su poder y limitar derechos fundamentales de forma arbitraria y sin seguir el proceso legal.

El presidente Bukele no reaccionó bien a estas sentencias. Cuando se le ordenó, por ejemplo, cesar las capturas arbitrarias de presuntos infractores de la cuarentena domiciliar, el mandatario afirmó que no acataría este fallo de estricto cumplimiento y les llamó asesinos y genocidas a los magistrados.

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Por tanto, no fue sorpresa que sus fieles diputados decidieran, como primer acto de su gestión, dar un golpe al Estado de derecho y remover ilegalmente a magistrados independientes.

Tras el golpe y la sustitución por abogados afines, el poder político se ha garantizado una Sala de lo Constitucional sumisa. Y los salvadoreños han perdido un árbitro imparcial que les proteja de abusos y excesos en el poder.

Excesos como la expulsión de Lizárraga, o como el proceso sancionatorio que la Corte Suprema de Justicia, que responde al Ejecutivo, ha abierto contra el constitucionalista Enrique Anaya por condenar actos ilegales o arbitrarios. O como la agresión de un oficial de policía a un periodista, que lejos de ser condenada por el poder está siendo aplaudida por personajes cercanos al Gobierno.

“Una nueva etapa”

Según José Miguel Vivanco, la expulsión de Daniel Lizárraga es un ejemplo claro de un acto arbitrario que una corte independiente debería detener.

“Pero ya entramos en una nueva etapa, muy distinta y creo que los riesgos son enormes y no hay dónde acudir”, lamentó el director para la región de Human Rights Watch.

Y en vista del carácter autoritario de Nayib Bukele, así como la disposición de sus funcionarios de violar garantías fundamentales sin temor a represalias, resalta que ya no hay una “entidad democrática” capaz de prevenir una conducta de este tipo.

Vivanco considera que detrás de todo esto va un mensaje de intimidación a los medios de comunicación, algo que puede generar autocensura y miedo entre los diferentes periodistas y editores independientes en el país.

Este mensaje, enfatiza, solo se pudo consumar tras el golpe del oficialismo a la Corte Suprema de Justicia.

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