La violencia letal de la Policía Nacional Civil (PNC) causó la muerte a 1,824 personas entre los años 2015 y 2020, según estudio del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Esta violencia ha sido empleada por los agentes estatales a través de dos modalidades como lo son: el uso excesivo de la fuerza letal y la existencia de grupos de exterminio que han sido desarticulados en buen número por la Fiscalía General, pero “todo apunta a que este tipo de estructuras permanecen aún vigentes”, según el informe.
Detalla que en el año 2016, el 11 por ciento de las muertes violentas ocurridas en ese año, se produjeron en el contexto de tiroteos entre pandillas y las fuerzas de seguridad, mientras que en el 2017 se tradujo a un 10 por ciento, un año después, 2018, se registró un seis por ciento; mientras que en 2019 fue de ocho por ciento y siete por ciento en 2020.
LEA TAMBIÉN: Policía procesado por feminicidio fue ligado a caso de tortura en Sensuntepeque
“Este porcentaje ha estado arriba de lo aceptable en materia de derechos humanos”, dijo Julio Rodríguez, quien es el coordinador del observatorio.
El informe detalla que el sistema judicial solo procesó a 1,365 agentes del Estado, entre policías y militares, de los cuales unos 1,200 fueron exonerados de cargos y 25 fueron condenados por esas muertes violentas.
“Se concluye que el sistema de justicia da un trato diferenciado a los agentes policiales y militares que enfrentan procesos judiciales por delitos relacionados a las muertes violentas como resultado del favorecimiento que existe respecto a la ‘versión oficial’ “, señala el informe.
Los datos anteriores están contemplados en el informe sobre ejecuciones extrajudiciales en El Salvador 2015-2020.
A lo anterior se suma que del total de agentes policiales procesados por muertes violentas sólo el 6.8 por ciento enfrentó instrucción con detención preventiva.
También el informe destaca 13 casos considerados como ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado.
Señala el estudio que las víctimas en esos 13 casos murieron a manos de policías o militares en circunstancias que demostraron que fueron ejecutadas de forma extrajudicial y también como parte de grupos de exterminio con la colaboración de personas civiles para cometer asesinatos selectivos.
Se le agrega el índice de letalidad en la proporción de cinco personas muertas por una herida en el contexto de “enfrentamientos armados” en 2017.
Ese índice bajó en 2020 a 1.4 muertes por cada lesionado, lo que evidencia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, señala el informe.
“Este indicador siempre debe de ser inferior a uno, esto quiere decir que siempre debe de haber, de preferencia, más lesionados que personas fallecidas”, dijo Rodríguez.
Otro de los indicadores del estudio tiene que ver con la proporción de las personas particulares muertas y los agentes estatales fallecidos en el contexto de enfrentamientos armados.
“Esta relación, aunque se espera que hayan más civiles fallecidos, nunca debe de exceder de la proporción de diez a uno. Es decir que por cada agente del Estado fallecido debe de haber diez civiles fallecidos, es como el máximo. Esta proporción siempre ha excedido este estándar, de hecho para el año 2020 hubo 29 civiles fallecidos por cada agente estatal fallecido”, dijo Rodríguez.
Agregó que “en el caso de El Salvador, en los últimos años hubo un uso excesivo de la fuerza letal que no se cumple los principios que debe de regir el accionar policial como lo son el principio de proporcionalidad, de legitimidad, de estricta necesidad y de mínimo daño”.
El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) ha denunciado que las autoridades policiales han dado instrucciones al personal policial de evitar los enfrentamientos armados con las pandillas.
“Un tipo de tregua en el campo sobretodo de los homicidios provoca un destenso, es normal que provoque un destenso en los índices de letalidad de la Policía... Un tipo de tregua que cambie, lo que uno puede ver es que se cambian unos delitos por otros, maten menos, pero sigan extorsionando, por ejemplo, no se toca el tema del control territorial en serio”, dijo José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
“La narrativa oficial sobre los ‘enfrentamientos armados’ ha sido utilizado para encubrir el abuso de la fuerza letal de los elementos policiales”, destaca el informe.
Rodríguez aseguró que tuvieron dificultades para accesar a la información oficiosa de las unidades de control interno de la Policía a través de la oficina de Acceso de Información Pública.
“No dieron la información necesaria para poder profundizar como éstas unidades están investigando a los mismos agentes estatales que están siendo señalados e imputados por muertes violentas”, dijo Rodríguez.
Señala que no menos de 15 grupos de exterminio han sido desmantelados en los últimos años por la Fiscalía General. La mayoría de estas estructuras formadas por policías, militares y civiles; y operaban en Oriente y Paracentral del país.
Tojeira recomendó que se tipifique la ejecución extrajudicial como delito en la legislación penal, tomando en cuenta los estándares internacionales.
Sostuvo que es necesario que se fortalezca la investigación y la administración de justicia en el procesamiento de ejecuciones extrajudiciales o muertes violentas atribuidas a agentes policiales y militares.
La violencia criminal acabó con la vida de 22,983 personas, de las cuales unas 2,300 eran mujeres. De este último total, 1,200 fueron calificados como feminicidios.
La Fiscalía General reportó más de 22,000 denuncias de personas desaparecidas entre 2015-2020.