Muchas mujeres residentes en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) fueron víctimas de violencia de género en 2019, pero la violencia doméstica contra las mujeres se incrementó en el período de la cuarentena domiciliar por la pandemia del COVID 19 en 2020, según concluye un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
“Desde antes de la pandemia muchas mujeres eran víctimas de violencia, y, durante la cuarentena, las agresiones en el hogar aumentaron”, señala el informe.
En 2019, el 11.5 por ciento de las mujeres residentes en algún municipio del Área Metropolitana de San Salvador sufrieron algún tipo de violencia. Pero para 2020, ese porcentaje se elevó al 20.4 por ciento.
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Lo más preocupante, según Fusades, es que el 24 por ciento de las mujeres residentes en el AMSS percibieron que hubo un aumento en la violencia intrafamiliar durante el encierro domiciliar por el COVID 19.
En los municipios de Santa Tecla y San Salvador, las cifras reflejaron que el 45 por ciento y el 35 por ciento de las mujeres residentes en esas ciudades, respectivamente, reportaron un alza en la violencia doméstica.
En los municipios de Apopa, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque, entre el 25 por ciento y el 30 por ciento de las mujeres percibieron alza de hechos violentos en los hogares en el confinamiento obligatorio.
Los datos utilizados por Fusades para este estudio corresponden a informes de Naciones Unidas sobre los efectos del COVID-19 sobre las mujeres y las niñas, solicitudes de información a través de los oficinas de acceso a la información de la Policía y Fiscalía, información proporcionada por COAMSS/OPAMSS, informes nacionales sobre hechos de violencia contra las mujeres del PNUD del 9 de febrero de 2021; entre otros.
Si bien es cierto que muchas mujeres dijeron haber sido víctimas de violencia en sus hogares en la cuarentena, las denuncias ante la Fiscalía General disminuyeron de manera considerable en los municipios que reportaron más casos de violencia contra la mujer, según el estudio.
“Este incremento en las agresiones no trascendió a la búsqueda de apoyo de las autoridades, por lo que se necesita reforzar los planes y políticas, con enfoque de género para erradicar esta problemática”, señala el informe.
Agrega que “en los municipios donde la violencia intrafamiliar contra las mujeres aumentó más, se identifica una disminución de las denuncias, incluso por encima del promedio del AMSS”.
Según Fusades, “la reducción en las denuncias no coincide con la mayor inseguridad que ellas perciben en sus hogares, ni con la proporción de mujeres víctimas de violencia. Más que una reducción en los hechos de violencia, se percibe mayor dificultad para interponer denuncias”.
Fusades destaca un informe de Naciones Unidas sobre la situación de las mujeres de 2021 para señalar que “la cuarentena dificultó más el proceso de denuncia al aislar a muchas mujeres de sus redes de apoyo y paralizar procesos administrativos”.
Una de las deficiencias que observa Fusades en la recepción de denuncias es que la cantidad de avisos recibidos por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), Policía y Fiscalía, no coinciden.
Señala que existe una disparidad en las cifras que manejan cada una de esas instituciones con respecto al comportamiento de la violencia contra las mujeres.
Por ejemplo, al hacer una comparación con los casos de violencia sexual, Fiscalía General reportó para 2020 menos denuncias (635) que la Policía (861).
Con respecto a la violencia física, la Fiscalía recibió 901 casos, pero Isdemu reportó 120. Mientras que para la violencia económica y patrimonial, el ente fiscal atendió 41 víctimas, pero Isdemu recibió 104 denuncias.
Con relación a la violencia feminicida, la Policía registró 24 feminicidios en el primer año de la pandemia, pero Isdemu reportó solo 13.
Ante esta disparidad de cifras sobre violencia contra las mujeres que reportan cada una de esas instituciones, Fusades considera que algunas de éstas entidades “están subestimando mucho más los casos de violencia, y que falta comunicación entre ellas”.
Señala que se vuelve necesario que todas éstas instituciones cuenten con acceso a las denuncias registradas por otras autoridades para “poder comparar mejor la tendencia de los casos de violencia y para implementar medidas de apoyo efectivas para las mujeres”.
Ante esta problemática, Fusades propone dos líneas de acción para complementar y fortalecer los planes de las municipalidades del AMSS. Sugiere programas entre organismos de la sociedad civil y las municipalidades para estimular y reforzar “dinámicas familiares saludables”.
Diseñar estrategias de vigilancia que puedan ser implementadas por las municipalidades a los hogares para detectar e impedir oportunamente señales de agresión contra las mujeres.
Crear una base de denuncias homogénea, desagregada por municipio y tipo de violencia.
Reducir los tiempos y los procesos para interponer denuncias, para evitar la revictimización y la impunidad en los hechos.