Un total de 1,515 denuncias por diversas razones, entre ellas violación a los derechos de la libertad personal, han sido tramitadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) durante el periodo de la emergencia nacional por el COVID-19.
De acuerdo con un reciente informe de la PDDH, las supuestas violaciones de los derechos contra ciudadanos corresponden al periodo que va del 21 de marzo al 13 de mayo.
La violación al derecho a la libertad personal con 549 casos encabeza la lista de quejas ciudadanas en las que hubo detenciones por supuesto incumplimiento de la cuarentena domiciliar y como sanción las autoridades los llevaron a un centro de contención, donde se ha registrado casos en los que se contagiaron.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en diferentes recursos de hábeas corpus o exhibición personal, ordenaron a las autoridades que se abstuvieran de detener a las personas por violar la cuarentena y que solo fueran referidos a los centros de retención si tras una evaluación médica se les comprobaba que son potencial foco de contagio; pero que de lo contrario fueran enviados a su casas para seguir con la cuarentena domiciliar.
El presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter respondió a la Sala que no acataría la orden argumentando que era por el bien y la salud de todos los salvadoreños. Las detenciones arbitrarias de ciudadanos, incluso los que justifican su salida, no han parado en clara contravención al mandato de la Sala.
Entre las detenciones está el caso de una señora que fue capturada por llevar a su pequeño hijo en San Martín a un sanitario de fosa que funciona fuera de la casa, en momentos que la Policía allanaba su propiedad cuando supuestamente perseguían a un grupo de pandilleros. Al no poder capturarlos, la detuvo a ella.
Otra señora fue arrestada y llevada a un centro de contención porque cuando regresaba del mercado en San Martín y estando en la puerta de su casa, pidió a su esposo que la ayudara a cargar las bolsas con comprados; la Policía dijo que habían violado la cuarentena y que tenía que llevarse a uno de ellos porque solo una persona estaba autorizada a ir de compra por familia.
Otras causas de denuncia
La segunda razón por la que los salvadoreños recurrieron a la PDDH fue por la falta de atención médica (331 casos ) y ausencia de pruebas COVID-19 en los 91 centros de retención, al igual que por la escasa atención a otras enfermedades como efecto colateral.
Esta es de las principales quejas de las personas que han sido detenidas, algunas hasta con más de 60 días en confinamiento y aseguran que no les han hecho la prueba de COVID-19; en otros casos, hay quienes que sí se las han hecho pero no les dan los resultados.
La inexitencia de insumos para la protección laboral y la falta de pago de salarios y prestaciones, entre otros, son otro motivo para que 209 hayan presentado su denuncia.
Los principales víctimas de estas presuntas violaciones son los policías, militares, agentes del CAM y el personal de salud, quienes en pleno auge de la pandemia se han quejado de la falta de medios de protección. En el caso de los policías, el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) denunció que los policías andaban hasta una semana la misma mascarilla que solo ofrece protección cuatro horas; que tampoco recibían alcohol gel, ni trajes de bioseguridad, pese al contacto que tienen con la población.
En el contexto de la pandemia, varias empresas han suspendido los contratos a sus empleados sin antes pagarle sus salarios y prestaciones laborales, en algunos casos porque se han desfinanciado por la prohibición gubernamental de operar.
El derecho al acceso a la información pública ha significado un total de 177 denuncias en el que tiene que ver con dudas sobre las medidas estatales y negativas para entregar pruebas de resultados COVID-19.
Uno de los derechos que tienen los ciudadanos, ha indicado la Sala de lo Constitucional, es que los ciudadanos conozcan su estado de salud y si son sometidos a prueba de COVID-19 a saber el resultado; sin embargo, los confinados se quejan de llevar más de 50 días y de que, pese a que han sido sometidos a la prueba, las autoridades les ocultan el resultado.
Finalmente el derecho al agua, a la alimentación y a la no discriminación por situaciones de exclusión y abusos llevó a 152 personas a recurrir los buenos oficios de la PDDH durante esta cuarentena.