La inacción del fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, en cuanto a casos de corrupción señalados a funcionarios gubernamentales equivale a impunidad y además, sugiere que su vinculación con el oficialismo le impide ser imparcial en defensa de los intereses del Estado y de la ciudadanía, incumpliendo así con el mandato de la Constitución de la República.
Así lo afirman expertos en temas anticorrupción, quienes señalaron algunas razones por las cuales, Delgado, no debería ser reelecto.
En la agenda de la sesión plenaria de este martes ingresó el expediente sobre la elección del nuevo Fiscal General de la República, y diputados de GANA adelantaron que existía una gran probabilidad de que el fiscal impuesto el 1 mayo pasado, fuera reelecto por el bloque oficialista, lo que no ocurrió. El cargo que ocupa Delgado finaliza el 5 de enero de 2022.
Sin embargo, al analizar qué cosas ha dejado de hacer el fiscal impuesto durante estos meses que ha desempeñado dicho cargo, el presidente de fundación DTJ, José Marinero, subrayó que “nadie podría creer a estas alturas que el fiscal general no ha sido advertido aún que hay redes de corrupción gubernamental que parecen operar a sus anchas”.
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En ese sentido apuntó que “llama poderosamente la atención su inacción respecto de los graves casos de corrupción vinculados con el oficialismo, incluyendo aquellos heredados por la comisión contra la impunidad, CICIES, a la que él mismo contribuyó a expulsar”.
El pasado 4 de junio, Rodolfo Delgado, dio por finalizado el convenio de fiscalía con la CICIES, entidad que tenía en estudio 12 expedientes de posibles actos de corrupción en compras hechas por el gobierno durante la pandemia.
El presidente de fundación DTJ, también destacó que no ha tomado acciones en relación a los casos de corrupción señalados por el periodismo independiente o incluso aquellos que han merecido la inclusión en la lista Engel y la aplicación de la Ley Global Magnitsky.
“Tampoco parece haber movido un dedo frente a los fuertes indicios de que toda la estrategia de seguridad el gobierno de Bukele está basada en la negociación ilícita con las pandillas”, subrayó Marinero.
Asimismo, indicó que todos estos hechos y otros como su descalificación del urgente problema de los desaparecidos no puede sino sugerir que su vinculación con el oficialismo le impide ser imparcial en defensa de los intereses del Estado y de la ciudadanía. Pero por el otro lado, señaló que precisamente ese sería su mayor mérito a los ojos del oficialismo.
No se combate la corrupción del presente
En ese mismo sentido, opinó Wilson Sandoval, experto en temas de transparencia y anticorrupción, quien señaló que el fiscal impuesto no ha presentado mayores avances en los casos de corrupción que azotan al país.
A juicio de Sandoval, más allá de la búsqueda de entablar casos contra contrincantes políticos o funcionarios públicos no se ve ninguna acción que sea relacionada al presente y eso preocupa porque se supone que lo que debería hacer una fiscalía independiente es buscar y presentar casos de corrupción sin importar quien esté en el poder.
“Eso parece ser que no está funcionando de esa forma y entonces se ha despojado esa atribución al fiscal de investigar como manda la Constitución, delitos que atenten contra los intereses del Estado sin importa de donde vengan estos”, valoró.
Al igual que Marinero, Sandoval recordó la deuda de Rodolfo Delgado sobre los casos de corrupción señalados por los medios de comunicación, la comunidad internacional y los avisos que habría puesto la CICIES ante la FGR, pero no se le dio seguimiento. “El fiscal pareciera no tener ningún ánimo o intención de perseguir este tipo de delitos”, opinó Sandoval.
Los expertos explicaron que, su nombramiento mediante el golpe del 1 de mayo lo descalificaría en cualquier otra circunstancia para la reelección por evidente falta de independencia del poder político. “Tiene poco sentido hacer cualquier otra consideración sobre sus méritos o el desempeño en el cargo pues el origen de su primer nombramiento lo descalifica de entrada”, concluyó Marinero.