Video desmiente acusación de presidente Bukele a periodista

William Gómez, el directivo de APES, pide a Bukele que le ofrezca una disculpa por difamarlo como el incitador de los daños a un cajero de Bitcoin.

Un video difundido por la Asociación de Periodistas de El Salvador demuestra que la persona que el presidente Bukele señala de motivas actos vandálicos no es un integrante de APES

Por Eugenia Velásquez

2021-09-20 9:36:30

En fotos que el periodista William Gómez publicó en sus redes sociales antes de que el presidente Nayib Bukele lo incriminara como el responsable de los daños estructurales a un cajero de Bitcoin ubicado en la Plaza Gerardo Barrios el 15 de septiembre; se revela que Gómez no es la misma persona que según Bukele cometió el acto violento.

En un video publicado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en rueda de prensa, de la cual Gómez es directivo, se revela que el vestuario y otras características físicas del periodista no coinciden con las fotografías y videos que Bukele hizo circular en redes sociales y que fueron replicadas por sus seguidores y otros funcionarios públicos.

Son varios detalles, comenzando porque Gómez tiene tatuajes en su brazo izquierdo, mientras que el sujeto que aparece en las fotos publicadas por el gobierno no.

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En las imágenes se compara la oreja del sujeto con la del periodista William Gómez: los lóbulos son totalmente diferentes. Foto: EDH/ Jorge Reyes

La ropa que vestía Gómez es totalmente distinta a la que portaba el sujeto que supuestamente incitó a otros marchistas a destruir la sede del cajero tras las marchas de varios sectores sociales en contra de las políticas impulsadas por el gobierno.

En el video y fotos publicadas por Gómez se refleja que este usaba una camisa negra con letras azules con la palabra “periodismo”; mientras que el sujeto del video oficialista usaba una camisa gris, tipo polo, además usaba una cachucha; y Gómez no.

Hay videos y fotos de Gómez junto a otros colegas periodistas tomadas el 15 de septiembre en donde se constata su vestuario. Además, portaba una cámara fotográfica.

En la conferencia de prensa brindada por la APES, Gómez reveló detalles de su complexión física que no concuerdan con la del sujeto que el gobierno asegura es él.

El periodista William Gómez mostró los tatuajes que posee en su brazo. Foto: EDH/ Jorge Reyes

“Es totalmente evidente que la persona que aparece en el video no soy yo. Yo mido 1.70 y peso alrededor de 168 libras, no coincide con esa persona. Yo tengo tatuajes en los brazos, no coincide. Lo que se busca es desprestigiar a la APES porque se ha convertido en una voz disonante, en contra de las agresiones del sistema democrático. Le exijo al presidente de la República una denuncia pública”, afirmó Gómez.

El presidente de la APES, César Castro Fagoaga, señaló en la misma rueda de prensa, que aunque es complicado contrarrestar la propaganda oficial, “Bukele sabe que ha mentido y que distribuye falsedades en redes sociales”.

Para la asociación de periodistas esta acción en contra de Gómez evidencia que Casa Presidencial quiere tapar la investigación del medio digital El Faro quien descubrió que el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, vendió 42,909 sacos de alimentos que estaban destinados para afectados por la pandemia a un comerciante identificado como Ismael Oliverio Martínez Arévalo, quien tiene antecedentes por el delito de contrabando, de acuerdo al reportaje.

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En la Fiscalía ya existía un equipo que estaba investigando el caso, sin embargo fue disuelto por el actual fiscal general “impuesto”, Rodolfo Delgado.

En la fotografía de la izquierda, William Gómez usa una camiseta negra el día de las protestas. A la derecha aparece otra persona. Foto Facebook William Gómez

De acuerdo con la investigación fiscal que cita El Faro, el director de Centros Penales vendió 38,500 botellas de aceite, 42,909 sacos de alimentos con arroz, azúcar y frijoles, con un valor estimado en más de $1.6 millones.

Las bolsas de alimentos que vendió el funcionario de Centro Penales, Osiris Luna, fueron compradas con fondos públicos destinados para afectados por la pandemia de COVID-19.

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