El comunicado que la Asamblea Legislativa emitió el domingo en ningún momento reconoce que dieron marcha atrás en ocultar la información de gastos, viajes y elecciones de segundo grado, incluso culpa a “medios de comunicación aliados a la oposición” de divulgar “noticias tendenciosas”, pero el mismo aliado del oficialismo, el directivo Guillermo Gallegos de GANA, confirmó que la Junta Directiva tuvo que rectificar la decisión.
“En Junta Directiva hemos hecho una corrección, las reservas de información de cada institución las maneja el oficial de información”, dijo ayer el diputado, dejando entrever que la decisión de la reserva por 7 años no pasó por la Directiva pero sí la rectificación.
Para Wilson Sandoval, de Funde Alac, este paso atrás que reivindica el derecho a la información de los salvadoreños es una victoria momentánea para los ciudadanos.
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“Parcialmente es una victoria para la ciudadanía. Es triste ver cómo en un momento la Asamblea intentó de forma maliciosa hacer pensar que no se reservó una información que antes había sido pública. Antes la Asamblea siempre había hecho pública la información relacionada a itinerarios o seguros de viaje, con esto se miraba que era un retroceso estaban haciendo lo contrario a lo que prometieron en campaña y lo que la Asamblea había procurado mantener esta información como pública”, dijo el experto.
A juicio de Sandoval, aunque los diputados de Nuevas Ideas no reconozcan que rectificaron una decisión peleada con la transparencia, fue la presión en redes sociales de los ciudadanos y diferentes organizaciones las que provocaron la rectificación.
“Creo que la presión la sintieron, se notó en el comunicado que emitieron se notó cuando bloquearon el acceso al índice de reserva y posteriormente se notó cuando hicieron el cambio en cuanto al tema de las reservas. Creo que es una victoria frente a la malicia y frente a la intención corrupta de no brindar esta información”, dijo.
En la misma línea opinó la diputada Anabel Belloso del FMLN, para quien es clave el control que los ciudadanos ejercen sobre la cosa pública y las decisiones que toman sus gobernantes en torno a cómo usan los dineros del pueblo.
“Qué valiosa es la contraloría social como que las voces exijan también el cumplimiento de los derechos de la información pública”, dijo la legisladora de oposición.
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