El pasado 24 de septiembre los diputados aprobaron un decreto transitorio para ampliar por seis meses más la concesión del transporte público de las líneas que estén cerca de finalizar, pero el presidente Nayib Bukele lo envió vetado por “inconstitucional” a la Asamblea.
En el decreto denominado “Disposiciones Transitorias sobre la Concesión del Transporte Colectivo de Pasajeros a causa del Impacto Económico de la Pandemia por COVID-19”, que fue propuesto por el diputado del PCN, Raúl Beltrhán Bonilla, se detalla que las concesiones o permisos antes o después de la pandemia no podrán darse por terminadas hasta que finalice el contrato o su prórroga.
Pero Bukele aduce en los argumentos para declarar inconstitucional dicho decreto que la Asamblea se entrometió en las funciones que tiene el Órgano Ejecutivo por medio del Viceministerio de Transporte.
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“Las licencias como tal son un acto emitido en ejecución de la técnica autorizatoria de la administración en transporte, y sobre todo advirtiendo que la misma está sujeta al cumplimiento de requisitos fundamentales que permiten su otorgamiento.
En este orden la licencia no es automática, sino que está supeditada a que el solicitante o beneficiario de la misma, haya acreditado al momento de su solicitud y durante la vigencia de la misma, ya que está sujeta a una periodicidad, a mantener dichas condiciones”, explica Bukele en el veto.
El veto del presidente llega en momentos en que los transportistas ya no cuentan con el pago del subsidio. Los diputados no aprobaron desde junio pasado una nueva extensión de la compensación. Según han dicho, esperan que el gobierno se ponga de acuerdo con los buseros.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, ha mencionado en ocasiones anteriores que para entregar el subsidio exigen que los transportistas cumplan con requisitos de seguridad, infraestructura, entre otros, mismos que están pendientes de ser aplicados por el sector de buseros desde hace años. Según el titular del MOP, algunas unidades no salen a circular y pese a eso, cobran la compensación.
Bukele invoca a la Constitución, en lo relativo a que “el interés público tiene primacía sobre el interés privado”. Justifica que se viola el “interés del Estado de garantizar la tutela de auténticos derechos fundamentales como la seguridad material, la integridad física e incluso la vida de las personas que hacen uso de los medios de transporte público de pasajeros”.
Añade que son “aspectos materiales que subyacen tras el establecimiento de requisitos para otorgar tales autorizaciones o concesiones, y para controlar que los mismos se mantengan en el transcurso del tiempo por parte de aquellos particulares, a quienes se les ha conferido la posibilidad de trasladar personas hacia los diversos lugares a los que se dirijan”.
Este jueves el pleno se dará por recibido del veto presidencial, el cual deberá ser estudiado en la comisión de Obras Públicas. Para superar el veto la Asamblea necesita de 56 votos, si eso sucede y el Ejecutivo no lo acepta, entra la Sala de lo Constitucional a deliberar sobre la controversia.