Con el fin de revertir la reserva que el Ejecutivo impuso a la información oficiosa y pública a través de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública; la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, presentó este lunes en la Asamblea un pliego de contrapropuestas de reforma a la ley.
En ese sentido se modifica el artículo 4 de la siguiente manera: “No regresión de la información pública: No debe restringirse, detenerse o interrumpirse la divulgación de un determinado dato o información pública que ya haya sido divulgada en un formato específico con anterioridad”.
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Así también en el artículo 6 se establece como propuesta que los datos abiertos son “aquellos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Estos deben encontrarse en formato libre y sin restricciones, con el fin de que se puedan crear servicios derivados de los mismos”.
Además, se considera que están obligados al cumplimiento de la ley los Órganos de Estado, sus dependencias, las instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos o bienes del Estado, inclusive aquellos recursos o bienes recibidos en carácter de donación.
Se incluyen dentro de los recursos públicos fondos provenientes de convenios o tratados que celebre el Estado con otros Estados o con organismos internacionales, a menos que el convenio o tratado determine otro régimen de acceso a la información.
Otra de las modificaciones busca revertir la reserva que el gobierno impuso a toda la información de interés nacional relevante con respecto al derecho a la salud, educación, medio ambiente y demás derechos fundamentales.
Se consideran como información oficiosa los planes, procesos, proyectos, propuestas, informes, permisos, compras, protocolos, políticas públicas, leyes, reglamentos, lineamientos en favor de su ejercicio pleno y todo aquello que afecte o beneficie los derechos enunciados y en general los derechos fundamentales.
“Los entes obligados deberán poner a disposición de forma oficiosa las consultas ciudadanas y toda información que afecta a una población específica, en toda acción, permiso, proyecto y política que pueda afectarles”, dice la reforma al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
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“Estas propuestas que ha presentado el Ejecutivo están buscando quitarnos la transparencia y el derecho de acceso a la información pública de los salvadoreños, por ejemplo, con la posibilidad de declarar reservada información que ya se considera oficiosa, que ha sido publicada de una manera voluntaria y proactiva por parte de las autoridades”, explicó Ortiz.
Expresó que se busca que se declare reservada información que es importante que esté a la luz pública, “se nos quiere ocultar salarios de funcionarios públicos, listado de asesores, resoluciones de las entidades gubernamentales y otra información importante para que la ciudadanía no pueda verificar los datos”.