La decisión de varios gobiernos de países europeos de colocar multas u otras penalidades a quienes no aceptan recibir las dosis de vacuna contra covid-19, ha llevado a una ola de protestas en las últimas semanas. Pero las autoridades no han retrocedido e insisten en que el bien colectivo debe pesar por encima de una decisión individual de no vacunarse contra la covid-19, ya que esa postura personal, al ser tomada por miles o millones de personas, se traduce en un riesgo para el colectivo, incluidos quienes sí aceptaron recibir el esquema de inmunización.
En Austria, el Ejecutivo de este país ordenó multas entre los 675 a 4,050 dólares para los ciudadanos residentes mayores de 14 años que no se vacunen contra covid-19, el 11 de diciembre pasado, lo que ha generado una ola de protestas. Planean convertirlo en ley y que esté vigente hasta enero de 2024. La oposición ve este medida como “dictatorial”.
Mientras que en Alemania, el 10 de diciembre pasado, la Cámara Baja aprobó una ley que obligará al personal médico a vacunarse contra covid-19, en un paso previo hacia otra ley que obligaría a toda la población germana a aceptar la vacuna, para febrero-marzo de 2022.
Así, los empleados en el ramo de salud germano tendrán hasta el 15 de marzo de 2022 para probar que tienen la pauta completa de biológico contra el SARS-CoV-2. Quien no lo haga no tendrá acceso a trabajo en el área médica. La ley incluye que se aplique vacunas en farmacias y que sea administrada por dentistas y veterinarios certificados.
El gobierno griego anunció el 30 de noviembre que la vacunación será obligatoria para las personas mayores de 60 años desde el 16 de enero de 2022, y habrá multas de 113 dólares al mes para quienes incumplan, hasta que se vacunen.
Y en Francia, desde septiembre pasado se estableció como obligatoria la vacunación para trabajadores y personal sanitario en hospitales y residencias de ancianos, así como bomberos, militares, policías y algunos profesionales relacionados con el cuido de personas mayores. Y desde 9 de agosto, las autoridades de Salud de ese país exigen un pase sanitario para ingresar a lugares públicos como cines, teatros o transportes de largo recorrido, así como bares y restaurantes. Esta medida ha generado marchas con más de 230,000 personas en las calles francesas.