Unos 70 inmuebles y 46 vehículos de Saca y Jorge Hernández también están bajo administración estatal

Ranchos de playa, haciendas, locales comerciales, vehículos y un surtido de armas han sido congelados por el Estado.

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Fiscalía le ha congelado 35 inmuebles y una decena de negocios a Jorge Hernández. Foto EDH / archivo

Por Jaime López

2019-03-24 10:37:53

Las radios solo son una parte de las riquezas que Antonio Saca acumuló durante su gobierno entre 2004 y 2009, a esos bienes se suman 34 inmuebles, 46 vehículos, 36 productos financieros (cuentas bancarias, certificados a plazo, tarjetas de crédito) y 16 distintivos o marcas comerciales entre otros.

En el caso de Jorge Hernández, en diciembre de 2017 le confiscaron 36 inmuebles, entre ranchos de playa, fincas, terrenos y residencias.

Pero esas no son todas las propiedades que tiene Hernández y Saca hay más, según Fiscalía. Solo en el caso de Saca estiman entre 45 y 50, por lo que dependerán de las investigaciones para ubicarlas.

Sin embargo, el proceso ha comenzado con la incautación de 35 inmuebles como fruto de la operación “Destape a la corrupción”, dirigido por el anterior Fiscal General, Douglas Meléndez, en el que además de Saca, estaban involucrados varios de sus cercanos funcionarios. Ranchos de playa, 11 locales comerciales ubicados en San Salvador, San Miguel, Sonsonate, Usulután, Ahuachapán, La Libertad y La Unión destacan en el listado.

Según Fiscalía, en los inventarios se mencionan tres haciendas a nombre de Saca: El Cauca en Rosario de La Paz, Lombardía en cantón El Ámate, en Zacatecoluca y San Mauricio en Tecoluca San Vicente.

Las haciendas Lombardía y la San Mauricio también le fueron incautadas a Hernández en 2018.
Peritos nombrados por el CONAB todavía trabajan en la valuación de las propiedades de Saca, por lo que aun no pueden precisar el monto que suman esos bienes, aunque, preliminarmente, la Fiscalía los estimó en $40 millones.

El proceso de extinción de dominio se inicia con la materialización de bienes o la incautación por parte del Estado, el 10 de agosto de 2018, justo a dos días antes que se conociera la condena de Saca y otros seis exfuncionarios más a penas de 10 y 5 años de cárcel.

El proceso de intervención por parte de la Fiscalía y el Consejo Nacional de Bienes (CONAB) no quiere decir que su patrimonio ya fue confiscado, porque aunque haya una sentencia en su contra de tipo penal, el proceso de extinción de dominio aún no ha concluido, y es el que determinará si el exmandatario obtuvo esos bienes con recursos ilícitos. En ese sentido las autoridades aclaran que el proceso de extinción no es vinculante con lo establecido en el proceso penal.

El viceministro de Justicia, Raúl López, ha declarado que las propiedades incautadas a Saca podrían ser destinadas a diferentes rubros dependiendo de la naturaleza de la propiedad e incluso algunas podrían ponerse en alquiler.

Saca admitió frente al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador el 17 de julio de 2018, que sustrajo dinero del Estado y aceptó haber ocultado el origen ilícito del dinero que malversó.