“El hacinamiento de los estudiantes (en las aulas) es bastante crítico”, explica alumno de Universidad Nacional en San Vicente

El joven, quien es hijo de agricultores de la zona, explica que para la comunidad estudiantil es un duro golpe que el MINED quiera desalojarlos del edificio donde funcionó el ESMA y que estaba en promesa de donación

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Protesta estudiantes UES San Vicente. Foto EDH / Cristian Díaz

Por Susana Joma

2021-11-04 6:41:16

Jorge Alberto Olivar Romero, un joven que cursa tercer año de Administración de Empresas en la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, de la Universidad de El Salvador (UES), es una muestra de cómo el interés por salir adelante y tener oportunidades para acceder a la educación pueden transformar la vida de las personas.

Hoy en día Olivar Romero, de 28 años de edad, quien nació en el seno de una familia de agricultores, es uno de los miles de alumnos que está preocupado por el hecho de que el Ministerio de Educación (MINED) ha pedido a las autoridades universitarias desalojen el Recinto Anastasio Aquino, inmueble ubicado en San Vicente, que de forma previa esa cartera de Estado, bajo la anterior administración, se había comprometido a donar para beneficio de los jóvenes de esa zona del país.

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El ingeniero Roberto Díaz, decano de la Facultad, tras recibir la petición de desalojo de parte de la actual titular de Educación, Carla Hananía de Varela, señaló que la gestión del inmueble con el anterior gobierno se dio precisamente por la falta de espacio que enfrentan para atender a más jóvenes del interior del país que buscan superarse.

Olivar Romero, que de forma previa se graduó como Contador Público de la misma universidad, sostiene que el no disponer de esas instalaciones afectaría en gran medida a la población estudiantil que busca formarse ahí, dado que el edificio que el centro universitario tiene en ese departamento son físicamente insuficientes para atenderlos.

“Son pocas aulas (22) las que nosotros tenemos (en el edificio de la propia facultad) y aquí hay grupos de alumnos bastante numerosos (de hasta 40 en un aula con capacidad para 25), entonces el hacinamiento de los estudiantes es bastante crítico; más ahora con el tema de la pandemia, pues se prevé que posiblemente el próximo año las cosas se normalicen y haya un retorno escalonado a clases presenciales, por consecuencia necesitamos más espacio para recibir nuestras clases”, expresó Olivar Romero.

Comenta que en el Recinto Anastasio Aquino, en donde se cubre a un poco más de 700 alumnos, hay entre 13 y 14 aulas que utilizan para recibir clases, incluyendo los estudiantes de las licenciaturas en profesorado, la mayoría docentes activas en el sistema educativo.

Según detalla, ante la falta de espacio algunos salones tienen la función de laboratorios, incluso antes de la pandemia había estudiantes que recibían clases hasta en los pasillos.

Protesta estudiantes UES San Vicente. Foto EDH / Cristian Díaz

Este vicentino, quien trabaja y estudia, lamenta que Hanania de Varela no quiera honrar el proceso de donación que la institución que preside acordó realizar durante la anterior administración porque incluso en el recinto hay una galera en donde las alumnas imparten clases a niños de la zona: “Es un proyecto de las compañeras de Educación Inicial y Parvularia que se vería afectado”.

Insiste que cada espacio de Recinto Anastasio Aquino es bien aprovechado para atender a la población estudiantil, que según explica, en su mayoría provienen de familias de escasos recursos de zona, que al igual que el son hijos de campesinos, de obreros que trabajan en la maquila y en contados casos de algunos profesionales.

“Nosotros buscamos como opción esta facultad no porque queramos venir directamente, sino por la condición económica que nos limita, porque si yo tuviera posibilidades de costearme la educación superior incluso en universidades extranjeras lo haría, pero no tengo los recursos necesarios para hacerlo, por ende la única opción que me queda es la Facultad Multidisciplinaria Paracentral en San Vicente”, detalla.

Jorge Alberto Olivar insiste en que la llegada de la facultad realmente ha permitido promover la educación superior en lugares poco accesibles, darles una oportunidad a personas como él.

De ahí que él considera que la decisión de desalojarlos es un golpe bastante fuere para el alumnado.

“Es una situación bochornosa para una institución del Estado que su objetivo es velar por el desarrollo de la educación y el desarrollo del país, a través de la formación de nuevas generaciones”, pues la medida no solo les resta una posibilidad a ellos sino a otros estudiantes que quieren seguir una carrera pero no tienen recursos para viajar hasta la capital, y que pueden tener potencial para algún día dar un aporte a las diferentes áreas de la educación, del conocimiento, a la sociedad que tanto lo necesita.