Un día después de que cinco organizaciones civiles renunciaran al comité que evaluaría la ejecución de $2,000 millones para atender la emergencia por el COVID-19, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) explicó hoy que entre las razones por las que se salió de la comisión fue porque advirtió una serie de “inconvenientes” que hacían inviable cumplir la misión para la que fue creada.
Entre ellas está que el Gobierno ha emitido decretos que riñen con los derechos humanos y ha irrespetado resoluciones de la Sala de lo Constitucional, lo cual es contrario a los valores y principios que promueve y defiende la UCA.
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“El Gobierno, en la manera que está enfrentando esta pandemia, está afectando los derechos humanos de la ciudadanía, pero también está ignorando la institucionalidad democrática de nuestro país y no está atendiendo las resoluciones de la Sala de lo Constitucional… Son contrarias a los valores y principios que la UCA siempre ha defendido y podrían interpretarse como que avalamos esas actuaciones“, señaló el rector de la universidad, Andreu Oliva.
Otras razones por las que Oliva, junto al vicerrector de la institución, Omar Serrano, explicaron que salieron del comité fue por la falta de información, por la reforma inconsulta que hizo el Ejecutivo al decreto 608 y presentó a la Asamblea Legislativa y las transferencias monetarias.
Los representantes de la UCA manifestaron que tras varias reuniones del comité, en el que estaban cinco ministros y el secretario privado de la Presidencia y los representantes de las organizaciones, no se pudo tomar decisiones sobre el destino de los fondos ni en los criterios de uso que las autoridades debían hacer porque el Gobierno no les brindó la información que requerían.
Esto a pesar de que el comité le expuso la necesidad de contar con un plan detallado de trabajo y una hoja de ruta para atender la pandemia. Tampoco proporcionó la metodología que implementó para la asignación y distribución de las transferencias monetarias a las familias que recibieron los $300.
Sobre la reforma al decreto legislativo 608, las autoridades de la UCA expusieron que, el 24 de abril, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa “de manera unilateral” una reforma a dicha ley, sin que esta hubiera sido discutida y consensuada en el seno del comité.
En esa propuesta se distribuían los $2,000 millones en tres rubros: $600 millones para las municipalidades, $450 millones para las transferencias monetarias de $300 por familia (que ya se entregaron) y $950 millones para cubrir deficiencias de ingreso en el Presupuesto General 2020 a causa de la emergencia sanitaria.
Con ello, se dejó fuera otros destinos que establece el decreto 608 como implementar un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis, financiar a los productores agrícolas y sector agropecuario y un programa de subsidio de pago de planilla de empleados afectados por la declaratoria de estado de emergencia decretado por el Ejecutivo en marzo pasado.
“Esta propuesta de reforma no consensuada en el comité fue considerada por las organizaciones de la sociedad civil una falta de ética y una deslealtad a lo acordado”, dijo Oliva.
En cuanto a la transferencia monetaria, el comité pidió en la primera reunión eliminar las competencias que el decreto le atribuye al comité, pero sobre las cuales el Gobierno ya había tomado decisiones. Concretamente buscaron que se retirara la función de aprobar el programa de transferencias monetarias, las características de las personas beneficiadas y los criterios de distribución y la forma de entrega.
Esto debido a que dicho programa ya había sido diseñado, anunciado y comenzado a implementarse antes de que el comité entrara en funcionamiento, por lo que no tuvo ninguna participación en ello.
El comité, según la institución académica, tampoco tuvo que ver en la erogación de fondos para la construcción de los hospitales, la entrega de semilla y abono y las canastas básicas.
Oliva y Serrano expresaron que los funcionarios del Gobierno que integraban el comité mostraron “cordialidad, apertura y respeto” a los planteamientos, pero señalaron que las actuaciones del Ejecutivo demostraron que el comité no era el lugar donde se tomaban las decisiones sobre la emergencia ni los recursos destinados para ella.
“Este comité fue una condición que puso la Asamblea, aceptamos el reto para ayudar pero no estamos dispuestos a ser lámparas de adorno”, dijo Serrano. Agregó que Gobierno no quería al comité y los funcionarios que lo integran sabían que las decisiones no se toman ahí.