La audiencia inicial contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, ha sido programada por el juzgado Séptimo de Paz para el próximo jueves en la que se definirá si le decretan la detención o será procesado en libertad, pero cumpliendo normas de conducta.
Los fiscales del caso han pedido la detención preventiva para el exdiputado y que las investigaciones sigan en la fase de instrucción.
Quijano, quien se encuentra en Honduras, es acusado por la Fiscalía General de haber negociado con las pandillas, el apoyo de esos grupos para la elección presidencial de 2014 a cambio de entregarles $100,000.
Esta mañana, el referido juzgado notificó a los abogados defensores de las acusaciones por agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Quijano estaba citado para que leyeran la acusación, pero no acudió al citatorio.
"Nuestro defendido, un día antes de que se presentara el requerimiento tuvo que salir del país por el tema de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Eran diligencias ya programadas. Él no sabía que al día siguiente se iba a presentar el requerimiento fiscal", dijo Lisandro Quintanilla, su abogado defensor.
Agregó que "de haberlo sabido, le garantizo que él jamás se hubiera ido del país. De manera tal que él no está fuera porque está huyendo de la justicia, únicamente ha salido porque se iba a aplicar la vacuna y lo que estoy diciendo lo vamos a demostrar en su momento no es un invento de la defensa ni del doctor Quijano".
Sostuvo que haberse acreditado como su abogado defensor refleja "un acto de disposición, perfectamente él no pudo haber nombrado a nadie y dejar tirado el asunto y que se resolviera el caso con la vista del requerimiento, le llamamos nosotros".
Aseguró que muchos salvadoreños han salido fuera del país para irse a aplicar la vacuna contra el COVID-19.
"El creyó que lo más aconsejable era ponerse la vacuna fuera del país", dijo Quintanilla. Además cuandó él salió del país no tenía ninguna restricción migratoria.
Aseguró que cuando termine el proceso de vacunación se va a presentar ante la justicia para responder por las acusaciones.
Quintanilla dijo que aún no se podía pronunciar sobre las acusaciones que pesan obre Quijano, porque aún está en el análisis de la acusación fiscal.
"Nuestro escenario es estrictamente judicial , todas las demás consideraciones que pueden girar alrededor de este caso no son importantes, no son relevantes", dijo Quintanilla.
En la acusación fiscal se detalla que a inicios de marzo de 2014, al finalizar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Quijano se habría reunido con cabecillas de las pandillas para negociar "que éstos y sus familiares, así como personas que habitaban en la zona que controlaban ellos votaran por su fórmula presidencial".
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La reunión se habría realizado en la oficina de la Red Nacional de Pastores, situada en la colonia Flor Blanca en San Salvador.
Testigos declararon que Quijano les "dijo que en ese momento no podía hacer ningún ofrecimiento económico… pero que de ganar (en la segunda vuelta) podían obtener favores y beneficios. Además, que no le pusieran atención a la campaña (de combate frontal a las pandillas) porque era únicamente parte de la política y que el pueblo quería escuchar eso, pero que no se realizaría".
Días después, Raúl Mijango convocó de emergencia a los cabecillas de tres pandillas para la reunión, en la cual un representante del partido Arena les habría entregado $50,000 a cabecillas de la mara Salvatrucha (MS) y $25,000 a cada uno de los cabecillas de la mara 18 que se hacen llamar Revolucionarios y Sureños.
Quijano escribió en su cuenta de Twitter: "esta es mi única cuenta oficial en esta red. Lamento que muchos se dediquen a desinformar, pues no he publicado nada en las últimas 72 horas. Mi caso, ya está siento llevando por mis abogados, con la fe puesta en Dios que va a imperar la justicia".