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Analistas coinciden que autoridades de Penales actúan fuera de la ley por no obedecer orden judicial

La abogada Marcela Galeas señala que no es competencia de esa instancia del gobierno decidir si la cumple o no. Celia Medrano por su parte, asegura que el gobierno instrumentaliza las leyes y las instituciones para atacar y humillar a los que considera opositores o críticos.

Por David Marroquín | Jul 31, 2021- 19:52

.El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, es acusado de apropiación de retenciones tributarias en perjuicio del Ministerio de Hacienda. Foto EDH/ archivo

Una abogada penalista y una defensora de los derechos humanos coincidieron en que las autoridades de Centros Penales actúan fuera de ley porque se resisten a cumplir con la resolución de la Cámara Tercera de lo Penal que las obliga a enviar al ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt a arresto domiciliar con brazalete electrónico.

La abogada penalista, Marcela Galeas consideró que no les corresponde a las autoridades de Centros Penales establecer qué resoluciones judiciales van a cumplir y cuales no.

“La Dirección General de Centros Penales está obligada a obedecerla porque la función de ellos es únicamente tener en custodia y guardar en el centro penal al acusado, al que le asiste el principio de inocencia, no valorar cuestiones procesales ya que eso le corresponde al órgano jurisdiccional”, dijo Galeas.

Consideró que las autoridades de Penales estarían incurriendo en el delito de limitación indebida a la libertad individual, según el artículo 291 del Código Penal.

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Celia Medrano, defensora de los derechos humanos, sostuvo que las resoluciones judiciales deben de ser acatadas y si no se está de acuerdo, entonces se puede recurrir a mecanismos legales establecidos institucionalmente.

“No cumplir una resolución de tribunal competente es una acción inconstitucional que deberá de ser observada y sancionada por tribunal superior y por autoridades comprometidas con el cumplimiento de la ley”, dijo.

Agregó que “esta dinámica, propias de Estados respetuosos de la Constitución y la normativa nacional e internacional, dejó de existir desde el primero de mayo de 2021”.

Aunque dice no compartir su ideología ni simpatiza con Muyshondt, Medrano considera que “el derecho a un debido proceso y el respeto al Órgano Judicial es claramente violentado en este caso”.

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Señala que “las actuales autoridades cada vez pierden más credibilidad al evidenciarse la instrumentalización de las leyes y de las instituciones para atacar y humillar a los que considera opositores o críticos”.

Agregó que “garantizan impunidad para todos aquellos cercanos al poder actual aunque estén señalados por hechos de corrupción, criminalidad organizada y abuso de poder de igual o peor gravedad por la que se procesa sin ninguna garantía y violentando derechos de quienes no están a su favor”.

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