Tribunal de Ética recibe denuncias contra Carolina Recinos, la exministra de Salud y la directiva de Bandesal

Una de las denuncias pide al Tribunal investigar el nombramiento de otros hermanos de Recinos en la administración pública

Carolina Recinos y exministra de Salud Ana Orellana Bendek. Foto Archivo

Por Ricardo Avelar

Jun 26, 2020- 18:44

Una investigación reciente del periódico digital El Faro reveló que la hermana de la comisionada presidencial para Operaciones, Carolina Recinos, obtuvo un préstamo de $22,514 de parte del estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), pese a no demostrar la capacidad de pago del mismo.

El equipo técnico del Comité de Créditos de la institución señaló un conflicto de interés con las normas de la Superintendencia del Sistema Financiero por ser hermana tanto de la comisionada presidencial como de un gerente de Bandesal. La Junta Directiva del banco, sin embargo, hizo caso omiso de las advertencias y se adjudicó el crédito.

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El presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, incluso defendió la decisión ante la Asamblea Legislativa aduciendo que era un apoyo a una “mujer emprendedora”.

A raíz de esta investigación, el Tribunal de Ética ha recibido dos denuncias de violación a la Ley de Ética Gubernamental. La primera, en contra de la comisionada Recinos, fue presentada por dos dirigentes del partido Nuestro Tiempo.

Héctor Silva, director de Juventud de este instituto político y uno de los denunciantes, dijo a El Diario de Hoy que “la denunciamos por nepotismo y conflicto de interés y violaciones al artículo 5 literal C de la Ley de Ética Gubernamental”. Este obliga a todo funcionario a excusarse de participar en asuntos donde este, su cónyuge o parientes tengan conflictos de interés.

La denuncia además pide al Tribunal investigar el nombramiento de otros hermanos de Recinos en la administración pública. Uno de sus hermanos, amplía Silva, está en el Centro de Nacional de Registros; otra hermana es cónsul en Charlotte, Carolina del Norte; otro es gerente en Bandesal y su esposo es embajador en Rusia.

Al respecto, Recinos negó los señalamientos este sábado en una conferencia de prensa del gabinete de Salud: “Es mentira absoluta que yo haya traído a este Gobierno hermanos y los haya contratado este Gobierno. Es absoluta mentira. No existe ningún conflicto de interés ni violación a la ética, porque mis hermanos tienen toda una vida de trabajar en el Gobierno”, afirmó.

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La segunda denuncia, presentada por el centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), adscrito a Funde, es contra la Junta Directiva de Bandesal, por haber aprobado el crédito pese a las advertencias de su equipo técnico.

Wilson Sandoval, coordinador de ALAC, añade que esta junta “firma el crédito a sabiendas de que hay conflictos de interés y alertas de las unidades que previenen acciones sospechosas”.

A su juicio, esta junta violó el artículo 5, literal B que ordena a todo funcionario a denunciar “supuestas violaciones a los deberes o prohibiciones contenidas en esta ley, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de la función pública”.

Denuncia contra la exministra de Salud
ALAC-Funde también presentó una demanda ante el TEG contra la exministra de Salud, Ana Orellana Bendek, por haber firmado la orden de compra de mascarillas a una empresa fundada por el diputado Gustavo Escalante, quien fue electo por ARENA pero ha roto filas con los tricolores y se ha consolidado como fiel defensor del presidente Bukele.

Al igual que en la denuncia que presentaron contra el actual ministro de Salud por la compra de máscaras a una empresa de un entonces funcionario, Wilson Sandoval explica que en el caso de Orellana Bendek “es inverosímil no revisar a nombre de quién firmaban, porque tienen que actuar con diligencia según indica la LEG”.

La Constitución prohíbe, en su artículo 128, que los diputados sean proveedores del Estado.

Sandoval añade que al igual que la directiva de Bandesal, la LEG obligaba a la exministra a “denunciar que uno de los suministrantes que participaba para vender mascarillas al Estado pertenecía a una empresa fundada por el diputado Escalante”.

¿Destitución?
Silva es tajante al decir que así como el presidente destituyó a Jorge Aguilar, entonces titular del Fondo Ambiental de El Salvador, por vender máscaras plásticas a Salud, debería hacer lo mismo con la comisionada Recinos.

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“Estas cosas (casos de presunta corrupción) siguen pasando justamente por la cultura de impunidad que hay en el país, donde los funcionarios de gobierno usan su poder para lo que quieran, sin importar si es legal, ético o no, sin miedo a consecuencias”, manifiesta Silva, quien además considera que es especialmente grave aprovecharse de un cargo en tiempos de pandemia y las subsecuentes crisis que esto trae.

Además, insta a que se siga activando las instancias de control como el TEG. “Los corruptos, cuando están el cargo, creen que tienen tanto poder que nadie los va descubrir. Si el país les demuestra que si los vamos a descubrir y que encima los vamos a castigar, no después, sino que ahí mismo, creo que las cosas fueran diferentes”, dice.

Sandoval, por su parte, considera que estas denuncias ponen a moverse a las instituciones, que en algunos casos pudieron haber actuado de oficio, pero las demandas ciudadanas ponen presión, en este caso al Tribunal de Ética.

“Hace falta que este tribunal tenga dientes, pero la sociedad civil cumple su rol de ejercer contraloría y vigilancia”, asegura el coordinador de ALAC.

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